POLÍTICA

Está escrito

9:18hs
jueves 31 de diciembre, 2020

En una sesión histórica que fue seguida por miles de personas, los senadores aprobaron el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo y el plan de los 'mil días'.

El resultado se conoció pasadas las cuatro de la mañana de este miércoles, cuando el tablero del recinto marcó que el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) obtenía 38 votos a favor y 32 en contra, con una abstención y cuatro ausencias.

Para la aprobación, que fue más holgada de lo esperado, resultaron determinantes los votos de los legisladores que hasta la sesión se habían mostrado indecisos -Lucila Crexell, Oscar Castillo, Stella Olalla, Edgardo Kueider, Sergio Leavy- así como las ausencias de cuatro senadores ‘celestes’: el tucumano José Alperovich, en licencia acusado por violación; Carlos Menem, internado hace dos semanas; el puntano Adolfo Rodríguez Saá (Frente de Todos) y María Clara Vega (Juntos por el Cambio). La abstención fue del oficialista jujeño Guillermo Snopek, quien había votado en contra en 2018.

En el recinto, la sesión comenzó a las cuatro de la tarde del martes y el clima de tensión e incertidumbre se mantuvo durante las doce horas que duró el debate, aunque ya pasadas las diez de la noche la tendencia en favor del proyecto se mostraba irreversible.

Los discursos más esperados por las miles de mujeres que portaron en las calles sus pañuelos, tanto verdes como celestes, fueron los de senadores que no habían dado indicios claros acerca de su postura.

“Me di cuenta de que esto no se trata de mí, de mis creencias o formación, sino que es algo que le compete a muchas mujeres. Esta ley no promueve el aborto, solo les da un marco seguro para que no mueran en el intento. Si mi voto hace que una mujer no muera por aborto, entonces lo voy a hacer”, pronunció del salteño Sergio Leavy, del Frente de Todos, quien hace dos años había votado en contra pero después de una reunión con el presidente Alberto Fernández dejó entrever que se encontraba repensando su voto.

Otra de las pronunciaciones que más se celebró del lado verde fue la de la neuquina Lucila Crexell (MPN), quien se abstuvo en la votación de 2018 y en esta oportunidad no había adelantado su decisión. “No cambié mis creencias personales, cambié el enfoque en el cual entiendo que debe ser abordado”, pronunció la senadora. Lo mismo ocurrió con la radical Stella Maris Olalla, quien adelantó que votaría de forma positiva.

Para que la ley pueda ser sancionada y evitar que vuelva a Diputados, los cambios propuestos en su redacción fueron aceptados y asumidos como un compromiso.

En este sentido, la presidente de la comisión de la Banca de la Mujer, Norma Durango, aseguró que se retirará de dos artículos la palabra “integral”, sugerencia que había hecho el oficialista Alberto Weretilneck, quien condicionaba su apoyo a este cambio.

El Artículo 4 original planteaba la posibilidad de interrupción del embarazo por fuera de la semana 14 en casos de violación o “si estuviere en peligro la vida o la salud integral de la persona gestante” mientras que el punto 16 establecía que “no es delito” el aborto realizado hasta la semana 14 y que fuera de ese plazo no sería punible en caso de violación o “si estuviera en riesgo la salud integral de la persona gestante”. El eje de la observación, estaba obviamente en la amplitud del concepto de ‘salud integral’.

Saldado este punto, y ya para finalizar el debate, dos legisladores de cada bloque político debieron dar un discurso de cierre, uno a favor y otro en contra del proyecto.

Por el lado del oficialismo, los encargados de hablar fueron el formoseño José Mayans (en contra) y su compañera de banca la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti (a favor).

“Tienen derecho a que se les respete la vida. No tienen voz y es el Estado el responsable de hacerlo. Para el niño deseado todo. Para el no deseado, ni justicia. Es la pena de muerte. El Estado no se puede desentender y decir ‘hacé lo que quieras, si querés matalo, si querés no lo mates’», cargó el senador Mayans.

Sagasti, en cambio, defendió la iniciativa. “Lo más fácil es mirar para otro lado, pero los abortos existen, existieron y van a seguir existiendo. Las mujeres abortamos. Y algunas tienen la dicha de poder pagar un lugar seguro y no ser penalizadas”, consignó.

Desde el bloque Juntos por el Cambio quienes tomaron la palabra para exponer sus argumentos fueron el jefe del interbloque opositor, Luis Naidenoff, y la tucumana Silvia Elías de Pérez. A favor del proyecto, el formoseño expresó “es tiempo de terminar con esta injusticia”, mientras que Pérez adelantó que la ley se recurrirá ante la Justicia.

La votación fue presenciada desde los palcos por ministros nacionales; el presidente de la cámara de Diputados, Sergio Massa; y el diputado Máximo Kirchner, entre otros.

Sobre la ley

La ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) legaliza -y por tanto despenaliza- y garantiza la gratuidad del aborto en las primeras 14 semanas de gestación.

Entre los principales puntos del proyecto redactado por la Secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra, se consagra el derecho de mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar a decidir la interrupción del embarazo, requerir y acceder a la atención del aborto, y recibir atención postaborto en los servicios del sistema de salud.

Se expresa que este procedimiento estará permitido hasta la semana catorce inclusive del proceso gestacional y, fuera de ese plazo, solo se podrá acceder en caso de violación o si estuviere en peligro la vida o la salud de la persona gestante.

Sobre los plazos, se indica que una vez requerido el procedimiento en los sistemas de salud, las mujeres y personas gestantes deberían poder acceder a éste en los siguientes diez días. En caso de menores de 13 años, se debe contar con el consentimiento informado y la asistencia de al menos uno de sus progenitores o representante legal mientras que para adolescentes de entre 13 y 16, se deberá tener un acompañante o ‘referente afectivo’. A la vez, el consentimiento de la persona gestante deberá ser expresado por escrito en la instancia previa a la realización del aborto.

En lo que  respecta a la objeción de conciencia, uno de los puntos más debatidos en el recinto, se aclara que el profesional de salud podrá ejercer este derecho siempre y cuando lo sostenga en el ámbito público y privado y derive a la paciente a otro profesional en los tiempos establecidos y sin dilaciones. De forma similar establece que los centros de salud privados o de la seguridad social que no cuenten con profesionales a causa de la objeción de conciencia, deberán derivar a otro lugar que pueda garantizar la prestación.

En caso de que la salud o la vida de la persona gestante estén en peligro el personal de salud no podrá negarse a la práctica. Tampoco podrán alegar objeción de conciencia para negarse a prestar atención sanitaria postaborto. En caso de que ello ocurriera, serán penados con sanciones disciplinarias, administrativas, penales y civiles, según corresponda.

Las obras sociales y prepagas deben incorporar la cobertura integral y gratuita de la interrupción voluntaria del embarazo, junto con las prestaciones de diagnóstico, medicamentos y terapias de apoyo.

Sumado a estos puntos se recala nuevamente en la responsabilidad del Estado de implementar la Ley número 26.150 de Educación Sexual Integral, estableciendo políticas activas para la promoción y el fortalecimiento de la salud sexual y reproductiva de toda la población.

El plan de los mil días

Junto con la ley IVE también fue aprobado en el recinto el plan de los mil días, en este caso con 65 votos positivos. El mismo establece que el Estado debe garantizar el acompañamiento a la maternidad desde el embarazo hasta los primeros años de vida del niño. Se trata de nueva asignación universal que consiste en el otorgamiento de tres pagos anuales consecutivos por cada niño o niña menor de 3 años de edad que se encuentre a cargo de la persona gestante. Se prevé que este plan beneficiará a unas 680 mil mujeres y a 2.100.00 niños de hasta 3 años y que demandará una inversión de más de 5.000 millones de pesos anuales.

Pedido de inconstitucionalidad

Tras la sanción de la ley de aborto legal, legisladores de los distintos bloques políticos que votaron en contra del proyecto adelantaron que acudirán a la Justicia para impedir su reglamentación, argumentando que se trata de una ley “que viola el principio de constitucionalidad y los tratados internacionales a los que adhiere el país”.

Por su parte, la secretaria Legal y Técnica de la Nación y una de las redactoras del proyecto, Vilma Ibarra, restó peso a estas declaraciones y calificó al proyecto, ahora ley, como “robusto y sólido jurídicamente”.


Otras noticias

EL MUNDO DE BERISSO © 2021 - Edición Dígital. Todos los derechos reservados.

Inhouse - Soluciones web