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Playa para todos

12:28hs
sábado 21 de enero, 2023

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Durante la pandemia y a raíz de las diferentes medidas impulsadas para evitar contagios masivos, el gobierno comunal dispuso que los vecinos vean limitado el acceso a diferentes espacios públicos.

Conforme al planteo que llevan adelante algunas organizaciones y visitantes habituales de los balnearios locales, la medida continúo a pesar del levantamiento de las restricciones.

En días de pandemia, una tranquera y una garita policial garantizaban el respeto a la medida e impedían el ingreso en vehículos o a pie. Dichas barreras ya no están, pero las restricciones continuaron, al menos hasta hace dos fines de semana.

Buscando revertir la situación, durante los últimos dos sábados un grupo de visitantes acompañados por el grupo Vecinos Autoconvocados por el Canal Humedal Urbano Génova (VACHUG) decidieron acampar en La Balandra.

“Desde el Ejecutivo están violando el Código Civil porque hay artículos donde se marca el libre acceso a las playas. No pueden estar cerradas, no pueden estar privatizadas. Tampoco se puede restringir el horario, hecho que se vio más marcado en La Balandra, porque en el resto de las playas, los controles fueron más flexibles”, describió una integrante de VACHUG.

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A diferencia de lo que sucedió el sábado anterior, en este último no hubo efectivos de seguridad impidiendo el acampe. “El sábado anterior, un comisario acompañado por seis efectivos advirtió que debíamos irnos”, plantearon los impulsores de la protesta.

A raíz de dicha situación, efectuaron una presentación ante la Defensoría del Pueblo y formularon pedidos de informe sobre la situación de las playas, visibilizando además que parte de La Balandra fue cedida a un sector de la UOCRA, referenciado en la figura de Iván Tobar, para que afiliados al gremio puedan disfrutar del espacio.

El cuestionamiento de los vecinos, por lo tanto, hace eje en varios aspectos: no sólo se otorga un espacio público para que sea explotado por ‘privados’, sino que además ‘se destruye el paisaje natural’, lo que interpretan como una doble infracción a la normativa vigente. Según advirtieron también personas que participaron del acampe, las acciones que se llevan adelante sobre la costa se valen de maquinaria de la comuna.

En relación a la prohibición, los vecinos afirmaron que se trata de una disposición que no tiene validez. “No vimos un decreto ni normativa que avale la medida. No hay nada oficial. Tampoco hubo pedido de disculpas por el atropello de las fuerzas de seguridad hacia los manifestantes”, detalló una de las mujeres que participó de ambas jornadas de acampe.

 

No a la ‘privatización’

 

A través de un Comunicado que emitió días atrás, el VACHUG hizo conocer su postura en relación con la situación de las playas. “Las playas son públicas. No estamos de acuerdo con la toma de medidas arbitrarias y sin consulta popular. Históricamente nuestras playas han sido punto de encuentro, zonas de diversión, esparcimiento y contacto con la naturaleza. No estamos de acuerdo con que se le cedan a particulares los espacios públicos que son nuestros y por los cuales pagamos con nuestros impuestos su mantenimiento”, manifestaron integrantes del grupo.

Proyecto de Resolución

Tomando la inquietud, la bancada Juntos en el Concejo Deliberante elevó un proyecto de Resolución con el fin de que el Ejecutivo dé cuenta de los mecanismos que se utilizaron para la concesión de un sector de la playa a una facción del gremio de los trabajadores de la construcción.

En el texto elaborado por la edil Mariana Astorga se preguntan las razones por las que el gremio “se hizo cargo de una zona pública”, extendiendo el interrogante a si se celebró algún tipo de acuerdo, convenio o concesión o si los ocupantes cuentan con algún tipo de autorización.

“No hay prohibición”

“No existe una prohibición para que la gente acampe”, expresó el subsecretario comunal de Seguridad, Federico Ruiz, de quien depende el área de playas, al ser consultado sobre el tema.

En tal sentido, manifestó que la Municipalidad dispuso dar cobertura de seguridad, guardavidas, atención sanitaria y cuidados en los sanitarios hasta las 19:00. “Fuera de ese horario la responsabilidad es de las personas que quieran quedarse en esos lugares”, planteó.

El funcionario indicó que existe una Ley Provincial que regula con detalles la instalación de campings públicos y privados, como así también todas las cuestiones que se deben cumplir para que funcionen y puedan desarrollarse diversas actividades como las de acampe. “Lo que se debe hacer desde el Concejo Deliberante es trabajar en una Ordenanza al respecto basada en la norma provincial, como la tienen otros municipios”, afirmó, indicando que junto a ediles del oficialismo se avanza sobre dicha necesidad.

Según consignó, en la futura norma se deben contemplar cuestiones básicas como el suministro de agua potable, seguridad, salud, guardavidas y otros servicios durante las 24 horas. “No es sólo un tema de seguridad, como se dice. Es una situación ligada a otras cuestiones”, indicó.

Puntualmente en lo que hace a seguridad, advirtió que recientemente se registraron dos hechos que afectaron a personas que estaban acampando en Palo Blanco, uno de ellos fue el robo de una motocicleta.

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