La polémica en torno a la actuación de funcionarios del gobierno comunal y responsables de la policía en Berisso durante un allanamiento que tuvo lugar el pasado 28 de octubre en la playa Palo Blanco ingresó en las últimas horas en una nueva fase.
Tras formular una denuncia pública la semana pasada en el Concejo Deliberante por el perjuicio que el accionar oficial habría generado a la familia, incluida la detención de su padre, Gabriela Ramallo Serrano radicó este lunes en la UFI 1, a cargo de la Dra. Ana Medina, una denuncia contra el accionar en torno al procedimiento de los responsables del Comando de Patrulla y la Jefatura de Estación de Policía locales.
Además de plantear dudas respecto del modo en que se efectuó el allanamiento, la denunciante pone el acento en el accionar de funcionarios comunales y policiales en la jornada del martes 29, indicando que a primera hora de esa mañana, llegaron al domicilio de Ramallo “para tomar posesión del terreno, rompiendo y tirando todo con topadoras y máquinas municipales sin mediar ninguna orden judicial”.
En la denuncia se afirma que ingresaron al lugar tres patrulleros y al menos seis efectivos policiales, destruyendo casetas y árboles, sin poder avanzar sobre la vivienda por acción de familiares y vecinos. También piden explicaciones respecto de la intromisión en la vivienda de personas ligadas a la gestión municipal.
Allegados a la familia insisten en que las acciones de los días 28 y 29 de octubre forman parte de una ‘cama’ para poder ‘correr’ a Ramallo del terreno y tomar posesión del lugar con algún tipo de objetivo ‘inmobiliario’. El asunto dio pie la semana pasada a un pedido de informes presentado por la concejal Mariana Astorga del bloque Juntos por el Diálogo Federal y aprobado por todo el Cuerpo en su última sesión. Si bien el expediente ponía un plazo de 72 horas para la respuesta, el Ejecutivo aún no se pronunció sobre el particular ante el Concejo.