El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) presentó recientemente una denuncia judicial contra dos centros sanitarios privados de la región: el Instituto Médico Argentino de Berisso y la Clínica de la Comunidad de Ensenada. La acusación se centra en la presunta emisión de órdenes médicas electrónicas (OME) fraudulentas a nombre de afiliados que nunca las solicitaron, lo que habría generado un perjuicio al Estado estimado en 325 millones de pesos.
La denuncia fue formalizada por el fiscal federal Javier Arzubi Calvo, responsable de la Unidad Fiscal para la Investigación de delitos cometidos en el ámbito del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (UFI-PAMI), tras la presentación del director de la Unidad de Gestión del organismo correspondiente a la zona. En el documento judicial, se acusa a propietarios, directivos y personal médico de las clínicas implicadas de cometer fraude en perjuicio del PAMI.
Expuesto
El esquema de la presunta estafa quedó a la vista cuando un afiliado de PAMI fue rechazado bajo el argumento de que ya se había realizado un procedimiento médico. Tras investigar el caso, las autoridades determinaron que los datos personales del afiliado habían sido robados y utilizados de manera indebida por las clínicas implicadas.
“La gran cantidad de órdenes médicas emitidas habría generado un potencial fraude estimado en 325 millones de pesos”, expusieron las autoridades de PAMI a través de un comunicado oficial. Según consta en la denuncia, las clínicas habrían generado una serie de órdenes falsas que el organismo pagó en tiempo y forma.
Defraudación al Estado
Siguiendo de cerca el caso, el ex-concejal por Juntos, Pablo Swar, brindó detalles respecto de cómo se habría montado el sistema de estafa.
“Facturaban y cobraban estudios que nunca se realizaban. Desde septiembre de 2022 en adelante, se facturaron ecografías en un lugar donde no había tomógrafos ni funcionaban”, aseveró el dirigente, evaluando que el fraude podría ascender a entre 400 y 500 millones de pesos.
A la vez, manifestó la necesidad de investigar al doctor Juan Manuel de Rosa, como responsable de las clínicas involucradas. “Su historia comienza en la Clínica de la Comunidad, donde construyó una relación con el intendente de Ensenada. Desde ahí, consolidó su poder económico para llevar adelante estas operaciones en las sombras”, aseveró.
La Justicia investiga ahora al dueño de las firmas, el médico Juan Manuel de Rosa, quien también trabajó en el sistema sanitario público bonaerense, puntualmente en el Hospital Cestino de Ensenada y cobró cierta notoriedad pública en su condición de profesional de cabecera de Hebe de Bonafini. En Berisso, sus últimas apariciones públicas tuvieron que ver con una serie de asambleas en la clínica Mosconi, en las que fue una de las voces cantantes en cuestionamientos a la cooperativa que administra dicho centro médico.
