Entrega de información pública deja más dudas que certezas

Luego de atravesar distintas instancias judiciales, el gobierno municipal decidió acatar una resolución de la Suprema Corte provincial que lo instaba a entregar información pública relacionada con su planta política, solicitada por el dirigente y comunicador Oscar Sosa, fallecido en diciembre de 2023.

Tras un extenso recorrido del expediente y dada la multa diaria fijada por cada día de desobediencia, el pasado 11 de marzo la documentación fue girada desde la Dirección de Recursos Humanos a Zulma del Carmen Herrera, viuda de Sosa.

Más allá de aspectos legales que seguirán evaluándose en los tribunales que correspondan, la entrega no se ajusta a los principios básicos del acceso a la información pública, teniendo en cuenta que, además de extemporáneo, el envío presenta datos desordenados e incompletos.

“Ahora se debe analizar si la Municipalidad cumplió con la sentencia al brindar esta información”, determinó el abogado Damián Martínez, asesor letrado que acompañó a Sosa en su pedido, poniendo de relieve que, de movida, en la lista inicial de funcionarios no figuraba el Intendente. “Si hay un faltante podría haber otros. No tenemos certeza alguna de la precisión de lo informado”, alegó.

El acceso a la información pública, cabe mencionar, está garantizado por la Constitución Nacional en su Artículo 75 Inciso 22, así como respaldado por la Ley 27.275. El principio sobre el que se funda establece que cualquier ciudadano puede solicitar, acceder y difundir información pública sin necesidad de demostrar un interés legítimo o particular, sin contar con el patrocinio de un profesional letrado y sin explicar por qué y para qué se solicita la información. A la vez, la respuesta debe brindarse en el término de treinta días.

El pedido de Sosa, que derivó en un planteo en terreno judicial en 2021, apuntaba a conocer el listado completo de personas ligadas laboralmente a la Comuna, tanto en planta permanente como transitoria, y sobre todo a conocer la nómina de la planta política, con datos como nombre y apellido, CUIL, fecha de ingreso y dependencia y remuneraciones a septiembre de 2021. Del mismo modo se pedía acceso a la nómina de cooperativas contratadas por la Municipalidad desde 2019, aclarando tareas asignadas, montos de contrataciones e identidades de apoderados.

Sin respuesta al pedido, Sosa y su abogado concretaron una presentación en el Juzgado Criminal 5 de La Plata. La contraposición de diversos recursos fue dilatando el trámite, hasta que finalmente el pedido llegó a la Corte, que instó a la administración comunal a dar a conocer la información requerida. La polémica que se abre ahora, en terreno judicial pero sobre todo institucional, tiene que ver con conocer si efectivamente se cumplió aquí con el principio consagrado por la Constitución, teniendo en cuenta que, al menos por desactualizados, los datos suministrados no satisfacen la demanda por conocer el manejo de recursos públicos en la esfera de contrataciones.

Algunos datos

En el listado de personal girado por el Ejecutivo comunal figuran nombres de trabajadores de planta permanente, mensualizados, pasantes y contratados bajo el régimen de horas cátedra, distribuidos según sus dependencias. Figuran también los nombres de unas sesenta personas bajo el rótulo “autoridades superiores”, que incluyen a personal de carrera. Completamente desfasados respecto de los que se pagan actualmente, se informan montos de ingresos netos que percibían los funcionarios en 2021: 569 mil pesos en el caso del jefe comunal, 242 mil en el caso de secretarios, 211 mil en el de directores y de 24 mil a 241 mil en el caso de coordinadores.

También se ofrece un listado de cooperativas vinculadas contractualmente a la Comuna desde el 12 de diciembre de 2019 a septiembre de 2021. La nómina incluye a la Cooperativa de Trabajo la Unión de Berisso I Limitada (a cargo de Abel Pujol, dedicada al mantenimiento de espacios verdes); Cooperativa de Trabajo Evita II Berisso Limitada (Analía Benito, mantenimiento de espacios verdes); Cooperativa de Trabajo Pisolarium Limitada (Ramiro Dellepiane, carga y descarga de alimentos); Cooperativa de Trabajo Los Toldos Limitada (Jorge Jara, alquiler de maquinarias, recolección de residuos no habituales); Cooperativa de Trabajo Mujeres en Lucha Limitada (Claudia Corrales, barrido y recolección de espacios verdes); Cooperativa de Trabajo Auténtika (Ramón Sena, servicios de guardia y vigilancia, alquiler de maquinarias); Cooperativa de Trabajo 17 de Octubre Limitada (Marcelo Alevato, mantenimiento de espacios verdes, reparación de unidad sanitaria, alquiler de maquinaria, zanjeo); Cooperativa de Trabajo en Lucha Juana Azurduy I Limitada (Ariel Artaza, mantenimiento de espacios verdes); Cooperativa de Trabajo La Nueva Cooptrabe Limitada (Norma Rodríguez, mantenimiento de espacios verdes); Cooperativa de Trabajo Friso Limitada (Martín Rollei, mantenimiento de espacios verdes, mantenimiento de edificios, zanjeos); Cooperativa de Trabajo Almafuerte Limitada (Javier Martínez); Cooperativa de Trabajo Franca Limitada (María Guevara, limpieza de edificios); Cooperativa de Trabajo Rodolfo Walsh (Héctor Fernández Gardiola); Cooperativa Movimiento de recuperación Ciudadana Limitada (María Magliano) y Cooperativa de Trabajo Hacer Limitada (Delia Petruck). En este caso, sólo se incluyen números que equivaldrían a los montos de dinero asignados a cada cooperativa, pero sin consignar por ejemplo a que lapso de tiempo corresponde cada erogación.