Las personas con discapacidades, sus familiares y las instituciones que los asisten o representan esperan que con premura que se defina el destino de la ley que declara la Emergencia en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la Convención vigente sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
La iniciativa fue aprobada por ambas cámaras legislativas, con el voto de legisladores opositores al actual gobierno nacional, pero tal como habÃa anunciado el presidente Javier Milei invocando razones presupuestarias, fue vetada por el Ejecutivo y espera ahora un nuevo tratamiento legislativo. Sus impulsores confÃan en que quede sin efecto el veto presidencial para que la norma quede automáticamente vigente.
La Emergencia en Discapacidad implica la toma de medidas urgentes para abordar la situación de las personas con discapacidad y abarca diversos aspectos como la actualización de los valores de las pensiones y aranceles de las personas que asisten en estos caos, cupos laborales y otros beneficios ya existentes.
Desde Berisso, la ONG “Amigos de Corazón†aportó ideas, asà como su apoyo a la redacción de la ley que rige desde al año 2018, que actualizó conceptos y beneficios respecto de una norma sobre la materia que llevaba cuarenta años de vigencia.
Ante el anuncio presidencial del veto a la “Emergencia†y un posible paso a los estrados judiciales en caso de que la ley sea aprobada por insistencia, la titular de “Amigos de Corazónâ€, Irene DomÃnguez, manifestó que se trata de momentos dolorosos tanto para los afectados directos, como para sus familias y las instituciones que atienden este tipo de problemáticas. “Está claro que se quieren aplicar medidas que bajan la cantidad y calidad de los derechos de las personas discapacitadas. No estamos pidiendo algo nuevo, se trata de cuestiones que ya existen y que tienen su marco legal y presupuestoâ€, señaló.
Madre de un joven con discapacidad y fundadora de un espacio que desde hace quince años contiene a personas con discapacidad y procura sostener y ampliar sus derechos, DomÃnguez se refirió a la angustia que generaron algunos procedimientos gubernamentales.
Al respecto, expuso que ante la decisión gubernamental de constatar la veracidad de las pensiones asignadas se eligió un sistema cuya modalidad asustó y preocupó a muchos de los beneficiarios. “De un momento para otro comenzaron a llegar cartas documento a los beneficiarios de los subsidios que causaron mucha preocupación y temor, en algunos casos a los mismos chicos. Se los convocaba a presentarse con la aclaración de que si no lo hacÃan podÃan perder sus beneficios que son unos pocos pesos. Fue algo chocante recibir este tipo de notificaciones, pasar por todo el proceso de presentarse en el lugar y horario indicado, llenar planillas, realizar nuevos trámites con los médicos, todas cosas que ya estaban efectuadasâ€, repasó.
Los integrantes de “Amigos de Corazón†dejaron en claro que no se oponen a que se revise el destino de los fondos, pero pusieron reparos ante la modalidad elegida para el procedimiento. “Está bien que se hagan seguimientos para constatar si hay personas que estén en falta, pero no de esta manera porque hay otras formas de comprobarloâ€, plantearon.
La ley que generó la actual puja garantiza un ingreso económico para las personas con discapacidad, compatible con la posibilidad de trabajar, y contempla la educación inclusiva y la figura del asistente personal. A la vez, promueve la inserción laboral de personas con discapacidad en el ámbito estatal (4% de cupo) y en el sector privado. En el texto también se incluye una modificación de las condiciones para acceder a beneficios y sostenerlos, asà como el incremento de aranceles a prestadores.
Diversas organizaciones de personas con discapacidad y sectores de todo el paÃs participaron en la elaboración del proyecto, buscando construir una norma representativa y participativa. También efectuaron marchas en diversos puntos del paÃs en apoyo a la normativa.
“Tenemos chicos que cuentan con acompañantes terapéuticos que también vienen perdiendo ingresos. La nuestra es una ONG que se maneja de manera distinta a otras instituciones privadas que hoy padecen seriamente estas circunstancias. Los profesionales y equipos de salud en discapacidad deben buscar otras opciones laborales en privados o particular, pero con el panorama actual tampoco eso permite una remuneración acorde con su laborâ€, planteó DomÃnguez.
Manifestó luego que este tipo de temas no deberÃan abordarse con posturas tan intransigentes. “Son cachetazos continuos y el veto genera incertidumbre. Tal vez se judicialice o veremos qué ocurre, pero entiendo que estamos ante un riesgo grande de perder derechos por los que desde hace muchos años venimos peleando. Están condenando a una persona con discapacidad a que todo sea un mayor padecimiento, porque el Estado no nos está acompañandoâ€, sintetizó.
El contexto, sumó, tampoco es el mejor, ya que muchas familias ven que su situación económica empeora, lo que desemboca en una mayor necesidad de asistencia. “En nuestra institución trabajamos siempre al lÃmite, con ayuda de vecinos, del Municipio, Provincia o antes desde Nación, pero ahora se nos complica y debemos pedir asistencia alimenticia porque en muchas casas falta el plato de comida. Se les quita la terapia, la ayuda económica, falta una asistencia alimentaria, todo suma a un combo de cosas negativas y no sabemos dónde terminará estoâ€, estableció.
Ahora, las expectativas están centradas en la resolución legislativa del asunto, entendiendo que los tiempos de la polÃtica y de la justicia no se ajustan a la situación dramática que sufren las personas afectadas. “Desde nuestra institución saldremos a protestar y a participar de marchas en Capital porque estos chicos no tienen quién los represente. Se debe tener más empatÃa con esta causa y debemos ponernos en el lugar del otro, porque se están tocando a los sectores más vulnerables. Se vetó la ley y el discurso desde el gobierno sigue siendo el mismo, que hay que revisar la situación de cada uno. Está bien: controlemos entre todos, pero no se la agarren con los discapacitados o los jubilados. Todo esto se podrÃa haber evitadoâ€, aseguró DomÃnguez.
Deseó finalmente que se humanicen las decisiones y las medidas de gobierno. “No se puede considerar la pérdida de vidas de personas como variable en lo que hace al déficit de un paÃs. Atrás de la economÃa hay vidas, pero para la mirada de este gobierno no existimosâ€, concluyó.
