A inicios de esta semana, referentes de la Confederación General del Trabajo (CGT) cumplió con su anunciada concentración frente al Palacio de Tribunales, en CABA, para confirmar que se acudirá a la Justicia con el objetivo de impugnar la reforma laboral sancionada el viernes de la semana pasada por el Senado. Según se adelantó los fueros en los que se efectuarán presentaciones serán tanto el de Trabajo como el Contencioso Administrativo.
A la espera de la promulgación de la norma para comenzar a recorrer la vía judicial, dirigentes cegetistas presentaron un documento en el que se adelantan los fundamentos que oportunamente se desarrollarán en tribunales.
Para la Central obrera es ‘falso’ que la iniciativa tenga como objetivo aumentar el empleo o formalizar a trabajadores informales, ya que por el contrario, implica ‘un retroceso en derechos laborales conquistados durante décadas’.
En el Comunicado, que contó con el aval de la CGT Regional La Plata, también movilizada el lunes, se establece que la norma vulnera principios constitucionales, en particular el principio de progresividad, que impide retrocesos en materia de derechos sociales, y el principio protectorio del derecho del trabajo. También señala una afectación directa del Artículo 14 bis de la Constitución Nacional, en aspectos como la protección contra el despido arbitrario, el derecho de huelga, la negociación colectiva y la libertad sindical. Otro ítem bajo la lupa es la presunta incompatibilidad de la reforma con pactos internacionales asumidos por el país.
Derechos vulnerados
En el documento elaborado por la mesa directiva cegetista se enfatiza que “no es disminuyendo derechos de las y los trabajadores ni retrotrayendo el marco legal a épocas cercanas a la servidumbre o a la esclavitud, como se mejora este proceso”.
Para el sector, los graves problemas de pobreza, desempleo, precarización y continuo deterioro de la situación social en Argentina no derivan de leyes, sino que son consecuencia directa de la falta de crecimiento y de inversión productiva por las políticas que aplica el gobierno nacional.
La reforma, se subraya, afecta gravemente derechos colectivos e individuales, violando expresamente principios constitucionales. En tal sentido, aluden a la violación del ‘principio de progresividad’, que impide adoptar medidas injustificadas que supongan un retroceso en Los derechos laborales adquiridos, así como al principio ‘protectorio’, que se basa en la desigualdad estructural entre empleador y trabajador apuntando a restituir la equivalencia y evitar abusos sobre la protección de la parte débil, que es la del trabajador. Ambos principios están consagrados en acuerdos internacionales, como el Pacto de San José de Costa Rica, con rango constitucional en la Argentina.
A la vez, se señala que la reforma aprobada afecta el 14 Bis constitucional en lo que hace a derechos como la protección contra el despido arbitrario, el derecho a la huelga, a la negociación colectiva, la libre agremiación, la libertad sindical y la seguridad social, entre otros ítems.
Diagnóstico
Conforme al documento que hizo público la CGT, el preocupante panorama económico-social que se afronta el país responde a las políticas impulsadas por el gobierno nacional. En su diagnóstico, la Central advierte que 11 de las 14 ramas de actividades que representan a la totalidad de trabajadores del sector privado presentaron datos negativos en estos dos años de gestión. Otros efectos que enumera son la pérdida de más de 300 mil empleos, el aumento de la desocupación, el cierre incesante de empresas y comercios, la pérdida en el poder adquisitivo de los salarios, la caída de la inversión bruta interna, la caída del consumo y la recaudación, el alarmante endeudamiento externo, el endeudamiento en dólares de gobiernos provinciales para afrontar gastos corrientes, el endeudamiento y morosidad familiar para compra de alimentos y servicios básicos, entre otros.
“Coherente con su compromiso doctrinario, la CGT asume su responsabilidad histórica, resistiendo y rechazando por todos los medios a su alcance esta reforma regresiva y perniciosa”, se lee también en el documento, en el que se consigna que a través de 12 movilizaciones y 4 paros generales se pudo ‘corregir y/o suspender los efectos negativos derivados de la ley ómnibus del DNU/2023’.
“La CGT no gobierna ni gobernó, no definió la estrategia electoral que condujo a la derrota política en las presidenciales del 2023, no participó del armado de las listas legislativas, no conduce el Estado, ni las políticas económicas ni la macroeconomía, no diseñó la política fiscal ni la del Banco Central, no emitió ni avaló la toma de deuda externa, no vota leyes, no firma privatizaciones”, argumentaron los popes de la organización sindical.
A la hora de señalar esquemáticamente los perjuicios para el trabajador que se desprenderían de la aplicación de la ley recientemente sancionada, enumeran: jornadas de trabajo de hasta 12 horas, fin de las horas extras y, consecuentemente, reducción del salario; eliminación de sanciones a los empleadores que no pagaron aportes y transgredieron la ley; indemnizaciones por despidos que podrán pagarse en cuotas y a través del FAL (Fondo de Asistencia Laboral), costeando los despidos con aportes de los propios trabajadores, desfinanciando la Seguridad Social y convalidando una brutal transferencia de recursos públicos hacia administradores privados particulares; no reconocimiento de las nuevas formas de trabajo, ni las nuevas modalidades tecnológicas que intervienen; reducción de aportes a las Obras Sociales, dañando la cobertura y el financiamiento del sistema de salud, afectación del derecho efectivo al descanso, fraccionando de manera unilateral las vacaciones; habilitación de convenios por empresa, degradando la negociación paritaria; recortes a la libertad sindical coartando asambleas y recorte de la protección sindical con el pertinente debilitamiento colectivo; limitación del derecho a la protesta, restringiendo et derecho de huelga; apartamiento del acceso al servicio de justicia laboral, tanto a trabajadores como a sus organizaciones gremiales, a partir del traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo desde el ámbito nacional a la jurisdicción de CABA.