El secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales, Jorge Rodríguez, protagonizó el pasado domingo un episodio que derivó en una causa caratulada como “portación ilegal de armas de fuego de uso civil y de guerra, daños calificados y resistencia a la autoridad”. La versión que ofrece el gremio difiere por completo de la que obra en el parte policial.
Un llamado que operarios del 911 recibieron el domingo por una situación de violencia reportada en la calle 92 entre 129 y 130 derivó en una causa caratulada inicialmente como “portación ilegal de armas de fuego de uso civil y de guerra, daños calificados y resistencia a la autoridad”, por la que está imputado Jorge Rodríguez, actual secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Berisso.
Fuentes de la secretaría municipal de Seguridad Ciudadana revelaron que tras recibir un pedido de auxilio de la pareja del dirigente gremial, efectivos policiales se acercaron al lugar con el objetivo de identificarlo. Según trascendió, Rodríguez habría evadido la requisitoria policial a bordo de un Peugeot 307, dando inicio a un raid en el que chocó primero contra un móvil policial, dejando herida a una oficial de la policía, y algunos metros más adelante contra otro vehículo, luego de lo cual, la persecución culminó con su aprehensión.
Fuentes ligadas al procedimiento revelaron que la requisa en el vehículo arrojó la presencia de un arma de fuego de 22 mm sin numeración, de una segunda arma de fuego calibre 32 mm con tres cartuchos en su interior y de un arma de fuego impropia, más seis municiones calibre 22 y 450 mil pesos en efectivo.
Horas después de que se labraran las actuaciones de rigor con la intervención de la UFI en turno, se conoció que la oficial de policía herida presenta una lesión en su pierna derecha, que en principio no representa mayores riesgos pero hizo necesario la aplicación de un yeso.
La versión que avala el gremio
Mientras los ribetes del caso comenzaban a dar que hablar en diferentes foros públicos, confirmada la identidad del protagonista del hecho, en el ámbito del Sindicato reinaba un cerrado hermetismo. Inicialmente trascendió que para hacer alusión a los hechos se ofrecería una conferencia de prensa. Finalmente, el recurso elegido para sentar posición institucional respecto del caso fue un Comunicado dirigido a afiliados y a la comunidad en su conjunto, en el que se presenta una versión completamente diferente a la que consta en el parte policial, sin brindar precisiones respecto de las armas incautadas.
Esencialmente, el Comunicado descarta de plano que Rodríguez sea responsable de un delito vinculado a la violencia de género, al tiempo que niega que haya incurrido en una falta contra las fuerzas de seguridad. “Es importante mencionar que lo sucedido el pasado domingo corresponde a un hecho de la vida privada de Jorge Rodríguez y nada tuvo que ver con su desenvolvimiento como titular de la organización gremial”, se lee además en el primer tramo del escrito.
“Rodríguez se retiró de su domicilio y al haber una pérdida de gas, en ese momento su pareja llamó al 911 porque no sabía dónde estaba la llave de paso. Como estaba con su hija menor, tenía miedo que algo sucediera, porque la pérdida era importante. En este sentido su esposa en sus declaraciones tanto en la Comisaría Tercera como en la Fiscalía, no denunció ningún hecho de violencia de género. Además, Rodríguez desde su detención estuvo incomunicado, por lo que es imposible que cambiara su testimonio”, advirtieron desde la organización con sede en calle 166.
En el Comunicado se afirmó que Rodríguez retornó a su vivienda para solucionar el inconveniente junto a su pareja y se encontró con la presencia de los efectivos policiales “quienes de manera prepotente y violenta le negaron el acceso, solicitándole que se identificara”.
Conforme a la versión, para que la situación “no pase a mayores”, Rodríguez habría tomado la decisión de retirarse del sitio. “Luego fue interceptado por los efectivos a pocas cuadras de su domicilio, donde le chocaron el auto y lo detuvieron de manera violenta”, aseguraron desde la entidad gremial.
Tras las actuaciones de rigor y al no registrarse causas pendientes ni impedimentos legales, la UFI actuante -la número 11 a cargo del Dr. Álvaro Garganta- dispuso que Rodríguez recupere su libertad. Desde el gremio se indicó que el dirigente se dispone ahora a iniciar acciones por ‘abuso de autoridad’ contra los efectivos policiales que intervinieron en su detención. Queda por saber si las personas implicadas, así como las autoridades policiales y distritales, se manifestarán públicamente sobre el caso, o si por el momento se limitarán a prestar declaración en terreno judicial.
