Familiares de José Antonio Cácere, ex-policía que lleva casi siete años preso cumpliendo condena a perpetua por un hecho ocurrido en Berisso en octubre de 2011, cifran expectativas en que la Corte Suprema de Justicia de la Nación revea el caso, atendiendo a la presentación efectuada en calidad de Amicus Curiae por la organización Inocente Colectivo (Santa Fe) y otras.
Junto a su abogado, el Dr. Fabián Amendola, allegados al detenido subrayan que “no se pide impunidad, sino que la Justicia lea la causa completa”, planteando una serie de inconsistencias en la fase procesal.
Como ya señalaran en anteriores ocasiones, desde su perspectiva el caso encierra “graves irregularidades” en el proceso, con un fallo “arbitrario, que vulnera garantías básicas como la presunción de inocencia y el debido proceso”.
La condena a prisión perpetua impuesta en 2019 al ex-oficial principal Cáceres por el Tribunal Oral en lo Criminal 1 de La Plata está ligada a la muerte de Ariel Canizzo en octubre de 2011, en el calabozo de la comisaría Cuarta de Berisso.
La causa fue caratulada como “homicidio agravado en abuso por sus funciones en el cargo” y también fueron imputados el ex-capitán Ricardo de la Canal y los tenientes Roberto Percuoco y Ernesto Conti, “dos de ellos absueltos y uno purgando actualmente prisión domiciliaria”, subrayan familiares de Cácere, aludiendo a lo que definen como un “trato desigual”.
A la hora de dictar la condena, el tribunal platense evaluó que Canizzo fue secuestrado de su casa por los cuatro efectivos “en un procedimiento irregular y sin mediar orden de captura”, y sometido a una brutal golpiza por la que murió horas después en la comisaría berissense.
En sus cuestionamientos, el abogado de la familia advierte que la jueza del TOC 1 que votó en disidencia en el fallo dividido consideró que no había pruebas suficientes para condenar.
Al mismo tiempo, argumenta que la autopsia oficial “descartó lesiones traumáticas y determinó que el fallecimiento se debió a una cardiopatía previa agravada por consumo de drogas”. En tal sentido, afirma que “la única que habló de un posible golpe” fue una pericia de parte, a la que cuestionan por basarse en una foto “sin rigor pericial”.
Uno de los ejes centrales señalados por los amicus curiae es la valoración de la prueba pericial. La Asesoría Pericial Oficial, que practicó la autopsia con cuerpo presente, concluyó que la muerte investigada fue de causa natural y sin signos de violencia. Sin embargo, la condena se apoyó de manera decisiva en una pericia de parte posterior, elaborada por el Dr. Omar Alejandro Ledesma, realizada sin cuerpo presente, que sostuvo una hipótesis distinta.
Según advierten las presentaciones ante la Corte, la sentencia no habría explicado de forma suficiente por qué se desplazó la prueba científica directa en favor de una pericia indirecta, lo que podría configurar un supuesto de arbitrariedad en la valoración de la prueba, incompatible con el estándar de certeza reforzada exigido para una condena a prisión perpetua.
Del mismo modo, los escritos cuestionan que se hayan considerado elementos que no debían haber tenido un peso decisivo, mientras se relativizaron pruebas objetivas que favorecían la posición defensiva, como documentación y registros que no evidenciaban lesiones compatibles con la mecánica del hecho finalmente sostenida.
El letrado que acompaña el pedido de los familiares de Cácere pone el acento en que gran parte de la acusación se sostuvo en testimonios de familiares y amigos de Canizzo, los que según entienden carecen del ‘valor objetivo’ que exige todo proceso penal.
“José fue condenado sólo por portar un uniforme, sin pruebas objetivas en su contra. Pedimos que la Corte Suprema nos devuelva la esperanza y la justicia”, insisten desde el entorno familiar, cuestionando que la condena se sustente básicamente ‘en una foto’.
La intervención de la Corte, cabe mencionar, podría no implicar una absolución o la modificación inmediata de la condena, pero en cambio abriría la puerta a la posibilidad de que se revisen potenciales irregularidades procesales o eventuales vulneraciones de garantías. Lo que la Corte disponga en torno al caso, podría tener implicancias además para los estándares de valoración probatoria en causas similares.