Experiencias movilizantes viven estos días quienes, como consecuencia del régimen instaurado el 24 de marzo de 1976, sufrieron la pérdida de familiares, amigos, compañeros o vecinos.
Pero no serán los únicos: la inmensa mayoría de los argentinos advirtió -pasados los años y cuando fueron cobrando estado público las aberrantes prácticas del terrorismo de Estado- la dimensión de la barbarie.
El peor saldo de la dictadura, quién puede dudarlo, fueron los crímenes. Pero detrás de ese cuadro sangriento y tal vez más difíciles de mensurar, aparecen los efectos de miseria, el pensamiento encorsetado, la fragmentación social y el miedo, que condicionaron por unos cuantos años a quienes, al menos, siguieron vivos.
Pasaron cincuenta años en los que hubo juicios e indultos, en los que la justicia llegó, llegó tarde o sigue ausente, en los que algunas heridas cicatrizaron y otras aún arden, en los que algunos imbéciles se alegraron por la ejecución en serie de miles de semejantes, en los que se discutió vanamente acerca de un número simbólico, en los que algunos avivados hicieron negocios, en los que se partidizó una causa que debía ser de todos, en los que millones de personas llevaron a alguna plaza a sus hijos para decir Nunca Más. Pasaron cincuenta años que invitan a reflexionar sobre cuánto aprendimos, si nos permitimos esa pretensión.
Ilegal
Pocas horas después del comunicado fatídico que señaló el inicio de la dictadura encabezada inicialmente por Videla, las calles de la ciudad de Berisso fueron testigo de la inédita circulación de vehículos militares y la multiplicación de controles por parte de uniformados sobre accesos y sitios puntuales. Se iniciaron así operativos ilegales a través de los que el régimen arrancaría de sus puestos de trabajo, de la vía pública, de lugares de estudio o de sus propios domicilios a decenas y decenas de vecinos, para mantenerlos detenidos en centros clandestinos, transformándolos en ‘desaparecidos’, o ejecutarlos con la más criminal de las impunidades. Berisso, La Plata y Ensenada, distritos de la Región Capital, fueron algunos de los que más sufrieron el accionar represivo, con un elevado número de secuestros y el funcionamiento de más de veinte centros clandestinos de detención.
Algunos rasgos de la población de la zona resultaron el blanco preferido del régimen asesino. Se registraba aquí una intensa militancia político-partidaria, gremial y en organizaciones civiles, como resultado del funcionamiento de facultades que se nutrían con jóvenes llegados desde distintos puntos de la Provincia, de la intensa labor administrativa estatal y de una importante actividad industrial.
En el caso puntual de Berisso, años después de recuperada la democracia se pudo establecer que las personas desaparecidas y asesinadas fueron más de 240, algunas de las cuales pudieron identificarse recién muchos años después.
La previa al Golpe
Los hechos de amenazas, secuestros, torturas y hasta de desapariciones se habían iniciado en 1973 de manera sistemática a partir del accionar de grupos paramilitares como lo fueron la Concentración Nacional Universitaria (CNU) y la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina) bajo el manejo del entonces ministro de Bienestar Social, José López Rega, que accionaron contra militantes de izquierda, sectores del Peronismo que no comulgaban con la facción y trabajadores integrantes de sindicatos o cuerpos de delegados.
En tiempos de una alta convulsión social de atentados, secuestros y muertes, organizaciones armadas como Montoneros, el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), las Fuerzas Armadas Peronistas (FAP), Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y Uturuncos, entre otras, se enfrentaron de manera armada contra el accionar paraestatal, también ilegal y fuera de las atribuciones del gobierno.
Las persecuciones fueron un tema de Estado y durante los últimos meses del gobierno de María Estela Martínez de Perón se dictaron decretos que le dieron poder a las Fuerzas Armadas para actuar contra el accionar de las organizaciones guerrilleras, utilizando en sus textos términos como el de “aniquilar”, que fueron tomadas por los miembros de la Junta Militar como un argumento para intentar darle un marco de “legalidad” a la represión. Mientras tanto, la Triple A operaba en un contexto que ya era de violencia sin control.
En el libro “Las vidas que nos faltan” (Historias de las y los Detenidos, Desaparecidos y Asesinados de Berisso), del autor Jorge Drkos, se menciona como víctimas de este accionar a unas treinta personas relacionadas con Berisso.
En Dictadura
La llegada del gobierno de facto desató un mecanismo de persecución de personas sin antecedentes en el país por el grado de crueldad, irracionalidad y barbarie.
El autollamado Proceso de Reorganización Nacional tenía como base la implementación del Terrorismo de Estado y Berisso lo sufrió en carne propia con más de 240 personas asesinadas y desaparecidas. La región, ya se observó líneas arriba, exhibía una notoria concentración de militancia obrera y estudiantil.
El dispositivo represivo estuvo a cargo de la Fuerza de Tareas 5 dependiente de la Armada Argentina, la que tenía bajo su jurisdicción la represión en estas localidades y la administración de un circuito clandestino de detención y tortura asentado sobre las varias dependencias que la Marina tenía en la zona con la actuación des u personal en el Batallón de Infantería de Marina (BIM 3), la Escuela Naval Militar Río Santiago, el Liceo Naval, el Hospital Naval Río Santiago, el Centro de Incorporación y Formación de Conscriptos de Infantería de Marina y Prefectura.
Este Grupo de Tareas Número 5 se dividió en dos acciones principales: inteligencia y ejecución.
Primero, los personeros del régimen juntaron información sobre los obreros que se transformarían en sus víctimas, en muchos casos integrantes de cuerpos de delegados, comisiones internas y sindicalistas.
Consumadas las detenciones ilegales, las personas eran trasladadas a alguna de las dependencias mencionadas de la Fuerza, para ser interrogadas y torturadas. A varias de ellas se las trasladó al centro clandestino ubicado en calle de 1 y 60, a la Unidad Penitenciaria 9 de La Plata o a Olmos.
La región también era alcanzada por lo que luego se conoció como el “Circuito Camps”, en alusión a Ramón Camps, militar que estuvo a cargo de la policía bonaerense en los años más duros del terrorismo de Estado, en el que funcionaron 29 centros clandestinos de detención montados en dependencias policiales del Conurbano Bonaerense y La Plata.
El Astilleros Río Santiago figura como una de las fábricas con mayor cantidad de detenidos desparecidos del país. En el ámbito regional se agregaron también el Frigorífico Swift, Destilería de YPF, Propulsora Siderúrgica (del grupo Techint), Petroquímica General Mosconi, Ipako y SIAP, entre otras. Los trabajadores sufrirían el mismo destino que muchos estudiantes universitarios y militantes sociales o sindicales.
En el trabajo llamado “Huellas digitales de la Memoria”, un sitio creado en el año 2018 que promueve la memoria sobre las víctimas del Plan Sistemático de Represión y Exterminio de La Plata, Berisso y Ensenada se ofrecen datos sobre los procedimientos represivos en la región.
Se menciona allí que en noviembre de 1975 se puso en marcha el “Plan de Capacidades Internas de la Armada”, que tenía como objetivo realizar una ofensiva contra la subversión en todo el ámbito del territorio nacional para ‘detectar y aniquilar a las organizaciones subversivas a fin de preservar el orden y la seguridad de los bienes, de las personas y del Estado’.
El plan puso foco en las principales zonas industriales donde existieran movimientos político-sindicales, entre ellas Berisso y Ensenada, los cuales fueron considerados, en documentos de la propia fuerza, como “excepcionalmente subversivos, en virtud de la concentración industrial y las tradiciones de lucha y organización sindical”.
La Fuerza de Tareas 5 (FT5), conocida también como Agrupación Río Santiago, fue la encargada de llevar adelante el plan, continuando su actuación a partir de iniciado el golpe.
En los meses previos al comienzo de la Dictadura, se sucedieron persecuciones, amenazas y asesinatos de trabajadores de las principales empresas de la región. Se profundizó la vigilancia y las tareas de inteligencia dentro de las plantas. A partir de registros de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA), se logró conocer que en las principales empresas de la región se infiltraron agentes en puestos claves de las empresas, tales como jefaturas de vigilancia, de seguridad, de personal. Desde otros informes policiales se observó también la infiltración de agentes en puestos de trabajo, asambleas, movilizaciones y otras actividades.
Dichos informes servían para la elaboración de listas de “activistas” y la determinación del grado de “peligrosidad” de los trabajadores, en función de sus ámbitos de militancia y actividades en las que participaban.
En cuanto a la actuación policial militar en los establecimientos, el Astillero Río Santiago (ARS) se encontraba intervenido militarmente desde agosto de 1975. A partir de ese momento frente a situaciones de conflictividad laboral hubo ocupación y sus inmediaciones eran controladas por fuerzas públicas y disolución de manifestaciones.
Un episodio recordado en Berisso y vinculado con la empresa naval, está referido al mes de mayo de 1976 cuando se produjo un atentado contra el Jefe de Seguridad del Astillero y fue asesinado el Capitán Bigliardi. Como represalia, el 19 de junio un grupo armado secuestró a seis trabajadores: Juan Carlos Arriola (operario que había militado en la lista Azul y Blanca); Leonardo Diego Arias, (operario y militante de la lista Celeste); José Edgardo Cardinale (técnico y militante de la lista Gris); Héctor Rolando García (operario y militante de la lista Celeste) y Roberto Luciano Sander (ex-Secretario General de ATE seccional Ensenada por la lista Azul y Blanca y dirigente de la lista Gris), quienes fueron encontrados con signos de tortura y fusilados sobre el camino que une Punta Lara con Villa Elisa.
En otras empresas de la región también se incrementó la vigilancia y la persecución. En Petroquímica Sudamericana, ya en 1974 había sido asesinado un trabajador activista. En 1975 fueron asesinados 8 militantes del Partido Socialista de los Trabajadores (PST) que colaboraron en una toma de fábrica de esa empresa, uno de ellos trabajador del ARS.
En Propulsora Siderúrgica, se verificó la presencia de personal armado (no identificado) dentro del establecimiento. Por otro lado, hubo amenazas de muerte contra trabajadores, muchos de los cuales tuvieron que abandonar el trabajo desde fines de 1975. En enero de 1976 fueron asesinados dos delegados importantes de la planta y, en febrero, fue asesinado otro trabajador junto a un obrero del ARS. También fue muerto un obrero del frigorífico en diciembre de 1975 que se encontraba con otros compañeros y sus cuerpos fueron arrojados en una ruta provincial. Unos días antes del golpe de 1976, fueron asesinados 3 operarios del ARS que se encontraban realizando un paro en reclamo de condiciones salariales.
Si bien en el artículo se hace foco en sectores de trabajadores, todos los ámbitos de la vida política, social, sindical, educativa y religiosa se vieron atravesados por la represión durante la dictadura.
Con el regreso de la vida democrática y en paralelo a los juicios llevados adelante contra los represores, años después también se decretaron sentencias judiciales contra civiles, autoridades de empresas y sindicalistas que aportaron datos sobre las actividades del personal.
Según la última actualización del año 2022 del RUVTE (Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado) , más de 750 personas fueron secuestradas y/o asesinadas en la región. Si se toman los casos de las personas nacidas en la zona, pero secuestradas en otras localidades y los casos de quienes no nacieron en la zona, pero estudiaron, trabajaron o militaron en la misma y fueron secuestrados en otras localidades, el universo total asciende a más de mil casos, aunque las organizaciones de derechos humanos sostienen que la cifra rondaría las dos mil personas.
Además de estas acciones represivas, Berisso ý la región fue víctima de las políticas económicas y sociales de la dictadura que apuntaron entre otros aspectos contra la industria nacional y la apertura de importaciones, la toma de créditos externos que derivaron al corto plazo en una fuerte crisis financiera que llevó a la suba de la desocupación, la reducción de salarios y altos niveles de pobreza entre otros efectos.
Como corolario, en 1982 se produjo la Guerra de Malvinas y otra vez Berisso, Ensenada y La Plata estuvieron en el foco de las listas, esta vez con el aporte de una gran cantidad de soldados conscriptos que cumplían con el Servicio Militar Obligatorio en el Regimiento 7 o la Décima Brigada.