El lunes por la noche se concretó en el Parque Cívico, junto al Monumento a los Desaparecidos, la tradicional Vigilia del 24 de marzo, en homenaje a las víctimas de la dictadura que nacieron, vivieron, estudiaron o trabajaron en Berisso.
El acto, convocado por la Comisión Permanente por la Memoria desde 1998, con el acompañamiento de la Municipalidad, contó con la presencia especial de la presidente de Madres de Plaza de Mayo, Carmen Arias. También se sumaron los intendentes Fabián Cagliardi y Mario Secco, además de funcionarios comunales locales, concejales, consejeros escolares, familiares de las víctimas del genocidio, representantes de organismos de derechos humanos y ex-combatientes de Malvinas.
Como cada año, el encuentro contó con la participación de varios músicos y poetas, quienes ofrendaron sentidas interpretaciones de obras que permitieron evocar a las víctimas de la dictadura. También se ofrecieron proyecciones y la Escuela de Arte ofreció en su hall de entrada una muestra alusiva.
El momento cumbre de la velada llegó hacia la medianoche y tuvo en esta oportunidad un final diferente, dado que la zona se vio afectada por un corte de energía eléctrica.
Se decidió entonces concluir el acto con la lectura, a la luz de las velas, de los nombres de las 129 víctimas ‘presentes’ del terrorismo de Estado vinculadas a la ciudad, quedando pendiente la lectura del documento que año a año presenta la Comisión Permanente por la Memoria, que circuló luego a través de sus cuentas en redes sociales y puede leerse completo AQUÍ.
En dicho documento se puso el acento en que, a 50 años del Golpe de Estado de 1976 y a más de cuatro décadas de la recuperación democrática, recordar el terrorismo de Estado ‘no es sólo un homenaje: es una responsabilidad colectiva’. “Es defender la democracia, la soberanía y los derechos conquistados por nuestro pueblo”, se lee en el escrito.
En el repaso histórico articulado por la Comisión se pone el acento en que si bien fueron de militares las caras visibles de la dictadura, se trató de un golpe que contó con el apoyo de sectores empresariales, eclesiásticos y con el respaldo estratégico de Estados Unidos en el marco de la Guerra Fría, que posibilitó el despliegue de un “plan sistemático de persecución, secuestro, tortura, asesinato y desaparición de personas”.
El terrorismo de Estado, afirmaron desde la Comisión, fue el instrumento para disciplinar a la sociedad, destruir las organizaciones políticas, sociales y sindicales, e imponer una transformación profunda de la estructura económica y social del país.
Desde esa perspectiva, y luego de aludir al saldo de “30.000 detenidos-desaparecidos y 500 niñeces apropiadas, miles de personas perseguidas, encarceladas, exiliadas o torturadas en más de 600 centros clandestinos de detención”, se pasó revista de las consecuencias devastadoras de la dictadura en términos económicos, aludiendo a desindustrialización, endeudamiento, concentración de la riqueza, la pérdida de participación en la riqueza nacional del salario de los trabajadores y un profundo deterioro de las condiciones de vida.
Se puso en valor por otra parte la lucha de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, familiares y organismos de derechos humanos, definiendo que protagonizaron “una de las mayores gestas de resistencia ética y política de nuestra historia”.
En otro tramo del documento se traza un paralelismo entre políticas adoptadas por el gobierno militar iniciado en 1976 y el actual gobierno nacional, con críticas a ajustes en curso, desmantelamiento del Estado, transferencia de recursos ‘hacia la verdadera casta’, ahogo financiero a las provincias, destrucción de empleo y paralización de la producción, entre otros ítems. También se dirigen críticas al Poder Judicial, definiéndolo como ‘un instrumento de disciplinamiento político’ y con críticas por las causas en que declaró culpables a figuras como Cristina Fernández de Kirchner, Milagro Sala y Julio de Vido. “No hay justicia en la Argentina mientras la principal dirigente política del último medio siglo permanezca presa y proscripta en una causa carente de pruebas”, argumentaron desde la Comisión.
Finalmente, poniendo el acento en la profunda tradición obrera, estudiantil y popular de la población del distrito, en el documento se comparten algunos datos tal vez no demasiado conocidos: la mayoría de las 129 víctimas del Terrorismo de Estado que nacieron, vivieron, trabajaron o fueron asesinado/as en Berisso tenía entre 20 y 30 años; todos eran trabajadores/as y/o estudiantes secundarios o universitarios; 9 eran menores de 20 años; 2 estudiaban en el Colegio Industrial, 2 en la Escuela de Arte y 2 fueron soldados conscriptos; 28 fueron trabajadores/as del Frigorífico SWIFT, 11 del Astillero Rio Santiago, 8 de Propulsora Siderúrgica, 6 de YPF y 50 trabajaban en distintas dependencias oficiales (ministerios, municipalidades, hospitales, escuelas, hipódromo, legislatura, Banco Provincia o Banco Cooperativo de Berisso, entre otros).