Esta semana, con la firma de una Resolución, el Director General de Cultura y Educación, Alejandro Finocchiaro, determinó que las instituciones educativas bonaerenses no podrán ser escenario de actividades político-partidarias.
A la hora de exponer los fundamentos que lo llevaron a avanzar en la reglamentación del uso de edificios escolares, el funcionario sostuvo que la Escuela ‘debe ser el espacio de la pluralidad y no de voces sesgadas’. “Tiene que ser un lugar de todos y hay que evitar, dentro de ella, la sectorización de la sociedad”, señaló.
La medida se enmarca en la normativa referida a la utilización de los edificios escolares fuera del horario de clases, durante feriados y en días inhábiles para la realización de las actividades ordinarias.
“Se puede debatir sobre ideas en las escuelas, siempre y cuando estén representados todos los sectores. Pero estará vedada esta posibilidad cuando se quiera teñir el espacio de reflexión de un solo color político partidario. Los partidos deben promover estas actividades en espacios concebidos para ese fin”, consignó Finocchiario.
Con fecha del 16 de enero, la Resolución Nº7 establece puntualmente que no podrán realizarse en escuelas ‘actividades con connotaciones raciales o que afecten los principios y fines establecidos por la Constitución Nacional y la Constitución de la Provincia de Buenos Aires’.
La reglamentación, cabe subrayar, también es taxativa en cuanto a la prohibición de expendio de bebidas alcohólicas y tabaco y la realización de juegos de azar en dichos espacios.
Para Finocchiario, la medida ayudará a preservar la función pedagógica de la Escuela. “Esta resolución se suma a otras políticas de gobierno que tienden a recuperar la normalidad de roles y responsabilidades dentro de las instituciones”, señaló. “La Escuela debe volver a ser un lugar sagrado, donde toda la comunidad educativa se sienta resguardada y protegida. En definitiva, debe ser un ámbito de respeto para todos los que allí enseñan y estudian y un espacio idóneo para un buen proceso de aprendizaje y crecimiento”, completó.
La Resolución se suma a otras medidas ya adoptadas por la cartera educativa provincial, detrás del objetivo de ‘normalizar’ el espacio escolar, conforme a la perspectiva de su máximo responsable. En ese terreno se inscribe por ejemplo la modificación al Código de Faltas que introdujo un cambio en las penas para quienes agredan y/o agravien a docentes. Las líneas de acción están orientadas, aseguran en la primera plana de la DGCyE, a ‘restaurar y devolver la autoridad al docente’, realzando su investidura.
Al referirse a los alcances de la nueva disposición, y a la vista de las interpretaciones que puedan suscitarse frente a casos puntuales, Finocchiaro señaló explícitamente que lo resuelto no afectará el normal desempeño y funcionamiento de los centros de estudiantes, a los que definió como ‘una institución dentro de las escuelas de la provincia’.
Voces locales
El arco de posturas personales, posiciones ideológicas y planteos institucionales respecto de cuál debería ser el vínculo escuela-política es amplio, como difícil de abarcar su descripción. Sin embargo, pueden resultar de interés algunas reflexiones recogidas en una breve ronda de consultas formuladas a algunos referentes institucionales y políticos del distrito.
Para la Directora de la Escuela de Educación Secundaria Nº1, Adriana Scimeca, la política partidaria debe quedar decididamente fuera de la institución escolar, no así la política ‘como herramienta para la formación ciudadana’, algo que se trabaja en varias asignaturas comprendidas en los planes de estudios, que permiten abordar la relación de la política con los derechos ciudadanos.
“Esta disposición viene a completar un marco legal”, analiza la docente, consultada sobre la Resolución en cuestión, subrayando que tampoco aplica a la actividad de los centros de estudiantes. “Sabemos que los chicos tienen una ideología, porque podemos observarlos en sus reclamos, pero las banderas político-partidarias las dejan afuera”, observa.
Desde la perspectiva del secretario general de SUTEBA Berisso, Leonardo Meza, leer en titulares ‘prohíben actos partidarios dentro de las escuelas’ suena desalentador.
“Desde el regreso de la democracia en 1983 hasta hoy, la política partidaria dentro de las instituciones escolares nunca perjudicó el proceso de aprendizaje, todo lo contrario”, asevera.
La Resolución, define en consecuencia, representa un ‘retroceso’. Para advertirlo propone echar un vistazo a la dinámica de los centros de estudiantes. “Quienes defienden los derechos de los estudiantes a través de esos centros son motorizados por sus ideologías y por las agrupaciones políticas con las que comulgan”, expone.
También se pregunta cómo aplicaría la Resolución ante la visita a una escuela de un intendente, otro funcionario público o, por ejemplo, un referente de Derechos Humanos. “Esta decisión, junto con el corrimiento del feriado por el 24 de marzo y las diferencias en paritarias, serán los ejes de la discusión de cara al reinicio del ciclo lectivo”, pronuncia como vocero de su gremio.
Sergio Rolón, secretario de Juventud del Partido Justicialista a nivel local considera que la Resolución no es mala, siempre que sea respetada ‘por todos los partidos políticos’. “No me parece mal la prohibición de los actos partidarios en las escuelas, porque pueden influir en los jóvenes en su posicionamiento y cada uno tiene que ser libre para elegir”, plantea.
“Si a lo que se apunta es a desarticular los centros de estudiantes, estoy totalmente en desacuerdo”, aclara no obstante. “Son una fuerza de lucha para lograr el bienestar de los alumnos. Si se va contra eso, volveríamos a épocas en las que los chicos no se interesaban ni hablaban de política”, completa, considerando vital el fortalecimiento de espacios como los que ofrece la asignatura Construcción de Ciudadanía en la actual escuela secundaria.
A los ojos de la presidente de la Juventud Radical berissense, Daniela Goga, ‘el buen uso de la política’ -con los límites que impone el respeto, el diálogo y el debate- es ‘el gran vehículo para el crecimiento de una nación’. En el ámbito de la Escuela, advierte, las energías deben estar dirigidas a que los estudiantes puedan expresar sus ideas sin miedo a ser cercenados o castigados.
Para la joven dirigente, que también integra el actual gobierno comunal como referente de DDHH, la Resolución firmada por Finocchiaro apunta a “replantear la vida política dentro de las instituciones educativas a partir de parámetros beneficiosos tanto para los estudiantes como para las instituciones y la sociedad en general”.
En buena medida, reflexiona, se trata de una medida necesaria luego de años de ‘mal uso y abuso’ de las instituciones escolares, en donde ‘se buscó preservar los intereses particulares por sobre los colectivos, a cualquier costo’, a partir de políticas que fomentaron una sociedad notablemente ‘sesgada’.
“Replantear aquellos espacios en donde debemos formarnos como sujetos sociales es fundamental para la época en la que vivimos, para no caer en un estado de inconsciencia colectiva”, sostiene.
