El martes, la undécima sesión ordinaria contó con asistencia perfecta. La reunión estuvo marcada por la aprobación de un convenio clave para la creación del Consorcio de Gestión y Desarrollo de la Región Capital, así como por un intenso debate sobre un proyecto de capacitación en violencia laboral, impulsado por el gremio ATE.
Tras el izamiento de la bandera, la concejal Mariana Astorga, del bloque Juntos por el Diálogo Federal, utilizó el Artículo 80 para expresar su preocupación sobre la situación de los guardavidas, quienes, según informó, fueron desplazados “por no aprobar un examen psicotécnico”, siendo reemplazados por personas cercanas a la gestión municipal.
La sesión comenzó con el tratamiento de varios dictámenes de Comisión. Se decidió archivar un reclamo de los vecinos por el venteo de carbonilla de la fábrica Copetro y se envió a comisión un pedido de informes sobre la situación de las playas, presentado por la ambientalista Natalia Penda.
Uno de los puntos más relevantes del encuentro fue el tratamiento del proyecto de Leasing para la compra de dos camiones destinados a la comuna, presentado por la Secretaría de Economía.
Gabriel Marotte, presidente del bloque PJ – Unión por la Patria, destacó el apoyo unánime de la oposición y elogió la gestión del Ejecutivo. Maximiliano Fernández, del bloque Juntos por el Diálogo Federal, mostró su respaldo al proyecto, señalando que la deuda contraída sería asumida por la propia gestión. “Entendemos que el proyecto está dentro de los marcos generales y si se quiere celebramos el asumir responsabilidades por parte del Ejecutivo, como que esta deuda que se contrae será finalizada por la propia gestión. Muchas veces una gestión compra algo que lo paga la gestión que viene. Vimos el expediente está atado a una garantía del Banco Provincia. Este proyecto es beneficioso para la ciudad y realmente se necesitan vehículos con esa capacidad operativa. No queremos poner palos en la rueda para que el municipio y los vecinos tengan este avance”, destacó.
La sesión continuó con el análisis de una propuesta relacionada con la creación del Consorcio de Gestión y Desarrollo de la Región Capital. Daniel Del Curto, de La Libertad Avanza, expresó su intención de abstenerse, mientras que Melisa Aguilera, libertaria con bloque propio, manifestó su rechazo.
Matías Nanni, presidente del bloque Juntos, resaltó la importancia de una política de Estado que trascienda los intereses partidarios y Maximiliano Fernández expresó su apoyo a la iniciativa regional. “Hay puntos que son superadores. Es un proyecto ambicioso y que será beneficioso en términos de infraestructura y laborales para la región, más allá de tener matices con algunas cuestiones puntuales”, consideró.
El proyecto fue finalmente votado a favor por los bloques PJ-Unión por la Patria, Juntos y Juntos por el Diálogo Federal.
Violencia laboral
El punto más controvertido de la jornada fue el proyecto de capacitación en violencia laboral presentado por el gremio ATE. Mariana Astorga criticó la falta de un protocolo de seguridad que respalde la iniciativa. “Ese protocolo de seguridad no está. La idea nuestra era trabajarlo en comisión con todos los actores que han iniciado esta movida que es importante, porque ya sabemos que hay trabajadores que han sufrido violencia en la calle”, advirtió.
Desde el oficialismo, Antonio Ligari defendió la propuesta y expuso que el objetivo de la iniciativa apunta a darle potestad al área municipal de DDHH y a la dirección de Mujeres, Género y Diversidad. “Vemos con buenos ojos que haya una mesa donde estén integradas todas las partes y sindicatos para poder llegar a todos los trabajadores municipales. Avanzar hacia estas políticas es sumamente importante”, señaló. Sin embargo, Astorga insistió en la falta de un protocolo concreto. “Si no tenemos un protocolo en materia de seguridad para proteger la relación laboral, es muy difícil capacitar. Hacemos un discurso, pero los trabajadores continúan estando expuestos. Nos quedamos en lo discursivo, pero no vamos a los hechos”, opinó.
“El llamado de la mesa es justamente para construir un protocolo”, respondió Ignacio Bruno desde la bancada oficial. “Nos comunicamos con representantes del Sindicato de Trabajadores Municipales que hicieron la presentación antes que el expediente de ATE. Los sindicatos van a ser parte de la mesa para construir el protocolo”, anticipó.
Patricio Yalet, concejal del bloque Juntos, retrucó los dichos de Bruno y brindó argumentos para pedir la reserva del expediente en comisión. “Nosotros nos comunicamos con el Sindicato de Trabajadores Municipales. Hay un tema que es político y otro gremial, hay un gremio más oficialista que otro. El Sindicato de Trabajadores Municipales no participó de una primera reunión porque se negó a participar. Casualmente esa reunión fue en la secretaría de Desarrollo Social del municipio, convocada por los funcionarios, donde estuvieron solamente dos gremios, que son los dos gremios minoritarios. El Sindicato de Trabajadores Municipales no asistió porque no estuvo de acuerdo con esa reunión”, sentenció.
“El Sindicato se comprometió a concurrir a la comisión y que estén los tres gremios para el armado de la mesa y la confección del protocolo. En vez de echar nafta al fuego, pongamos paños fríos, convoquemos a los gremios y trabajemos en conjunto para que los episodios de violencia hacia trabajadores no vuelvan a ocurrir”, apuntó luego.
“El foco y el objeto de este expediente es la problemática de la violencia laboral y no es la cuestión específica de los sindicatos y su relación con la gestión”, definió por su parte Ligari antes de la aprobación del expediente con el voto de la mayoría oficialista.
