Este viernes se conmemora en la Argentina el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, fecha en la que se busca mantener vivos en la reflexión y memoria social los tristes acontecimientos generados por el proceso militar.
Pasaron 41 años del inicio de la última dictadura. Si bien son varias las décadas que distan de aquel doloroso período, desde una perspectiva histórica amplia se trata sin dudas de un pasado reciente.
Los primeros pasos en la búsqueda de la verdad se dieron en el año 1977, en pleno gobierno de facto, con la creación casi en simultáneo de las organizaciones de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.
Desde el retorno a la democracia con Raúl Alfonsín y con la posterior creación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, se realizaron intensos esfuerzos para esclarecer diferentes aspectos relacionados con el genocidio.
La decisión de Alfonsín de crear una comisión investigadora llegaría junto con el decreto mediante el cual el entonces Presidente ordenaba el procesamiento de las tres juntas militares que dirigieron al país durante el Proceso.
Las investigaciones, recopiladas y publicadas en el libro “Nunca Más”, junto con el enjuiciamiento a las Juntas, sin duda sentaron las bases para el inicio de un consenso social de reconocimiento del plan sistemático de desaparición de personas que se aplicó en los años de plomo.
En la búsqueda de Justicia, no todos los intentos fueron en la dirección correcta. La Ley de Punto Final y Obediencia Debida, junto con los indultos durante la era menemista, fueron categorizados por los movimientos de derechos humanos como ‘las leyes de la impunidad’.
Durante el gobierno de Néstor Kirchner, el Congreso Nacional dictó la nulidad de dichas leyes, mientras que la Corte Suprema de Justicia declaró la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad.
Juicios con sentencia en La Plata
Como consecuencia de la anulación de los indultos y las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, se reabrieron las causas por violaciones a los derechos humanos. En la región, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de La Plata marcó un antes y un después en lo que respecta a los juicios orales y públicos en Argentina; Miguel Etchecolatz se convirtió en el primer represor llevado a la justicia bajo estas condiciones. Además, en dicha sentencia se reconoció por primera vez que los hechos configuraban delitos de lesa humanidad cometidos en el marco del genocidio.
La causa Von Wernich fue otro caso emblemático que fue llevado adelante por el Tribunal Oral en el Criminal Nº 2 de La Plata. Durante este juicio se pudo comprobar que en su rol de sacerdote, Von Wernich extrajo información de las víctimas convirtiéndose en responsable de 7 muertes, 31 casos de tortura y 42 privaciones ilegitimas de libertad.
Por último, las causas enmarcadas en la Unidad Penal Nº 9 de La Plata también constituyeron un hito histórico en los procesos de condena por delitos de lesa humanidad. En dos juicios, fueron 19 los ex-agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense juzgados y condenados por los delitos de privación de libertad y tortura.
