Podrían ser alrededor de quinientos los berissenses damnificados por una organización que utilizaría pagarés ‘truchos’. La causa se tramita en la UFI a cargo del Dr. Garganta.
La causa cobró estado público luego de que, en los últimos días, se llevaran adelante varios allanamientos en distintos domicilios de la ciudad, en un local comercial de La Plata y en un inmueble del conurbano bonaerense, situado puntualmente en Ranelagh.
Instrumentados por la DDI La Plata, los procedimientos se enmarcan en una denuncia formulada por Federico Castaño, un trabajador de YPF que se declaró damnificado por un pagaré ‘apócrifo’ ejecutado el 28 de diciembre de 2016.
“Mi problema surge hace ocho meses, cuando me encuentro con un embargo en mi recibo de sueldo, en el cual nunca me llegó ningún tipo de notificación. Lo primero que hago es solicitar el oficio en la empresa en la cual trabajo, que es YPF, y luego de dos semanas me informan, a través del oficio que pedí, que una persona me demanda por cobro ejecutivo por la suma de 150 mil pesos más intereses”, narró.
A la vez, subrayó que los imputados en la causa se negaron a presentar documentación relacionada con los pagarés en que figuraba su nombre. “Apareció en el oficio el nombre de esta persona y el del abogado que lo representa. Nos acercamos al estudio y en esa reunión no nos explicó de donde procedía la deuda, ni dio ningún tipo de documentación. Sólo me mostró información de mi persona donde figuraban las empresas en las cuales había trabajado”, detalló Castaño.
“Solamente saco préstamos en la cuenta personal donde me acreditan el sueldo. En ningún momento he sacado ningún tipo de préstamo en alguna financiera, ni a una persona en particular”, subrayó también el denunciante, observando que a raíz de la situación quiso conocer un expediente que se encuentra en el Juzgado Civil y Comercial Nº6. “Continuando la pista con el nombre del demandante nos encontramos con una organización que ha demandado a alrededor de 500 personas de Berisso y la región”, indicó.
A partir de ese dato, decidió avanzar con acciones junto a un grupo de damnificados. “Comenzamos a trabajar con un grupo de gente que se encuentra en la misma situación. Muchas personas radicaron la denuncia en Comisaría Primera y en función de eso se generó una denuncia penal que se encuentra en la UFI Nº11 a cargo del fiscal Álvaro Garganta. Con toda la información que recolectó el Fiscal, el juez de Garantías aprobó realizar ocho allanamientos en la ciudad, uno en el conurbano y otro en la ciudad de La Plata en los cuales encontraron documentación probatoria”, resaltó Castaño.
Varios millones en juego
El Dr. Juan Cruz Diez, abogado defensor de los damnificados, explicó cuál sería el modus operandi de la organización delictiva que se investiga. “Hay varias metodologías. Fundamentalmente trabajan en base a lo que se llama un cobro ejecutivo, que es un pagaré en blanco en el que la gente pone su firma. En otros casos, algunas personas han sacado créditos por dos o tres mil pesos, abusándose estos prestatarios a través de la figura de la ‘usura’, con la firma de estas personas sin completar el resto del pagaré”, describió. “Muchos damnificados nos comentaron que cuando estaban a punto de terminar de pagar el crédito, les expresaban que pasaran la próxima semana. Cuando volvían para pagar, les decían que su caso estaba judicializado. Como la gente había firmado el pagaré y el monto de la deuda quedaba en blanco, estas personas ejecutaban el pagaré por un monto cien veces mayor al del préstamo”, planteó también.
Para el letrado, se está aquí frente a la figura de una ‘asociación ilícita’, cuyo objetivo el de ‘estafar’ a la gente. “Los damnificados nos aseguran que no los conocen (a los responsables de la operatoria) y que nunca firmaron un pagaré. También se demostró la firma calcada en los pagarés. Muchos damnificados nunca han sacado un crédito con esta gente, razón por la cual uno puede prever que hay un abuso de una firma en blanco”, argumentó.
La investigación está orientada a determinar si existió o existe una organización que a lo largo de más de 5 años se dedicó a este tipo de fraude, apuntando a trabajadores en relación de dependencia y a monotributistas y, en algunos casos, oficiando de prestamistas de algunos de esos trabajadores.
“El gran negocio de esta organización está en la gente con un trabajo en blanco. Tienen una base de datos y ejecutan a personas con trabajo en blanco para poder hacer un descuento todos los meses del salario que perciben”, puntualizó Diez, detallando que los juicios promovidos por la aludida organización superarían en total los 25 millones de pesos.
Pasos a seguir
Según detalló el letrado, cada semana aparecen nuevos damnificados, que realizan sus respectivas presentaciones. “Intentaremos a través de un recurso de amparo cortar los embargos, frenar los descuentos mensuales que se les hacen a los damnificados. Luego, si la justicia considera que hay pruebas suficientesm juzgará a los imputados”, manifestó.
Intimidaciones
El abogado también hizo un llamado de atención frente a las intimidaciones que, según dijo, recibió Federico Castaño. “Son pequeños llamados de alerta porque esta gente se mueve con total impunidad. Hace aproximadamente 15 días se aparecieron en la casa de uno de los damnificados. En el caso de Castaño, sufre en su vivienda, a la madrugada, un timbreo incesante. Llama la atención que sucedan ciertas cuestiones como cortes en los cables de luz. Son pequeños llamados de atención que estamos poniendo en conocimiento de la Fiscalía para que se garantice su seguridad y la de su familia”, advirtió.
