La iniciativa surgió como respuesta a las sucesivas amenazas de bombas y a las numerosas situaciones violentas que se suscitaron dentro de colegios en el último mes.
Durante el día de ayer, la cartera educativa que comanda Gabriel Sánchez Zinny dio a conocer un nuevo protocolo al que deben ajustarse las autoridades de las escuelas bonaerenses y distintos funcionarios provinciales cuando se registre algún caso de delito dentro de los establecimientos. La iniciativa surgió como respuesta a las sucesivas amenazas de bombas y a las numerosas situaciones violentas dentro de colegios que tomaron relevancia mediática el último mes.
La guía cuenta con nueve artículos y tiene como objetivo que la DGCyE tenga un rol activo ante este tipo de hechos y pueda ser admitida por la Justicia como particular damnificado, para de esta manera colaborar con la investigación que se realice. Entre los puntos, se establece que las autoridades educativas que tomen conocimiento de un hecho conflictivo deberán radicar la denuncia en la fiscalía de turno y tendrán que informar sobre el suceso al Inspector de Enseñanza, quien trasladará la información a la Jefatura de Distrito y ésta a la Jefatura de Región correspondiente. El traslado de información continúa con el aviso al delegado de la Dirección de Legal y Técnica Educativa, por parte de la Jefatura regional. Así, se presentará ante fiscalía un escrito para informar que la DGCyE ‘se pone a disposición’ y ‘ofrece colaboración en la investigación’ para la cual puede solicitar ayuda a las autoridades escolares e inspectores. Finalmente,el último artículo expresa que ‘en caso de determinarse elementos conducentes de la participación de un alumno’ en el hecho denunciado ‘el delegado de Legal y Técnica Educativa notificará al Inspector Jefe Regional a fin de que éste arbitre las medidas disciplinarias’ de acuerdo a las normas de cada institución.
