Luego de analizar las recientes modificaciones introducidas en la reglamentación de la Ley de Etiquetado Frontal, el Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Buenos Aires advirtió que las mismas representan un retroceso significativo ‘en la protección de la salud y el derecho a una alimentación adecuada’.
“Entendemos que una alimentación saludable es un derecho fundamental y que el etiquetado de los alimentos juega un papel crucial en la toma de decisiones informadas por parte de los consumidores. Consideramos que las normas que regulan el etiquetado deben ser claras, precisas y coherentes con los objetivos de promover la salud y prevenir enfermedades crónicasâ€, sostuvo la licenciada en Nutrición (MP 4435) Laura Salzman, presidente de la institución que nuclea a nutricionistas bonaerenses.
“Las modificaciones introducidas a la ley, nos generan serias dudas sobre su capacidad para cumplir con estos objetivos. Por ejemplo, al relajar los requisitos de etiquetado y permitir una mayor flexibilidad en el uso de términos como “light†y “bajo enâ€, se corre el riesgo de generar confusión en los consumidores y de promover la elección de productos menos saludablesâ€, afirmó también la profesional.
Para el Colegio, las modificaciones introducidas a través de las disposiciones 11362/2024 y 11378/2024 abre la puerta a ‘información engañosa’, al permitir que se consideren solo los nutrientes añadidos y no los intrÃnsecos del producto. “Se oculta información crucial sobre su composición nutricional realâ€, entienden.
También ponen reparos a lo que sucede con la publicidad, argumentando que la flexibilización en el uso de ‘claims’ como ‘light’ en productos con exceso de azúcares genera confusión en los consumidores y promueve la elección de productos poco saludables.
Finalmente, señalan que la reducción de la edad lÃmite para la protección frente a la publicidad de productos ultraprocesados y la permisividad en el uso de elementos de marketing dirigidos a niñas, niños y adolescentes, vulneran sus derechos, y que la eliminación de las declaraciones juradas implica ‘una pérdida de control sobre la información nutricional de los alimentos’, dejando a los consumidores ‘a merced de la buena fe de las empresas’.
