Los hechos de vandalismo que se registraron el último fin de semana en la zona de Montevideo y 14 llevaron a la Cámara de Comercio e Industria a pedir una reunión con autoridades policiales y comunales. El encuentro se llevó a cabo a inicios de la semana que pasó, en el complejo multiespacio HUVIGA, ubicado en 164 entre 15 y 16.
En la reunión, desde la Cámara se repasaron las falencias en materia de seguridad que enfrenta la zona comercial. “Nos encontramos con un panorama preocupante porque las cámaras de seguridad no funcionan. Respecto del personal policial, el argumento fue que la sábana siempre es corta, que no alcanzan los numerarios. Estas explicaciones no nos parecen justas, porque el comerciante hace un esfuerzo muy grande para pagar toda la parte tributaria, pasando muchas horas detrás del mostrador. Sabemos cuáles son nuestras obligaciones; también tenemos nuestros derechos”, expuso Roberto Batelli, titular de la CCIB.
Para el referente mercantil, las autoridades municipales no asignan una ‘real importancia’ a la necesidad de combatir la problemática del vandalismo. “La solución no está y lo más grave es que manifiesten que no saben cuándo estarán colocadas y funcionando las cámaras de seguridad. Es grave porque la ciudad está indefensa; te sentís desprotegido”, cuestionó.
En la reunión, el concejal Carlos Festa expuso que el Concejo Deliberante presentó diecisiete pedidos de informes al Ejecutivo con respecto a las cámaras de seguridad, sin obtener contestaciones.
“Si no escuchás a un concejal que es elegido por el pueblo, que tiene el poder necesario para recibir una respuesta amplia del Ejecutivo, qué podemos esperar nosotros, nada”, planteó Batelli, remarcando que la obligación de la entidad que preside es participar activamente en las reuniones con autoridades comunales y políticas que se generen. De todos modos, opinó que no hay políticas inmediatas para combatir el delito. “Soluciones no hay y esto da mucha bronca e impotencia, porque la situación económica del comercio no es la mejor. El lunes los comerciantes continuarán reuniéndose y en mi rol de dirigente siempre hice lo que decidió la mayoría. Hay una realidad, tributamos para la tasa de Seguridad ¿Qué se hace con el dinero que se recauda? ¿A dónde va? Si vos tenes una plantilla política municipal que gasta 6.300.000 pesos por mes, no me podes decir que no funcionan las cámaras de seguridad”, cuestionó, definiendo que se vive una situación de ‘sálvese quien pueda’. “Acá un costo político importante que va a pagar el Ejecutivo municipal, porque vos no podés dejar a una ciudad sin seguridad”, sentenció.
