Mientras continúan las investigaciones con el objetivo de identificar a nuevos responsables de llamadas intimidatorias, las amenazas de bomba que afectan a establecimientos educativos públicos y privados de la ciudad continúan.
En los últimos dos meses, los llamados de este tipo receptados en el 911 sumarían ya más de 170. La práctica se volvió un hecho habitual para muchas escuelas que deben desalojar los edificios con las consecuencias pedagógicas y psicológicas que esto implica.
Además, muchos se quedan sin su plato de comida a raíz de la evacuación. El Ejecutivo comunal recordó que en caso de que los llamados sean realizados por un menor de edad, la sanción recaerá sobre los mayores responsables.
Para volver a hacer oír su fastidio por la situación e insistir con el reclamo de que se tomen medidas que permitan poner fin a esta situación, un grupo de padres movilizó el miércoles a última hora de la tarde a la zona del Centro Cívico.
