Autoridades municipales y padres pidieron al Procurador General que las más de 350 causas iniciadas en torno a la temática sean abordadas por una sola fiscalía.
Las amenazas de bomba que se vienen repitiendo en varios establecimientos educativos desde hace meses constituyen una problemática a la que aún no se le encuentra solución.
Más de 300 llamados intimidatorios se replicaron durante el turno mañana, tarde y vespertino, impactando sobre lo pedagógico y la asistencia que los estudiantes reciben en comedores escolares. Por eso, miembros de la comunidad educativa local encararon en las últimas semanas diferentes marchas para exigir a las autoridades que exploren alternativas para cortar de raíz el problema.
Desde el Ejecutivo y buscando agilizar los canales de investigación, durante la mañana del martes, el intendente Jorge Nedela y el subsecretario de Seguridad Ciudadana, Hugo Dagorret, se entrevistaron con el Procurador General, Julio Conte Grand.
El encuentro se desarrolló en la sede de la Procuraduría en el edificio de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia y tuvo como objetivo analizar diferentes acciones de carácter judicial para intentar frenar las intimidaciones.
Se sumaron además al debate el director de actuaciones judiciales de la Dirección General de Cultura y Educación, Gonzalo Miranda, y su equipo de trabajo y padres y docentes de la comunidad educativa que impulsaron una junta de firmas reclamando junto al Municipio la posibilidad de unificar en una misma fiscalía las más de 350 denuncias que impulsaron desde el Estado en las diferentes comisarías. Según se evalúa, esto daría celeridad a los procedimientos a partir de una dedicación exclusiva del magistrado que designe el Fiscal General Héctor Vogliolo. Otras experiencias realizadas en igual sentido en los distritos de Morón y Tres de Febrero, se observó durante el encuentro, lograron que las intimidaciones bajaran de 300 a 30.
Luego de dar con los responsables -en el caso de nuestra ciudad 5 allanamientos fueron positivos-, el intendente instruyó a la Asesoría Letrada para que intime a los responsables, y en el caso de ser menores, a quienes los tienen a cargo, a cumplir con una multa económica por daños y perjuicios. En el caso de no poder afrontar la deuda, los responsables deberán cumplir con tareas comunitarias.
Un dato llamativo que surgió en la reunión está asociado al número de llamados que registró el 911: Mientras en Ensenada sólo se recibieron 3 llamados, en La Plata se registraron 106 y en Berisso más de 350. Otro dato curioso aportado por las autoridades es que en las últimas semanas se registraron llamados ‘provenientes de la localidad de La Matanza’.
Finalizado el encuentro, el Dr. Conte Grand explicó que se abordaron los mecanismos en los que se trabajó desde el Ministerio Público y las medidas que se implementarán a futuro para intentar reducir los índices de denuncias y “terminar con esta ola de amenazas de bombas que están afectando la tranquilidad pública y en particular a la de la comunidad escolar”.
Conte Grand estableció que una de las medidas que se examina es la posibilidad de unificar el tratamiento de las denuncias en una misma Unidad Fiscal para que se puedan concentrar e implementar una metodología exclusiva. “Probablemente éste sea uno de los mecanismos que tenga mayor eficiencia en el tratamiento de los temas”, consignó el funcionario, quien con la intención de llevar tranquilidad a la comunidad aseguró que ‘desde el Ministerio Público queremos que sepan que estamos trabajando mucho en esta temática’. “Hay confianza en que los próximos días iremos controlando la situación para que efectivamente vuelva la calma a las familias y a la comunidad educativa”, observó.
Por su parte, Nedela evaluó como ‘muy productivo’ el encuentro. “Las resoluciones que se han tomado junto a Julio Conte Grand, a los padres y docentes, a los representantes de la Dirección General de Educación y a la Municipalidad, son muy positivas. Esta es una problemática que tiene muchas aristas y debe ser abordada desde distintos ámbitos”, aseveró.
Por su parte, el subsecretario de Seguridad, Hugo Dagorret, planteó que durante la reunión en la Procuración se pidió que se contemple la posibilidad de que se designe a la doctora María Cecilia Corfield como fiscal responsable de continuar con la investigación.
Expectantes por el curso que se dé a las nuevas medidas, padres y docentes que participaron de la reunión describieron que desde la DGCyE también se estableció el compromiso de trabajar con los docentes y directivos para ayudar a los chicos desde el lugar que corresponda.
