El Defensor del Pueblo Adjunto, Walter Martello, cruzó a funcionarios que en sus declaraciones asocian la delincuencia con la inmigración.
El debate respecto de los extranjeros y sus vínculos con el delito sumó esta semana en territorio bonaerense un nuevo condimento aportado por el Defensor del Pueblo Adjunto, Walter Martello, quien expuso que conforme a estadísticas oficiales, en promedio sólo el 3% de los detenidos son extranjeros, índice que baja al 1% si se trata del fuero penal juvenil bonaerense.
“Las estadísticas sobre las personas detenidas extranjeras se vienen manteniendo constantes desde hace varios años en la Provincia, con lo cual no hay ningún dato empírico que indique que se han incrementado los delitos cometidos por ciudadanos de otros países. El último relevamiento realizado por la Procuración bonaerense muestra que en algunos departamentos judiciales, como Trenque Lauquen y Necochea, el 100% de los presos son de nacionalidad argentina”, aseveró Martello.
Al mismo tiempo, el Defensor del Pueblo Adjunto remarcó que al profundizar el análisis de quienes están privados de su libertad dentro del fuero penal juvenil (16 y 17 años de edad) aparece que prácticamente no hay jóvenes extranjeros privados de su libertad en varias regiones de la Provincia.
Ello sucede, según se desprende de los datos del Registro de los Procesos del Niño del año 2017, en los departamentos judiciales de Junín, Mar del Plata, Mercedes, Moreno, Necochea, Pergamino, San Nicolás y Trenque Lauquén.
Martello, quien a la vez está a cargo del Observatorio de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Defensoría remarcó que en la Argentina existe, desde hace muchos años, un marco normativo que incluye un criterio probatorio estricto, que le otorga facultades a las autoridades de la Dirección de Migraciones para evitar el ingreso al país de personas en conflicto con la ley o para expulsar a quienes no tienen la documentación en regla.
Además, calificó como ‘absolutamente regresivas’ declaraciones formuladas en los últimos días por funcionarios y legisladores nacionales respecto de la promoción de una política migratoria ‘diferenciada y selectiva’.
“Esa política busca clasificar a los migrantes en dos grupos: los ‘buenos’, que pueden regularizarse, y los ‘malos’, a quienes les corresponde la expulsión”, remarcó. “Tal mirada pone a las personas extranjeras bajo una sospecha permanente. Se busca asociar la migración con la delincuencia, sobre un diagnóstico que está basado en datos que, en el mejor de los casos, están distorsionados y descontextualizados. Pareciera que en este año electoral, se busca generar una suerte de efecto regional incentivando la estigmatización de las personas migrantes”, dijo también.
Finalmente, cuestionó toda política migratoria inspirada en la ‘xenofobia’. “Puede derivar en una situación de discriminación institucional, violando lo que el propio Estado argentino se comprometió a cumplir cuando adhirió, junto a 160 naciones, al Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular. Dicho pacto se estructura en torno a 23 grandes objetivos y, entre esas metas, establece que se debe usar la detención de migrantes sólo como última opción”, advirtió.
