Piden que el IPS revise casos de militares procesados y condenados y de otros beneficiarios que nunca habrían reunido las condiciones para percibir la pensión.
Los Centros de ex-Combatientes de Berisso y La Plata (CEVECIM y CECIM) denunciaron que siguen pagándose pensiones apócrifas a personal militar que participó en el conflicto de Malvinas. Referentes de las instituciones remarcan que muchos de ellos fueron procesados o condenados por violaciones a los DDHH.
Para poner fin a esta situación, las instituciones que nuclean a ex-soldados conscriptos de la región solicitaron a la Legislatura provincial que en forma urgente envíe al Poder Ejecutivo provincial un pedido de informe que eche luz sobre cuál es el número de beneficios que se otorgan a partir de la sanción de la Ley 12.006 y sus modificatorias.
Según explicaron, este beneficio originalmente había sido otorgado a los ex-soldados conscriptos y civiles que participaron en la guerra de Malvinas ‘en efectivas acciones de combate’, pero luego se efectuó una modificación que incluyó al personal de cuadros de las Fuerzas Armadas, con lo que el número de beneficiarios creció a 7 mil (pensiones otorgadas por el IPS).
La información con la que cuentan dichas organizaciones “no justifican” para el año 1982 esa cantidad de militares viviendo en la Provincia de Buenos Aires. Para acceder al beneficio, se debería demostrar fehacientemente un domicilio en dicho territorio anterior al 2 de Abril de 1982.
“La información de las 7.000 pensiones honoríficas para militares no cierra por ningún lado. Es injustificable ese número y desde los organismos adelantamos que puede haber maniobras que ponen en riesgo al erario público y el financiamiento del sistema previsional provincial”, detallaron fuentes del CEVECIM.
Los ex-soldados conscriptos, a partir de la Ley 14.486 que los reconoce como ciudadanos ilustres de la Provincia de Buenos Aires, cuentan con una ‘pensión distinguida’. El beneficio alcanza a unas 3.500 personas, cifra acorde con la población histórica de conscriptos que vivían en la provincia antes de la guerra.
Se vuelve inexplicable, entienden, que en la Provincia de Buenos Aires se pueda demostrar que más de 7000 militares hayan podido justificar su domicilio anterior al 2 de Abril de 1982. “Sospechamos que estamos ante la existencia de mecanismos apócrifos utilizados para acceder al beneficio y es por ello que exigimos la revisión total de estas pensiones”, señalan ex-soldados nucleados en la institución berissense.
Casos especialmente observados
Desde las organizaciones se pone el acento en que algunos de los militares que cobran pensión fueron procesados y hasta condenados por violaciones a los DDHH en los años de la última dictadura militar, contra lo que indica una de las condiciones de acceso al beneficio.
“Tampoco deben contar con sanciones por actos de incumplimiento de los deberes durante la guerra de Malvinas, circunstancia que de ocurrir con posterioridad a la sanción de la presente, hará caducar el beneficio”, analizan desde el CEVECIM, indicando que al no existir desde el IPS un procedimiento de control sobre la continuidad de los beneficios otorgados, siguen vigentes pagos incorrectos.
Uno de los casos que ponen en la mira es el del Capitán de Corbeta Daniel Eduardo Robelo, condenado por delitos de lesa humanidad, privación ilegítima de la libertad agravada, imposición de tormentos agravados por haber sido cometidos en perjuicio de perseguidos políticos, homicidio calificado y asociación ilícita en perjuicio de 123 personas, en el marco del juicio “Base Naval 3 y 4″ de Mar del Plata.
Otro ejemplo que citan es el del Mayor Higinio Rafael Robles, quien fuera condenado a prisión perpetua como coautor material del delito de homicidio doblemente agravado por alevosía y por mediar concurso premeditado de dos o más personas e inhabilitación absoluta y perpetua por el asesinato del abogado y político radical de Villa Mercedes (San Luis), Dante Bodo. Actualmente Robles se encuentra detenido en el Servicio Penitenciario Provincial de San Luis.
El Sargento Primero Juan Carlos Camicha, suboficial del Ejército, es conforme a la información que suministran el CECIM y el CEVECIM otro de los beneficiarios indebidos. “Fue condenado a 25 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua para desempeñarse como empleado y funcionario público. Se lo condenó además penalmente por los delitos de Asociación Ilícita y privación ilegítima de la libertad agravada en 74 casos, tormentos agravados en 43 casos y tormentos agravados seguidos de muerto en calidad de coautor en 4 casos”, aseguran.
Por último, advierten con dolor que “los torturadores de soldados en Malvinas” que tienen asignaturas pendientes con la justicia también son beneficiarios del IPS.
“En el año 2007 se radicó la primer denuncia con los primeros 25 casos de soldados que participaron en Malvinas por torturas en el Juzgado Federal de Río Grande dando origen a la causa 1777/07 caratulada ‘Pedro Valentín Pierre y Otro S/ Delitos de Acción Pública’. Hoy ya son más de 120 hechos los denunciados. Finalmente, después de 37 años fueron llamados a indagatoria los primeros 18 militares acusados de tortura”, consignan desde las instituciones malvineras, añadiendo que en todas las unidades militares hay hechos denunciados.
