Vecinos evalúan denunciar penalmente a funcionarios municipales por ‘connivencia’ con usurpadores. Desde la comuna se aclaró que se actuó dentro del marco de la ley.
Una fuerte denuncia comenzó a generarse el último fin de semana raíz de usurpaciones de terrenos delimitados por las calles 152 y 19 y 31 y 163 Norte. Los vecinos identificados como Alejandro Zufriategui, dueño hace más de treinta años de un lote donde funcionaba una fábrica de plásticos ubicada 31 y 163 Norte y María Riquelme, propietaria de los terrenos de la zona de 152 y 19, hace alrededor de dos años que no tienen ningún tipo de respuestas por parte de las autoridades municipales respecto a su situación. Por estas horas los propietarios analizar presentar una denuncia penal contra el intendente y funcionarios de la comuna.
Alejandro Zufriategui, expuso lo que le tocó vivir hace dos años. “Mi situación fue el 8 de febrero del año 2017 con la toma de mi propiedad. En ese momento, fui a la comisaría Segunda a exponer la situación. Me dijeron que estaban al tanto, que el comisario estaba en el lugar de la toma y que debería esperarlo en la comisaría”, expresó. “Obviamente lo que hicieron fue entretenerme para que no esté en el lugar de la toma y exigir como propietario intervenir mi propiedad. En el lugar estaba personal policial y el funcionario municipal Paulo Ferreira que tuvo intenciones de formalizar una especie de convenio con la municipalidad en la cual tenía que ceder el 50 por ciento de mi propiedad a cambio de que ellos salvaguarden el otro 50 por ciento. Todo esto entre gallos y mediasnoches”, advirtió.
Según mencionó, también brindó detalles de la reunión mantenida con el intendente municipal Jorge Nedela en la cual se llevó una sorpresa al presentar a Ferreira como su ‘amigo’ y ‘mano derecha’. “Pido hablar con el intendente al otro día. Asistí con mi abogado y grande fue mi sorpresa cuando me atendió el intendente y me dijo que Ferreira es de su confianza. Esto demuestra a las claras de que hubo una ‘connivencia’ entre el municipio, la policía, la fiscalía y los mismísimos usurpadores. Nos arruinaron la vida y hacemos cargo a estos funcionarios por su mala actuación desde un inicio”, argumentó el Zufriategui. “Mi propiedad era un bien comercial, con los impuestos al día, no era un campo arado. Ellos deberían haber tenido la obligación de cuidar mi propiedad. Me aplicaron con discrecionalidad La Ley Nº 27.453 que fomenta la creación de barrios populares, cosa que no pasó con mi vecino ‘Coninsa’. Hubo un uso discrecional de la ley, pero sólo para mi propiedad”, observó.
El caso de María Riquelme, propietaria de los terrenos ubicados en 152 y 19, tiene características similares a la Zufriategui. El 5 de enero del 2016 más de veinte personas ocuparon el lugar y fue cuando comenzó el periplo de la damnificada. “Nos reunimos en primera instancia con Paulo Ferreira. Luego concretamos una reunión con el intendente Jorge Nedela y la respuesta por parte de las autoridades fue ofrecernos una zonificación de tierras a cambio que el municipio se quedaba con un 30 por ciento de las tierras. Tras el rechazo, bajaron a un 20 por ciento. Aceptamos un preacuerdo, porque era eso o perderlo todo. Con el 70 por ciento nuestro podíamos disponer libremente. Lo firmamos, pero nada se cumplió”, relató.
De la toma, informó Riquelme, en mayo de este año hubo otro acuerdo, cambiando la modalidad de lotes por módulos, pero que la propietaria ya no podría vender a precio de mercado, sino a valores fiscales de lo que establece la Ley Nº 27.453. A la vez, indicó que los usurpadores venden los lotes a través de las redes sociales.
Los damnificados presentaran una denuncia penal contra el intendente municipal, el coordinador de Tierras Pablo Ferreira y otros funcionarios municipales.
Respuesta municipal
El Coordinador municipal del área de Tierra y Vivienda, Paulo Ferreira, respondió a la acusaciones de los vecinos. Aclaró que se actuó en el marco de la ley. “Con relación a la parcela que está en la calle 32 del señor Zufriategui en donde está el galpón industrial debo decir que me contacto con él cuando identificamos al titular. Anteriomente nunca tuve contacto. Luego habla del trato formal con el intendente. La reunión con el jefe comunal la arreglé yo como funcionario. No veo ningún problema que el intendente me presente como un amigo”, aclaró.
“En la reunión a cada propietario se le pregunta que pretende hacer con las tierras. Al tener un terreno ocupado queremos saber que intención tiene. Al ser privada las tierras nosotros no tenemos potestad, no podemos pasar por encima del privado en ningún momento. La respuesta que él dio fue que quería seguir la vía judicial para llegar al desalojo”, indicó el funcionario en referencia a la charla mantenida con el propietario del terreno de 31 y 163 Norte.
“La diferencia entre Zufriategui y Riquelme es que con María Riquelme si firmamos un preacuerdo en el 2016 y lo renovamos en el 2019. Con Zufriategui nunca hubo un preacuerdo. Lo que sucede es como la justicia no le da respuesta en tiempo y forma, ellos acusan a la gestión de poner palos en la rueda. Lo que está frenando el desalojo no es el municipio, lo que frena el desalojo es que la zona se encuentra bajo la Ley de Hábitat”, explicó también.
Con relación al caso María Riquelme, Ferreira expuso que se encararon reuniones en la que se llegó a preacuerdos con la propietaria. “Ella reclama por un preacuerdo que fue firmado en el 2016 y en el 2019 se vuelve a firmar. Riquelme acompañó todo este proceso, estando al tanto de cada movimiento y en febrero del 2019 pone las tierras a disposición del municipio para que la comuna haga las gestiones correspondientes, zonificar las tierras y regularizar los servicios de agua potable y luz. Luego ella lo rechaza porque sigue reclamando que le gustaría vender las tierras al precio que se le antoje. Si ella dispuso las tierras bajo la Ley de Hábitat, no puede vender al precio que le parezca como un emprendimiento inmobiliario normal, tiene que estar orientado según la ley de Hábitat”, detalló. “Nosotros jamás decimos las medidas de la tierra de la señora Riquelme, ella siempre en cada nota sale y afirma cuanto mide sus tierras; tampoco le manifestamos a terceros cuantos lotes se generarían. En concreto le ofrecimos regularizar la parte que está ocupada y generar otros cien lotes que ella podría venderlos dentro del valor estipulado por el programa PASU (Programa de Acceso al Suelo Urbano). Estamos hablando de cien lotes a 500 mil pesos, unos 50 millones de pesos. Riquelme llamó a un martillero e hizo una cotización de su tierra y el valor que le dieron fue de diez millones de pesos. Aceptando el convenio que el Estado le propone estaría ganado más, donde esta el fraude o el perjuicio que la señora dice tener”, se preguntó Ferreira.
Al referirse a la situación actual, Ferreira se refirió al accionar judicial en marcha, indicando además que ‘jamás’ desde la comuna ‘se incentivó a la ocupación’. “La función del Estado es intervenir, estuvimos cada vez que nos solicitaron en relación a la seguridad, de acompañar a los vecinos y esa es la acusación que nos hacen. La intencionalidad está en embarrar la cancha, especular con las cuestiones judiciales”, explicó.
