Los ministros provinciales Daniel Gollan (Salud) y Estela Díaz (Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual) presentaron este lunes la “Guía de implementación de la Interrupción Voluntaria del Embarazo en la Provincia de Buenos Aires”, que apunta a orientar las prácticas del equipo de salud en la atención y cuidado de las personas en situación de interrupción del embarazo.
Desde el gobierno provincial se recordó que la nueva ley nacional, publicada en el Boletín Oficial a fines de la semana pasada, establece un régimen legal mixto de plazos y causales. Hasta la semana 14 de gestación las mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar podrán acceder a la interrupción voluntaria del embarazo, cuando así lo requieran. Luego de ese período gestacional, podrán acceder a la interrupción por las siguientes causales: a) el embarazo sea producto de una violación; b) se encuentre en riesgo la salud o la vida de la persona gestante.
Reflexiones de la ministra Estela Díaz
“Con este nuevo régimen la decisión de la interrupción del embarazo es de las mujeres y otras personas con identidades de género con capacidad de gestar; mientras que el rol de los equipos de salud es acompañar esa decisión”, advirtieron desde los ministerios. “Esto conlleva a una redistribución del poder en la escena de la consulta médica que contribuye al modelo de atención en salud que se está construyendo desde el Ministerio. Un modelo que sea sostenedor del deseo, respetuoso y centrado en políticas de cuidado. Es una política de justicia social porque reduce las inequidades en salud, de género y socioeconómicas”, afirmaron también.
La Guía de Implementación de la nueva ley, que complementa lo establecido en el “Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo”, será utilizada en todos los establecimientos de salud del territorio provincial, contempla tanto los aspectos técnico-sanitarios como los principios que rigen para el acceso voluntario a la interrupción del embarazo. Estos principios se enmarcan en el reconocimiento de los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos de toda la población.
Los establecimientos de salud tendrán la obligación de brindar el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo en un plazo de 10 días corridos desde que la práctica sea requerida por la persona gestante. Para ello, el Ministerio de Salud trabaja en conjunto con otros ministerios y municipios, a fin de generar la capacidad técnica para la resolución y la formalización de las redes de derivación para las situaciones que así lo requieran, con el fin de garantizar la práctica en ese plazo.
