Un grupo de docentes, no docentes, graduados, estudiantes y padres de estudiantes de la UNLP acudió a la justicia con el objetivo de que no se aplique la disposición 176/21 de las autoridades de dicha Casa de Altos Estudios, que fija tanto para estudiantes como para trabajadores de los diferentes claustros la exigencia de presentar certificado de vacunación para retornar a sus actividades presenciales.
El planteo derivó en una medida cautelar dictada la semana pasada, que insta a las autoridades universitarias a no aplicar sanciones hasta tanto no se pronuncie oficialmente respecto al pedido elevado por el citado grupo, otorgando un plazo que vence por estas horas.
“Queremos trabajar y estudiar sin ser discriminados”, alegan en su pedido representantes del grupo, que piden respeto a su decisión de no brindar información sobre si recibieron o no la vacuna, exponiendo sus razones, además de ante la Justicia ante la opinión pública, a través de un blog vinculado al espacio en Instagram @universitariosunlp.
La exigencia hoy en impasse, consideran, ‘sobrepasan’ resoluciones y decretos del Ministerio de Salud de la Nación, en las que se fija la vacunación contra el Covid como ‘voluntaria’ y bajo un consentimiento de carácter ‘privado y confidencial’.
En el pedido de Amparo legal presentado el jueves 21 de octubre, el grupo reclama que se respete el derecho de sus integrantes a decidir sobre su cuerpo “sin ser discriminados ni estigmatizados por ello”, exigiendo a la vez que se respete su derecho “a estudiar y trabajar libre y democráticamente”.
Acompañando el pedido, se invoca la letra constitucional así como los principios enarbolados por la Reforma Universitaria, que forjó el perfil de la UNLP. Puntualmente, se solicita que, como en otros estamentos, los trabajadores vuelvan a la presencialidad “vacunados o no, a riesgo personal, cada uno ocupándose de preservar su salud y cuidar la de los demás, respetando los protocolos de distanciamiento y el uso correcto del barbijo.
