A pedido del Frente de Unidad Docente Bonaerense, se concretó una reunión interministerial en la que se reflotó una Resolución de 2015 que fija el esquema para tratar la temática.
Se concretó este lunes una reunión interministerial solicitada por el Frente de Unidad Docente Bonaerense a la DGCyE, con el fin de articular acciones conjuntas para el abordaje de complejas situaciones de violencia que suelen presentarse en establecimientos escolares.
En el encuentro estuvieron representados por sus máximos referentes, además de la Cartera educativa provincial y los gremios del FUDB (AMET, FEB, SADOP, SUTEBA y UDOCBA), los ministerios de Justicia y DDHH y Desarrollo de la Comunidad; el Organismo de Niñez, la Subsecretaría de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencia de Género, el Ministerio de Mujeres y sindicatos representantes de auxiliares de la educación (ATE y UPCN).
El temario incluyó el abordaje de las situaciones conflictivas y de violencia que se viven en las escuelas públicas de la Provincia, frente a la cual el FUDB desplegó una agenda de planteos y demandas basadas en el gran número de intervenciones con la docencia de toda la provincia.
Referentes gremiales expusieron que “en este período pospandémico y en el marco de una especial sensibilidad social, se registran situaciones de violencias que impactan fuertemente en niños y niñas, adolescentes y jóvenes”, afectando además a otros integrantes de las comunidades educativas.
A partir del fuerte planteo del FUDB, la titular de la DGCyE, Agustina Vila, informó que se decidió retomar y poner en vigencia y valor la Resolución 2672/2015 de Resguardo y Reparación Pública para los trabajadores de la educación. “Es y será el marco conceptual de intervenciones para estas situaciones desde la DGCyE”, indicó, comprometiéndose a poner en funcionamiento el Cuerpo Interdisciplinario Provincial establecido en el Artículo 1° de dicha Resolución. Por otra parte, indicó que el Estado seguirá abordando desde este mismo marco interministerial el análisis, intervención y seguimiento de este tipo de situaciones.
Durante la reunión, el FUDB dejó planteada una extensa agenda relacionada con la Resolución del 2015, pidiendo por ejemplo que se desarrollen acciones que “garanticen la promoción y protección de los derechos de niños niñas y adolescentes a través de los organismos de niñez territoriales (servicios locales y zonales), en la intervención y seguimiento de las situaciones de vulneración de derechos”, así como acciones “que garanticen el resguardo y los derechos de los y las Trabajadores de la Educación, vinculados a su salud física y psicológica, su seguridad personal, la de sus familias y de las instituciones, el asesoramiento legal que corresponda, la garantía salarial y laboral, implementación de formación específicas para la anticipación y el abordaje de este tipo de situaciones complejas”.
También pidieron “un freno urgente al tratamiento inescrupuloso y estigmatizante que realizan los medios masivos de comunicación”, considerando que “ponen en tela de juicio el trabajo cotidiano de las instituciones educativas y resquebrajan los vínculos sociales y afectivos con las comunidades”.
Y finalmente reclamaron que los agentes de justicia intervinientes en este tipo de denuncias “tengan formación específica en el delito denunciado y conozcan el funcionamiento de las instituciones educativas, de su organización escolar, las prácticas pedagógicas que se desarrollan y el currículum que se despliega en cada nivel y modalidad”.
