Los barrios Santa Teresita, Néstor Kirchner y Santa Cruz exhiben con crudeza un problema con muchas aristas, que incluye la ocupación de terrenos inundables y sin servicios.
Varios conflictos son los que se suscitan en torno a la distribución y acceso a la tierra en el distrito. En los últimos años, los problemas estuvieron primero asociados al barrio Santa Teresita; luego al Néstor Kirchner y más tarde al Santa Cruz. Si bien los casos presentan algunos matices, los une un punto en común: la necesidad del acceso a tierras en las que establecer viviendas.
Siendo concejal, Jorge Nedela había trabajado la problemática elaborando una Ordenanza que declaraba el déficit habitacional para Berisso y establecía la creación de un registro que diera cuenta de la oferta y la demanda en el distrito.
En el primer tramo de su gestión como intendente, creó el área de Tierra y Vivienda, actualmente a cargo de Paulo Ferreira, dirigente y vecino que encabezó la lucha para destrabar el conflicto generado en la zona de 16 y 150.
Según explica el funcionario, la intervención del Estado se encara ‘con responsabilidad y sin generar falsas expectativas’ ante los ocupantes de tierras y aconsejando a los propietarios que cuiden sus propiedades porque ‘no existen herramientas eficaces por parte del vecino o el municipio que logre impedir la ocupación’.
Tratando de evitar este tipo de conflictos Ferreira explicó que se realiza trabajo de campo en los barrios para poder dar cuenta de las posibilidades y consecuencias que puede acarrear la usurpación. Si bien en algunos casos existe buena predisposición, en otros se hace visible la influencia de agentes externos que fomentan política o ideológicamente estas prácticas, hecho que provoca la colisión de derechos.
“Tratamos de evitar el conflicto, asumiendo como municipio el desarrollo de una política que intenta dar respuesta a aquellos que necesitan un lugar para vivir, intentando puedan lograrlo de manera justa, equitativa, legal con el respaldo del Estado; respetando las libertades del propietario”, explicó Ferreira.
A la cuestión de la propiedad privada, el derecho a la vivienda y la falta de tierras fiscales, se suma además el problema hídrico que presenta el suelo en Berisso. Cuando se asientan vecinos sobre tierras no aptas, los vecinos sufren la falta de servicios y la inundación de sus hogares.
El caso ‘Cotilap’
Más de diez cuadras son parte del denominado nuevo barrio Cotilap. El loteo de 200 parcelas con medidas que no respetan las establecidas por el Municipio se realizó allá por el año 2010, de manera irregular -sin presentar los planos correspondientes- sobre una zona baja, inundable, de recuperación.
Según cuenta Ferreira, la empresa Cotilap lanzó un emprendimiento y vendió las tierras como si fueran parte de un condominio, un barrio privado, pero sin respetar los trámites que debía realizar ante el Estado municipal y provincial.
Debido a esta irregularidad, los vecinos no son reconocidos como tales y carecen de todo tipo de servicios. Además, cada vez que llueve, las aguas que descienden desde La Plata los dejan aislados.
“Resulta muy complejo poder resolver este caso, porque ni la empresa brinda los servicios ni el municipio puede intervenir por el impedimento legal de trabajar en tierras privadas”, explica Ferreira.
Tratando de revertir el cuadro se está buscando una salida a través de una medida cautelar presentada en la justicia y de la rezonificación del barrio en 14 y 146 que pueda dar solución a las 60 familias que mensualmente abonan la cuota a una empresa que ni siquiera cuenta con un representante legal.
Desde la oficina municipal se advirtió que continúa la venta de terrenos por parte de la empresa Cotilap en las calles 20 y 22 de 148 y 149. La misma se difunde vía internet y convoca a los interesados a adquirirlos al contado o en cuotas fijas. La situación fue denunciada ante la justicia y personal policial se hizo presente en el lugar para poder abordar a los estafadores.
Barrio Santa Cruz
Bien conocido fue el caso ‘Guetas’ en el barrio Santa Cruz. Algunas tierras habían sido compradas de buena fe, otras habían sido tomadas. El caso se judicializó y los vecinos fueron intimados a dejar sus casas. Por entonces hubo una oferta por parte del Estado nacional hacia el propietario. La operación finalmente no pudo concretarse.
Un nuevo capítulo se abrió en el mes de enero cuando el propietario de 4 hectáreas falleció y se corrió el rumor de que las tierras estaban disponibles. Algunas familias comenzaron a asentarse y María Riquelme, como legítima propietaria, comenzó a recorrer su camino ante la justicia. En paralelo se buscó la intervención del área de Tierras que comenzó a trabajar en un relevamiento social de las familias. Según Ferreira llegaron familias cuyos hijos habían crecido y ya no podían convivir. Por entonces se llegó a un pre-acuerdo que establecía que el municipio realizaría obras de infraestructura y brindaría posibilidades a las familias de pagar su tierra. El cuadro se agravó este lunes, cuando vecinos quisieron ampliar la ocupación, poniendo a las autoridades frente al desafío de encontrar la llave para tratar de destrabar con celeridad el conflicto.
