Aval en la Justicia a pedido de información sobre la planta política del gobierno comunal. La acción es promovida por Oscar Sosa, invocando el derecho a recibir y dar información.
Asiste a los ciudadanos el derecho a conocer cómo están diseñadas las plantas políticas de organismos públicos, quiénes las integran y cuál es su remuneración, teniendo en cuenta que claramente se trata de información sobre asuntos públicos.
Sin embargo, los gobiernos -en sus diferentes niveles y casi sin distinción de banderías- suelen manifestar un fuerte recelo a la hora de brindar esos datos. Y si por alguna razón se ven instados a hacerlo, por lo general no lo exhiben con la claridad y la voluntad de transparencia que sería esperable en estos casos.
Históricamente, el plano concreto de la administración comunal local no es ajeno a esa tradición, razón por la que cíclicamente surge la pregunta acerca de cuántos funcionarios integran el gobierno y cuánto le cuesta eso al Estado.
El año pasado, la inquietud fue formulada en el Concejo Deliberante por referentes de la bancada de Juntos por el Cambio. También cobró fuerza como tema de debate a partir de manifestación de referentes del Sindicato de Trabajadores Municipales, que objetaron la designación de nuevos y numerosos coordinadores y funcionarios en otros roles, considerando que iba en desmedro de los ingresos de los trabajadores del sector. Se trata, a la vez, de una pregunta que reiteran con frecuencia periodistas de diferentes medios en notas y entrevistas con autoridades. A esas vías a través de las que se solicitó el acceso a la información pública en los últimos tiempos, se sumó recientemente una acción en terreno jurídico.
Acción de Amparo
Haciendo uso de una atribución consagrada constitucionalmente, de la que puede hacer uso cualquier ciudadano, Oscar Sosa, hombre vinculado a los medios y al ámbito político local, presentó el 4 de octubre del año pasado una nota en la Municipalidad mediante la que pidió un listado completo de personas contratadas en planta permanente, planta transitoria y personal político (secretarios, subsecretarios, directores, subdirectores, coordinadores, etc.) desde el 12 de diciembre de 2019 hasta ese momento.
A través de la misiva dirigida al intendente Fabián Cagliardi, Sosa requirió además detalles referidos a lugar de prestación de servicios en cada caso y remuneraciones al mes de septiembre de 2021 de cada integrante de la usualmente denominada ‘planta política’.
Otro ítem sobre el que pidió información fue el de cooperativas de trabajo que en el mismo período hayan tenido vínculo contractual con la comuna, pidiendo que se indiquen los casos en los que dicho vínculo permanezca vigente. Al del listado se sumó el pedido de una descripción de las tareas asignadas, de montos de las respectivas contrataciones y de la identificación de quien figurase como apoderado en cada caso.
Su solicitud no tuvo respuesta, por lo que vencidos los plazos estipulados (treinta días hábiles), decidió recurrir a la Justicia y presentar un recurso de amparo, al que el tribunal interviniente hizo lugar recientemente.
En el marco de las audiencias que mantuvieron las partes, desde el Estado municipal se ensayaron a la hora de dar respuesta dos argumentos. Por un lado, que la información solicitada era de carácter ‘íntimo’. Por otro, que no se habían cumplimentado pasos burocráticos, lo que en concreto significa que Sosa omitió pagar una tasa de 100 pesos para iniciar la gestión.
El accionante, que conduce un espacio radial en FM Sur dedicado al análisis de temas de actualidad política -fundamentalmente en el plano local- destacó la importancia de contar con la información solicitada, teniendo en cuenta que se trata de datos que debieran ser públicos y que son de interés para el conjunto de la comunidad. En su descargo, el hombre que estuvo por un tiempo ligado a la actual gestión comunal cumpliendo con un rol de coordinación de foros de seguridad, subrayó que el que conduce ‘no es un programa de chimentos’.
Con fecha del 7 de febrero, el tribunal en la Criminal Nº 5 resolvió hacer lugar a la acción de amparo emplazando a la Municipalidad a arbitrar los medios para dar tratamiento al informe requerido y suministrar en el plazo de 30 días la información requerida.
En el texto de la resolución puede leerse que la solicitud del peticionante “se afinca en su condición de ciudadano con residencia estable en la localidad, por lo cual reviste un interés serio y concreto en conocer la planta de personal de la comuna, a fin de controlar el modo en que se invierte el producido por el pago de sus impuestos, tasas y contribuciones”.
El conductor del programa “Pará la mano” en la emisora berissense que se transmite a través del 105.1 Mhz. del dial, argumentó en su petición que el silencio de la Municipalidad ‘obstruye el acceso a la información pública’. “Sin acceso a ella, resulta imposible asumir un control serio y razonable de los actos de gobierno, con lo cual quedaría anulado el principio de la democracia como forma de gobierno”, argumentó, citando doctrinas y leyes que taxativamente amparan el derecho a dar y recibir información.
Por su parte, los representantes letrados del gobierno comunal observaron que los datos requeridos podían deducirse “de la publicación de los boletines oficiales y otros sitios donde se publicitan los actos de gobierno” y que si bien se cuenta con la nómina de empleados y las áreas en las que se desempeñan, “no es con la finalidad de darla a publicidad, sino de organización de recursos humanos y económicos”.
Tanto ése como el argumento del no pago de la tasa de 100 pesos para originar el trámite generan incredulidad en Sosa. “Deberían haber contestado el oficio indicando que debía cumplimentar este paso y no hacer caso omiso al pedido”, expone.
Evaluando los argumentos de los actores, el tribunal integrado por los doctores Ezequiel Augusto Medrano y Carmen Rosa Palacio Arias resolvió dar lugar a la acción de amparo, ordenando a la Municipalidad que arbitre los medios para dar tratamiento al informe requerido y suministrar al peticionante, en el plazo de 30 días, la información allí requerida.
Se dispone además, según explicó Sosa al ser consultado esta semana, que de no cumplirse lo dictaminado el camino a seguir sería el de iniciar una ‘causa federal’, al hallarse el actor ‘en rebeldía’, o el de fijar una multa diaria (en IUS, la unidad de pago de los abogados, que ronda los $3.500 pesos por unidad).
“Ojalá no lleguemos a eso. Y esperamos que no nos mientan. Necesitamos que el Intendente entienda que su función es administrar y debe rendir cuenta a los ciudadanos”, estableció el accionante, entendiendo que el tribunal defendió en este caso a ‘los sin derecho’. “Estamos acostumbrados a que no respondan nada, a que tarden mucho, a que los concejales nunca reclamen nada. En este fallo lo central fue representarnos a todos. Me llamó mucha gente, porque apareció la sensación de que se podía. Quizás esto anime a otros a iniciar otros reclamos formalmente, como corresponde”, evaluó.
Mientras el tiempo corre y sigue en agenda el controvertido tema acerca de la dimensión y el costo de la planta política de la gestión encabezada por el intendente Cagliardi, Sosa confía en que concejales que habían presentado un pedido de informes en el Concejo en el mismo sentido, se sumen al reclamo que prosperó en terreno judicial. Esta semana, quien decidió insistir en un pedido de características similares en el Deliberativo fue Agustín Celi, concejal de la banca unipersonal del Frente Renovador en interbloque con el Frente de Todos.
