En correo de lectores enviado a nuestra redacción, un grupo de trabajadores de las áreas Técnica, Soldadura y Buques Militares del Astillero Río Santiago objetó el proyecto del Canal Magdalena, definiéndolo como producto de un ‘pacto político-empresarial-sindical’, que se escuda detrás del argumento de integrar la Argentina marítima con la fluvial.
“A pesar de la escala en Montevideo, estas ‘dos Argentinas’ no se encuentran inconexas”, afirmaron, consignando que una integración real “no se logrará con el dragado de un canal, sino con la creación de una flota fluvial y marítima de bandera nacional con servicio de cabotaje y de ultramar que realicen el 50% de los fletes de importación y exportación y el 100% de los fletes fluviales”, conforme a lo que establece el proyecto de Transporte por Agua con Reserva de Cargas (Exp. 1488-D-2022), con génesis entre trabajadores experimentados del Astillero en los ’90.
“Dicha flota generaría una demanda de fabricación que saturaría la capacidad del ARS, hoy deprimido, permitiendo el desarrollo de otros astilleros. No hay excusas económicas para esto, ya que la construcción de esta flota se autofinancia de la propia actividad naviera, a partir del proyecto de ley FODINN (Exp. 1487-D-2022) que, cobrándole un impuesto al flete marítimo, subsidia la industria naval”, subrayaron los trabajadores.
A la vez, pusieron el acento en que el proyecto de dragado, que requerirá de una inversión aproximada de 270 millones de dólares, apunta a posibilitar el tráfico de buques Post Panamax con los que claramente no cuenta el país.
“Aún con el nuevo canal en funcionamiento, la Argentina no controlaría el comercio exterior, si el acopio, los puertos y los buques son extranjeros”, sostuvieron, planteando además su desconfianza ante una iniciativa que según consideraron “cuenta con el aval de referentes de astilleros privados que son históricos enemigos del ARS y defensores de navieras extranjeras” y conjeturando que se trata de una iniciativa que parece ‘a medida’ de la injerencia de China, principal comprador de la producción agropecuaria argentina, además de origen del 25% de las importaciones del país.
En cambio, indicaron que para el transporte de cabotaje se necesita un calado notablemente inferior. “Con solo balizar los canales y realizar dragados de mantenimiento sería suficiente”, puntualizaron remarcando que una flota nacional no transportaría mercaderías desde un puerto nacional a otro con buques tipo Panamax o superiores. “La flota nacional y la protección de nuestros ríos no es algo en lo que piensen nuestros dirigentes, que en cambio proponen la creación de una empresa estatal de dragas para beneficiar a SPI”, consideraron, aseverando que dicho astillero “ya está fabricando dragas según las exigencias de los mega buques, para que luego el Estado Nacional preste el servicio de dragado a las multinacionales navieras”.
Finalmente, presentaron sus reparos a la posibilidad de que se generen nuevas ‘zonas francas’, como las esbozadas por autoridades del ARS en conversaciones con el gobierno de Bolivia.
“Las zonas francas no tienen un objetivo industrial; sirven para acumular bienes importados sin que paguen impuestos, que luego inundarán el mercado interno a precios muy bajos, destruyendo pymes y comercios locales”, afirmaron, observando finalmente que es preciso que las organizaciones de trabajadores estén atentas a movimientos en esa dirección, dado que las instalaciones del Astillero “son hoy las únicas capaces de soportar el peso de contenedores apilados en toda la jurisdicción portuaria, por tener un suelo pilotado”.
