El juez Luis Arias visitó la ciudad para brindar una charla el mismo día en que la Corte Suprema dictó el fallo que dejó en impasse el aumento en el gas.
Para el integrante del Movimiento Evita Pablo Vera, la intención de aplicar subas ‘fuera de todo marco legal’ se da en un contexto político y económico ‘signado por la transferencia de recursos a los sectores concentrados de la economía’.
Parte del panel que el jueves de la semana pasada encabezó el juez Luis Federico Arias en Santiagueños para hablar del ‘tarifazo’, el dirigente advirtió que cerca de 70 mil millones de pesos ‘pasaron de los sectores populares al complejo agroexportador’, lo que según razonó, equivale al 70% de los subsidios otorgados durante el 2015 ‘para que las tarifas sean accesibles’.
El dirigente de Avellaneda entiende que esa transferencia fue la que desbalanceó la situación social y económica, para generar una situación ‘pocas veces vista en el país’. Durante la charla, los expositores marcaron que conforme a datos del Indec, la actividad industrial cayó desde el año pasado un 6,7%, que Argentina viene volcando su producción al sector primario y que la situación es más grave teniendo en cuenta las pérdidas de fuentes laborales en el ámbito público y privado.
“Estamos en una situación difícil, pero están dadas las condiciones para frenarla”, definió en su alocución, observando que para dar curso a su plan político económico, el gobierno nacional ‘instala el concepto de competitividad’. “Traducido al criollo indica que sectores industriales aseguran que para competir hay que bajar los salarios y ponerlos en comparación con otros”, sentenció, poniendo de relieve que a pesar del anuncio y las medidas, la lluvia de inversiones anunciada por el gobierno ‘nunca llegó ni llegará, ante un mercado interno deprimido y una industria que no funciona en su plena capacidad’.
Conocida la decisión de la Corte Suprema en relación al aumento en las facturas de gas, el juez Arias mencionó que, a primera vista, el fallo parecía tener un efecto negativo, dado que dejaba fuera a clubes, asociaciones y a la pequeña y mediana empresa, uno de los sectores más castigados que al día de hoy concentra el 80% de la población económicamente activa. Con subas indiscriminadas, dio a entender, el ajuste llegaría a través de despidos, poniendo en juego el derecho al trabajo. “Si el carnicero tiene que elegir entre tener la heladera prendida y echar al empleado, va a echar al empleado”, ejemplificó, definiendo que quizá ‘sea un efecto deseado, buscando un ejército de desocupados para bajar el salario’.
Para Arias, tarde o temprano todas las tarifas van a correr la misma suerte. “Lo que aquí se establece tiene un valor universal en materia de servicios públicos. Hay conceptos que me provocaron una grata sorpresa, porque están en sintonía con lo que venimos decidiendo algunos jueces. La Corte no ha dejado aspectos librados al azar ni ha eludido ninguna cuestión controvertida”, consideró.
Derechos
La Corte, explicó Arias, no sólo se expidió en relación al derecho a la información a través de las audiencias públicas, sino respecto de la razonabilidad de las tarifas. “Esto veníamos diciendo en la observación general 4 del comité del pacto de derechos sociales, sociales y culturales. El derecho a la vivienda no comprende sólo 4 paredes y un techo; implica poder calentarse, cocinar, abrir la canilla y que salga agua. Hoy lo dijo la Corte también”, expuso el magistrado. “Esto implica una lógica distinta a la que venía manejando el gobierno, que basaba los aumentos en cálculos matemáticos de una planilla de Excel, en una ecuación económica financiera que derivaba en una situación adversa para muchos: el que puede pagar paga y el que no, se queda sin servicio. La Corte dijo que además de la ecuación, están los derechos. Si la ecuación económica financiera no cierra, hay que subsidiar”, continuó.
Para el juez, el subsidio ‘no es un error’ del gobierno anterior, sino ‘una política para proteger no sólo estos derechos, sino también el derecho al trabajo’.
“Argentina subsidió en 2015 mucho menos que otros países que no son estatistas como EEUU o Chile. Esto es un punto de inflexión que va a incidir sobre las políticas públicas. Por más que el gobierno insista, va a tener que cambiar su política tarifaria porque la corte estableció los límites dentro de los cuales se debe manejar”, concluyó.
