Las funcionarias judiciales actuantes entienden que mientras se define la cuestión de fondo, no se puede poner en riesgo la integridad de los pacientes.
El viernes de la semana pasada, la titular del Juzgado de Garantías 5 del Departamento Judicial La Plata, Marcela Garmendia, dictó a pedido de la fiscal Ana María Medina, de la UFIJ 1, una medida cautelar para prohibir a ocho trabajadores sumariados en la Clínica Mosconi acercarse al establecimiento, o ensayar cualquier intento de contacto con plantel y pacientes.
La perimetral establece que las personas señaladas no podrán, en principio por el término de treinta días, estar en un radio menor al de trescientos metros respecto del edificio del establecimiento sanitario. El impedimento aplica también a cualquier tipo de contacto, incluyendo mensajería instantánea o red social, todo ello bajo apercibimiento de ser procesados por infracción al Art. 239 del Código Penal.
En sus argumentos, la funcionaria judicial describió que hace alrededor de dos meses, la presidente de la Cooperativa, Silvia Argarañaz, expresó que desde el inicio de su gestión, el grupo aludido inició retención de tareas y paros ‘que perjudicaron de manera grave la atención de los pacientes’.
“Tramitado el correspondiente sumario interno se resolvió prohibir el ingreso de esas personas al nosocomio, respetando el pago de su salario”, se lee en la Resolución, en los que se subraya que las personas aludidas incurrieron luego en actos que pusieron en peligro la salud y la vida de pacientes. En tal sentido, se enumera que además de violar la prohibición de ingreso, provocaron la rotura de una bomba de agua y del tomógrafo, sustrajeron celulares de distintos servicios y provocaron disturbios
“De constancias obrantes en autos surgen motivos bastantes para inferir la existencia de un peligro cierto de que se reiteren hechos como los aquí denunciados”, se expone además en el documento, advirtiendo que el conflicto laboral y/o gremial en curso deberá ser resuelto por las autoridades correspondientes.
