La represión policial que se desató en los últimos días sobre manifestantes que llevaban adelante un corte de ruta en el acceso a Purmamarca, en Jujuy, generó una fuerte reacción de diferentes sectores gremiales y políticos de diferentes puntos del país.
En ese contexto, CTERA decretó para este jueves un paro nacional docente al que adherirá SUTEBA bajo las consignas “basta de represión al pueblo jujeño, aumento salarial a los docentes y rechazo a la reforma constitucional”.
En la ciudad, quien se manifestó fue la Comisión Permanente por la Memoria, para cuyos referentes la reforma constitucional impulsada por el gobernador Gerardo Morales “criminaliza la protesta social, despoja a las comunidades originarias de sus tierras, cercena el derecho a reclamar, protestar y manifestarse, como expresión legítima de los trabajadores y el pueblo jujeño consagrados y garantizados por nuestra Constitución Nacional”.
Desde la organización plantean que el paso dado en Jujuy está conectado con la detención en 2016 de Milagro Sala. En tal sentido, aseveran que aquella detención “pretendió ser una medida ejemplificadora para el pueblo jujueño, que hoy nuevamente se encuentra en las calles, reclamando por sus derechos”.
Reforma y protestas
El conflicto en la provincia del norte tiene múltiples aristas y escaló luego de que la reforma constitucional impulsada por el gobernador y pre-candidato presidencial Gerardo Morales resultara aprobada en la legislatura provincial.
La tensión recrudeció y se vio reflejada en nuevas manifestaciones contra la reforma, que afectaron la circulación por la Ruta Nacional 9. Docentes, referentes de comunidades originarias y de fuerzas de izquierda denunciaron haber sido blanco de una feroz represión que incluyó disparos con balas de goma y gases. Por su parte, el gobierno jujeño informó que antes de llevar adelante el operativo para despejar la ruta se apeló sin éxito a diferentes instancias de diálogo. También habló de policías heridos y advirtió que la orden de liberar el camino se adoptó para impedir que se viera afectado el turismo, importante fuente de ingresos para la provincia, sobre todo durante un fin de semana largo.
La represión ejercida por la policía jujeña también generó duras críticas desde el gobierno nacional. La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, por ejemplo, pidió públicamente a Morales “que baje las armas y escuche al pueblo”. Similares declaraciones formularon los funcionarios nacionales Agustín Rossi y Horacio Pietragalla, y los dirigentes Leopoldo Moreau, Hugo Yasky, entre otros referentes del frente ahora denominado Unión por la Patria.
“Las constituciones no se escriben con palos, balas y gases. Es usted y todos los que silenciosamente lo acompañan responsables de las consecuencias de esta furiosa represión”, expresó por ejemplo el diputado y dirigente gremial docente.
En las últimas horas, el gobernador Morales anunció que retirará dos artículos de la nueva Constitución provincial, que ‘aún generan dudas’ respecto de la posesión de tierras de pueblos originarios. Sin embargo, defendió la reforma en términos conceptuales y mencionó que el resto del articulado en una jura que tendrá lugar este martes en la legislatura provincial. Finalmente, acusó al gobierno nacional de querer ‘sembrar el caos en Jujuy’. “Manifestarse es un derecho constitucional que además es una conquista democrática. Cortar una ruta es un delito, ese es otro tema”, enfatizó, acusando a referentes de Unión por la Patria de intentar ‘desestabilizar’ al gobierno provincial.
“Mienten porque quieren volver a la provincia del caos y la violencia”, objetó, criticando el que definió como un ‘doble estándar’ del oficialismo nacional. “Vienen acá, pero no van a Chaco, donde tienen un estado paralelo como el que había acá con Milagro Sala, que termina mal, que termina con violencia y con muerte. Ahí no van”, argumentó.
