El Colegio profesional asegura que, de prosperar, la iniciativa en estudio en el Senado provincial alterará nuevamente el mercado inmobiliario.
Está en estudio en el Senado provincial un proyecto de Ley impulsado por el senador Francisco Durañona (FDT), que apunta a modificar la Ley de Martilleros y Corredores públicos (Ley 10.973).
Entidades que agrupan a los martilleros salieron al cruce de la iniciativa, considerando que de aprobarse “se estaría nuevamente tratando de apagar un incendio con nafta” y que lejos de solucionar el problema de los alquileres, la norma “los agravaría”.
El presidente del Colegio de Martilleros Departamento Judicial La Plata, Aníbal Fortuna, coincidió con el Dictamen de minoría que se dio a conocer por parte de la oposición, en donde se argumentó que la implementación de la reforma tal como está planteada podría generar ‘una contracción de la oferta inmobiliaria y un aumento del déficit habitacional’.
“La combinación de alta demanda y baja oferta inmobiliaria podría llevar a mayores precios en general en el mediano plazo, tornando el alquiler de una vivienda aún más inaccesible, aumentando el déficit habitacional y provocando más penurias a los bonaerenses, agravando su situación y profundizando el malestar social”, describió el colegiado, mencionando por ejemplo que la reforma a la norma establece que los honorarios profesionales de los nuevos contratos deberían ser afrontadas por los propietarios en lugar de por los inquilinos.
“Los argumentos oficiales señalan que se pretende defender un derecho fundamental, como lo es el acceso a la vivienda, pero en la práctica, tal como sucedió en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no dio ningún tipo de resultados y lo único que se logró fue trasladar los costos del alquiler al locatario”, expuso Fortuna.
En ese caso, planteó, el gobierno porteño instrumentó una línea de créditos del Banco Ciudad para pagar costos de ingreso y renovación de contratos, que para el trabajador medio es imposible de solventar. “La experiencia en CABA dice que en el primer semestre luego de aprobada la Ley 5859/18, la oferta de alquileres de departamentos bajó un 15%, y si bien esos índices se fueron recuperando a niveles normales, la oferta no creció desde entonces”, argumentó Fortuna.
Luego se refirió a otro de los puntos objetados. “Como se está queriendo aplicar beneficia a los que alquilan en barrios privados o con nivel más alto de ingresos, postergando al de menor ingreso de sueldo”, afirmó en tal sentido
“En nuestro rubro, venimos de otras experiencias legislativas que lo único que hacen es profundizar la incertidumbre y tiende a que los propietarios encuentren alternativas para salir de los corset que se imponen. Cuando la Ley Lipovetzky 27.551 instrumentó el plazo de 3 años para los alquileres, los propietarios encontraron la figura de los alquileres temporarios para escapar a una traba que impide ajustar los alquileres en función de la inflación. Los locadores venían a nuestro Colegio a pedir asesoramiento para alquilar como máximo 2 años, pero no pudimos dar respuestas porque todos los martilleros nos tuvimos que ajustar a la normativa vigente”, manifestó el titular del Colegio, subrayando que la voluntad de los colegiados es la de avanzar en la derogación de la Ley 27.551, para volver a la anterior e integrar a todas las partes para tratar de consensuar una ley nueva.
Finalmente, señaló que tanto el Colegio de La Plata como los de otras departamentales hicieron visible su posición y trabajan a diario con legisladores de diferentes bloques para advertirles los efectos que podría generar la aprobación del proyecto tal como fue presentado.
“Vuelven otra vez a querer alterar la Ley Profesional de los Martilleros y no lo podemos permitir. El acceso a la vivienda está consagrado en la Constitución como un derecho fundamental, pero de ponerse en práctica esta Ley llevará al efecto contrario, con una contracción de la oferta inmobiliaria y un aumento del déficit habitacional”, insistió el profesional.
