Invocando graves deficiencias en la atención, cantidad insuficiente de recursos humanos y físicos y otras varias falencias, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados resolvió en los últimos días rescindir el contrato que ligaba al PAMI con la Clínica Mosconi.
En la Resolución se indica que las cápitas de los pacientes berissenses -alrededor de 18 mil divididas en tres módulos, correspondientes a internación, cirugías capitadas y videolaparoscopías- serán absorbidas por otros establecimientos de la región (en principio de Berisso y Ensenada).
En términos operativos, sin embargo, aún no hay demasiadas precisiones. Las decisiones se adoptan en otras esferas del organismo nacional, por lo que en la delegación local no se cuenta con datos concretos.
Al cierre de esta edición, 21 pacientes del PAMI internados en la clínica (uno de ellos de gravedad) aún no eran trasladados por la obra social, por lo que su atención, siguiendo las correspondientes prescripciones médicas, seguía a cargo del establecimiento de calle 8.
El representante legal de la cooperativa de la salud Clínica Mosconi cuestionó la decisión del organismo nacional, confiando en que prosperen acciones iniciadas por la Clínica en el plano judicial. A la vez, advirtió que lo resuelto por el INSSJP ‘desestructura el sistema sanitario de la ciudad’ y deslizó que la Resolución podría obedecer a móviles políticos y a la intención de que la clínica pase a ser administrada por el propio PAMI u otra obra social ligada a la estructura gubernamental.
También remarcó que de las auditorías surgieron observaciones nunca formuladas en los quince años previos ante situaciones que objetivamente no variaron y alegó que ninguna clínica resistiría un examen ‘tan fino’ como el que se efectuó en este caso.
Tras recordar que la atención de los afiliados al PAMI representa el 75% de los ingresos de la Clínica, el letrado subrayó que la medida pone al establecimiento en severo riesgo de cierre.
La decisión
La Resolución del INSSJP tiene fecha del 20 de julio y presenta argumentos que surgen de una auditoría prestacional integral. El relevamiento, tuvo lugar el 17 de mayo y el informe alude a una serie de ‘desvíos’ que, según evaluaron los auditores, comprometen severamente el proceso integral de atención, dejando a la vista una situación crítica por cantidad insuficiente de recursos profesionales (médicos, enfermeros, especialistas) y disminución de equipamiento y recursos físicos. Las deficiencias enumeradas por la auditoría alcanzan las áreas de Emergencias, Laboratorio, Imágenes, Esterilización, Farmacia y Kinesiología.
En la Resolución también se invoca una auditoría previa, efectuada el 7 de mayo, para dar curso a reiteradas denuncias de personas afiliadas al PAMI durante abril y mayo, así como otras actuaciones motorizadas ante cuestionamientos de afiliados a la prestación recibida y constatadas por el ‘sistema de denuncias’ de la obra social.
Se anexan finalmente fotografías ‘probatorias’ y encuestas de satisfacción realizadas el 7 de mayo a personas afiliadas que se encontraban internadas en el establecimiento. De ellas, se afirma, “surgen deficiencias en la atención, tanto por problemas de recursos físicos, equipamiento y farmacia, como de falta de personal”.
La reacción
El apoderado de la cooperativa que administra el establecimiento de calle 8, el Dr. Daniel Mazzocchini, manifestó que la Resolución deriva de un Recurso de Amparo que la institución presentara al ser notificada respecto de que a partir del 1º de julio se le retirarían a la clínica las cápitas del PAMI.
“Iniciamos entonces una acción judicial ante la Justicia Federal. El juez le dio tres días a PAMI para que conteste y en ese tiempo armaron un acto administrativo con fecha del 20 de julio y rescindieron el contrato. Sobre algo totalmente arbitrario, crearon algo todavía peor”, definió.
La decisión, expresó el abogado, ‘desestructura el sistema sanitario de la ciudad’. Conforme a su perspectiva, la asignación de cápitas al sistema prestacional de Ensenada no representará una mejora en la atención. “En muchos casos, los pacientes no podrán ser atendidos y los que deben recibir algún tipo de cirugía deberán esperar más tiempo”, aseveró.
En relación a los cuestionamientos que se desprenden del informe del INSSJP, argumentó que si bien en la clínica ‘hay cosas para mejorar’, no se advirtió una situación que afectó al establecimiento en los últimos meses. “No hay que olvidar que tuvimos una lucha para sacar de aquí a un grupo de insurrectos que habían quedado de la gestión anterior, que boicoteaban la actividad prestacional. Cuando logramos sacar a esa gente para mejorar el servicio gracias a una medida judicial, aparece PAMI aplastándonos”, afirmó.
Para el abogado, las observaciones que planteó la auditoría ‘son burdas y direccionadas’. “Hay situaciones que se dan desde hace años y nunca impugnaron nada. Hace unos quince años que se trabaja con PAMI y ahora cuestionan por ejemplo la inclinación de la rampa para discapacitados de la entrada cuando siempre estuvo así”, ejemplificó, para referirse a lo que definió como intereses ‘de otra índole’.
“Necesariamente hay una cuestión política de tomar la clínica para que se la quede PAMI o el IOMA. No hay que olvidarse que se trata de una cooperativa. Aquí hubo años atrás una quiebra y para mantener los puestos de trabajo y las prestaciones se armó como salida este tipo de sistema. Ahora todo eso que se hizo para salvar esta clínica lo destruyen”, objetó, poniendo de relieve que la atención de afiliados al PAMI representa alrededor del 75% de los ingresos del establecimiento.
“Quieren que cerremos y los afiliados de PAMI no se quieren ir a otro lugar, quieren atenderse aquí”, afirmó el representante legal, asegurando que ninguna clínica aprobaría una auditoría como la que se llevó adelante en el establecimiento berissense. “La intención es otra”, insistió, advirtiendo que en el informe se lee que a una paciente internada “en lugar de un tenedor se le dio una cuchara”.
Pedido de no innovar
El martes, PAMI informó a directivos de la clínica que los pacientes internados con cobertura de la obra social serían trasladados a otros centros de atención. Ante la comunicación y planteando que se trata de un acto ‘grave y arbitrario’, el apoderado de la cooperativa efectuó un pedido de “no innovar”, ante el Juzgado en lo Civil y Comercial Nº 4 de La Plata. “El 30 de junio, de un día para el otro se detraen 18.000 cápitas prestacionales. Luego llega la rescisión del contrato”, recordó, pidiendo a la Justicia que inste al INSSJP a abstenerse de aplicar la resolución y que se decrete la nulidad de los dos actos.
En la presentación, también se pone de relieve que la clínica brinda servicios a jubilados y pensionados no sólo de Berisso y que lo hace desde el año 2007 en similares circunstancias.
Finalmente, se caracteriza a la decisión del PAMI como un acto ‘de abuso de poder e ilegalidad’, alegando que pone en riesgo la subsistencia de ciento veintidós familias de trabajadores “que perduran con gran esfuerzo y con salarios muy por debajo de los mínimos de las leyes laborales”.
“Lo anticipamos”
Dirigentes de la CTA Autónoma Regional Berisso manifestaron su preocupación por la instancia que afecta a la clínica y por el impacto que su potencial cierre podría ocasionar ‘tanto en la ciudad como en sus trabajadores y trabajadoras’.
“A esta situación se llegó a causa de manejos irregulares y poco claros por parte de la actual comisión, que tomó el mando de la clínica avasallando los derechos de los y las trabajadoras, generando un clima hostil, violento e injusto”, argumentaron desde la organización, identificada con el sector que fue desplazado de la conducción tras la elección de marzo de 2022, en la que se votó el nuevo consejo directivo de la cooperativa.
Como es de público conocimiento, la CTA-A también respaldó activamente en los últimos meses el reclamo de ocho asociados que fueron separados de sus funciones en la clínica, dando lugar a un litigio sobre el que las partes expusieron oportunamente sus posiciones.
Para la organización, dicho conflicto refleja la situación que atraviesa la clínica desde hace unos meses. “Desde hace más de un año los y las accionistas/trabajadoras, con el acompañamiento de nuestra organización, denunciaron un sinfín de irregularidades dentro de la clínica, desde malos tratos, hostigamiento, persecuciones y renuncias forzadas”, plantearon esta semana sus referentes, considerando que situaciones como las denunciadas devienen en la desmejora en cuanto a calidad de atención.
Redoblando su cuestionamiento a las actuales autoridades de la cooperativa, recordaron que a través de una resolución reciente, el INAES (Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social) planteó que la entidad sufre un ‘desorden institucional’, incumpliendo con normas que regulan a las cooperativas.
“Necesitamos, en primera instancia, que el ente regulador competente (el INAES en este caso) intervenga de manera inmediata en la situación que atraviesa la clínica, a fin de garantizar los derechos de los accionistas/trabajadores y su fuente de trabajo”, advirtieron desde la regional de la Central obrera.
“Desde nuestra organización venimos gestionando distintas propuestas para intentar revertir la situación crítica que la clínica enfrenta. Queremos que la Mosconi siga siendo parte de Berisso y que esté al servicio de la salud de nuestra comunidad y que no siga en manos de oportunistas que en lugar de ver una clínica, ven una oportunidad de negocio”, definieron luego, haciendo pública su preocupación por el destino de los adultos mayores que ya no podrán internarse o ser operados en el establecimiento.
Finalmente, observaron que la reasignación de cápitas podría derivar en una potencial ‘saturación’ del sistema público de salud y expusieron su temor frente a la posibilidad de que la resolución del PAMI derive en decisiones similares de otras obras sociales.
