El gobierno formalizó la suspensión del pago del programa Potenciar Trabajo a más de 4.500 personas luego de evaluar que su situación presentaba incompatibilidades.
La decisión había sido anticipada días atrás por el Ministerio de Capital Humano, que encabeza Sandra Pettovello, luego de que avanzara una investigación llevada a cabo por el fiscal Guillermo Marijuan.
Los trabajos judiciales arrojaron que luego del entrecruzamiento de la base de datos de los beneficiarios del plan Potenciar Trabajo y de la nómina de los empleados públicos de 14 provincias, 4.588 personas presentarían incompatibilidades para acceder a dicho plan.
A través de la Resolución 17/2023, publicada este martes en el Boletín Oficial, el Ministerio de Capital Humano dio a conocer los nombres de todas las personas apuntas: se trata de un listado de 418 páginas.
El fiscal Marijuan había solicitado en noviembre pasado las bases de datos de los trabajadores estatales de las 23 provincias y la Ciudad, a fin de cruzarlas con el padrón del plan social. A partir de ese cotejo quedaron a la vista presuntas maniobras ilícitas “que podrían encontrar adecuación típica en el delito de defraudación contra la Administración Pública”.
El fiscal apunta contra los funcionarios públicos nacionales y provinciales cuyas acciones u omisiones “han permitido o facilitado la comisión de estos fraudes contra el Estado Nacional, conductas que, en principio, encuadrarían en el delito de violación de los deberes de funcionario público”.
Los titulares de Potenciar Trabajo cobran $78.000 y el Gobierno del presidente Javier Milei ya aclaró que ese monto se congelará, por lo que no habrá aumentos en los próximos meses.
