Con la publicación del Decreto 787, el gobierno nacional desreguló las cuotas y matrículas de las escuelas privadas, permitiendo que los institutos fijen en cada caso dichos valores, sin la necesidad de contar con una autorización del Estado nacional. La medida, que rige desde este martes, alcanza a alrededor de dos mil colegios que no reciben subvención estatal, por lo que no afectaría a los establecimientos que funcionan en la ciudad de Berisso. Al argumentar a favor de la medida, fuentes gubernamentales indicaron que el objetivo del decreto es permitir al sector ‘adaptarse a las fluctuaciones’ de la economía nacional.
Por su parte, la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) de la provincia emitió esta tarde un comunicado a través del que subrayó que las instituciones educativas privadas con aporte estatal, que constituyen más del 70 % en la provincia de Buenos Aires, “continuarán con sus topes arancelarios, sujetos a la supervisión y autorización de esta Dirección General, de acuerdo con la normativa provincial vigente”.
Lo que el Decreto establece, resaltaron fuentes provinciales, es que las instituciones sin aporte estatal están ahora eximidas de la obligación de informar con antelación a autoridades y familias sobre matrícula, monto de aranceles y cantidad de cuotas que deberá pagarse por cada alumno.
Desde AIEPA (Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina) se indicó que el marco regulatorio anterior establecía que las instituciones de educación privada debían requerir aprobación a un esquema de ajustes antes de finalizar el ciclo lectivo, para luego informar a las familias valores de matrícula, cuotas, plazos de pago y recargos por atrasos.
Aclarando que el 70% de los establecimientos de educación privada no serán alcanzados por el Decreto ya que reciben algún tipo de aporte oficial o subvención, el secretario ejecutivo de la Asociación, Martín Zurita, expresó su apoyo a la decisión gubernamental.
“La entidad considera que esta decisión representa un paso importante hacia la modernización del régimen aplicable a las instituciones sin aporte estatal, que había resultado insostenible y desfasado frente a la realidad económica y educativa del país”, planteó Zurita.
En tal sentido, advirtió que durante más de tres décadas, la normativa derogada “impuso procedimientos burocráticos que carecían de sentido práctico y obligaba a los establecimientos a anticipar los aranceles sin posibilidad de ajustarlos conforme a la evolución de los costos, generando incertidumbre tanto para las instituciones como para las familias”.