Será masiva. A estudiantes, docentes y otros integrantes de la comunidad universitaria de todo el país se sumarán representantes gremiales y fuerzas políticas opositoras.
Estudiantes, docentes, sindicatos enrolados en la CGT y en la CTA, legisladores y dirigentes de la oposición participarán este martes de la Marcha Federal Universitaria a Plaza de Mayo en defensa de la universidad pública, en medio de las dificultades presupuestarias que experimenta la mayoría de las casas de altos estudios.
La convocatoria es contra el ajuste presupuestario de las universidades, que -según advierten decanos de diferentes casas de estudio- condiciona severamente la continuidad del año lectivo.
En las jornadas previas a la marcha convocada para las 15:30 de este martes, se dieron numerosas clases públicas y abrazos a instituciones de todo el país. Teniendo en cuenta que el acto será de carácter nacional y tendrá lugar en CABA, será numerosa la columna que representará a la UBA. Sin embargo, también serán numerosas las columnas que lleguen desde otros puntos, incluida obviamente la que conformarán estudiantes, docentes, auxiliares y directivos de la Universidad Nacional de La Plata. A la vez, anticiparon que también serán de la partida representaciones de universidades privadas, tales como la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), la Torcuato Di Tella (UTDT) y la Universidad San Andrés (UdeSA).
Otras presencias comprometidas son la de la Confederación General del Trabajo (CGT), la Unión Cívica Radical (UCR) y la Coalición Cívica (CC), mientras que también se sumarán dirigentes de Unión por la Patria (UxP), de Hacemos Coalición Federal y del Frente de Izquierda (FIT).
El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, y su gabinete ya anticiparon que darán el presente en la marcha, al igual que el titular de la UCR, el senador nacional Martín Lousteau. También se sumarán intendentes, entre ellos el berissense Fabián Cagliardi.
Las complicaciones económicas derivadas de la no actualización del presupuesto educativo por parte del gobierno del presidente Javier Milei comenzaron a verse en la falta de entrega de insumos a los estudiantes. También en casos como el de la Facultad de Medicina de la UBA, cuyos directivos informaron que deben cortar el suministro eléctrico en parte de su edificio porque no pueden afrontar el pago de la tarifa.
Una de las convocatorias que circuló en las redes sociales instó a los participantes a llevar “un libro en mano” cada uno de forma simbólica para ilustrar el reclamo.
Por su parte, funcionarios del gobierno nacional, entre ellos el ministro de Economía, Luis Caputo, consideraron que los reclamos carecen de sustento, advirtiendo que la educación pública superior “no está en riesgo” y aludiendo a la autorización de un aumento presupuestario, más allá de que desde las universidades indiquen que dicho aumento no se hizo efectivo.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, consideró por su parte que la marcha es “incentivada por la política” y que si bien respeta el ‘reclamo genuino’ de alumnos y docentes, el gobierno ‘no permitirá que las universidades sean utilizadas por políticos de turno para beneficio propio’.
“Está de más decir que el Gobierno como todo gobierno liberal valora la educación pública, laica y federal. Esa educación pública nos hizo ser un faro en América, lejos estamos de querer permitir que este tipo de lugares sean utilizadas por políticos de turno para beneficio propio. No lo vamos a permitir”, aseveró el funcionario.
Urgencia en el presupuesto
Conforme al cálculo que efectúan directivos de distintas universidades públicas, con el actual nivel presupuestario, en medio del fuerte incrementos de gastos, las casas de altos estudios podrían seguir funcionando a lo sumo hasta septiembre.
“En las 62 universidades la situación es la misma. A algunas universidades les puede alcanzar hasta junio, a otras hasta agosto y a otras hasta septiembre”, sostuvo el rector de una universidad con sede en la localidad bonaerense de San Antonio de Padua, remarcando que el gobierno ofreció un 140 por ciento de aumento en el presupuesto, en dos cuotas de 70, pero el mismo es sobre los ‘gastos de funcionamiento’, un rubro que abarca un diez por ciento del gasto total de las universidades.
