Si bien la justicia avanzó en los últimos días en la identificación de presuntos responsables de algunas de las intimidaciones, las amenazas de bomba a establecimientos escolares que vienen registrándose a diario desde hace varias semanas no se detienen.
Por nuevas amenazas, en los últimos días no pudieron recibir a sus alumnos o debieron ser evacuados numerosos establecimientos de distintos niveles, tanto de gestión pública como privada, en el turno mañana y en el turno tarde.
El miércoles, el club Almafuerte fue sede de un encuentro abierto a la comunidad durante el que la fiscal María Cecilia Corfield, titular de la UFI 15, el comisario Jorge Carballo, jefe del Gabinete de Delitos Informáticos de la DDI La Plata, el jefe de la Delegación Explosivos de La Plata, Cristian Miller, Gerardo Castro abogado de la Dirección de Legal y Técnica de la DGCyE y el juez de garantías Juan Pablo Masi, brindaron información de las actuaciones en torno a las amenazas. De la reunión participaron también el subsecretario comunal de Seguridad Ciudadana, Hugo Dagorret; el Jefe del Comando de Patrullas, Jose Luis Coria; además de otros funcionarios, concejales, consejeros escolares y vecinos preocupados por la situación.
Tras mencionar que en el lapso de la semana en la cual se hizo cargo de las investigaciones se registraron 56 amenazas de bomba en La Plata, Berisso y Ensenada, la fiscal Corfield se refirió a algunas de las acciones encaradas.
“El 911 recibe el llamado que se efectúa desde un teléfono fijo o celular, registra un número. Ese número se lo facilitan a la gente de explosivos para realizar la evacuación lo más rápido posible”, describió. “Si uno llama desde un teléfono fijo el numero queda registrado. Si es de un celular buscamos a que compañía pertenece y una vez constatada esa situación, le solicitamos a la compañía la titularidad del teléfono. Nos brindan el nombre del titular, el domicilio de facturación y un teléfono de contacto que generalmente es un fijo de la casa donde vive el titular. Una vez que contamos con todos estos datos, tenemos el lugar pero no quién realizó las llamadas. Las compañías también brindan el número del aparato, por lo cual sacarle el chip al teléfono no evita que la justicia llegue a quién tiene el aparato en su poder y pueda realizar los allanamientos”, manifestó luego.
Respecto de la situación judicial de los involucrados en los llamados anónimos, explicó que las amenazas son un delito previsto en el Artículo 211 del Código Penal. “Se llama intimidación pública y tiene una pena que va de 2 a 6 años de prisión. Los menores que tienen entre 16 y 17 son imputables y responden por este delito. Los menores de 15 años, si bien son menores no punibles, van a tener un paso por la Justicia Penal Juvenil. Esto es desde el punto de vista Penal, sin perder de vista que la provincia o el municipio puedan accionen civilmente para que el adulto responsable de ese niño devuelva el dinero que el Estado y los organismos gastaron a la hora de llevar adelante los procedimientos”, describió en su exposición la funcionaria judicial.
“Más allá de lo que hace la Justicia es interesante que transmitan a los chicos que esto que sucede no es una broma; es un delito. Si tienen más de 16 años les queda el antecedente y si tienen 18 años cumplidos a la hora de los allanamientos terminarán en una comisaría, procesados con una tarea comunitaria o una pena de presión en suspenso”, expuso la Dra. Corfield.
Luego se refirió puntualmente a los allanamientos con resultado positivo que se llevaron adelante en Berisso. “La semana pasada los llamados de Berisso pertenecieron a cuatro o cinco personas. Tenemos un caso en que la misma persona realizó nueve llamados a nueve establecimientos distintos. Se llega al autor de los llamados. Será más rápido o más lento, pero se llega. Contamos con los audios, de modo que incluso se puede hacer un cotejo de voz con los nenes o el adulto”, informó.
Del mismo modo consignó que la justicia actúa una vez que el llamado se realizó y que no tiene posibilidades de trabajar en prevención. “Se hicieron tres allanamientos en Berisso que dieron positivo y quien debe responder por el delito penalmente es el autor del llamado. Los padres pueden responder si es que existe una acción civil que corre por cuenta del gobierno de la provincia o el municipio. Lo que ha pasado es que en los 16 procedimientos que hicimos en La Plata y Berisso, todos los responsables son menores de edad no punibles”, precisó más tarde la fiscal.
Clima tenso
La reunión fue ganando en temperatura con el correr de las horas y los cuestionamientos de los padres se focalizaron en obtener una respuesta ‘inmediata’ a la situación que viven los alumnos de las escuelas afectadas.
Una madre manifestó por ejemplo que la problemática que vienen sufriendo los establecimientos educativos en el distrito se profundiza y preguntó quién garantiza la continuidad educativa de los chicos. “Notamos que desde el momento en que los padres nos autoconvocamos y el tema se mediatizó conseguimos esta reunión. Antes no tuvimos explicaciones de ningún tipo y queremos respuestas”, enfatizó.
“Hay tiempos legales, que los padres no los tienen. Se está trabajando desde antes que se autoconvoquen. No es que arrancamos esta semana el tema de allanamientos”, expuso el jefe de la Delegación Explosivos de La Plata, Cristian Miller.
Desde el grupo de padres se pidieron sanciones más severas a los padres de los menores a los que se identifique como responsables. “Si mis hijos roban respondo de alguna manera; deberían existir penas ejemplares. Si el chico es menor de edad y tiene nueve llamados, que el papá se haga cargo económicamente y por otro lado legalmente. Deberían existir penas ejemplares”, advirtió otra expositora.
“Para lo que manifiesta deberíamos cambiar la ley penal”, respondió la fiscal Corfield reiterando explicaciones formuladas antes. “La Ley vigente nos permite ir contra los autores del llamado penalmente. Civilmente sí pueden responder los padres para pagar los gastos”, indicó.
Un familiar de un alumno del colegio Fray Justo Santa María de Oro insistió en la exigencia de respuestas inmediatas. “Queremos irnos con una respuesta concreta”, expresó.
Gerardo Castro, abogado de la Dirección Legal y Técnica de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia, se referiría luego al sistema de contingencia ante las amenazas de bomba. “En primer lugar nos ponemos en contacto con las fiscalías actuantes, para los datos que se requiera en algún servicio particular. Por otro lado, estamos trabajando con la Fiscalía de Estado que es la que representa a la provincia para la presentación como particulares damnificados en las causas penales, como así también el inicio de las acciones civiles a las familias de los menores que hayan incurrido en el delito. Como estructura educativa estamos trabajando en la sanción de los alumnos que hayan cometido este tipo de delitos. Es una contingencia que no es habitual, ni normal para el sistema educativo”, mencionó.
La reunión culminó en un clima de tensión, con una franja importante de los padres participantes cuestionando a autoridades educativas y con otros planteando interrogantes en torno a si detrás de las amenazas se esconde algún tipo de ‘intencionalidad política’.
La mayoría manifestó irse ‘con las manos vacías’. “Venimos a buscar una solución en el tema educación y seguridad. No puede ser que los chicos estén en las calles; nadie nos dio una respuesta”, exteriorizaron.
