Días pasados, autoridades de la Cooperativa de la Salud Clínica Mosconi intensificaron sus gestiones dentro de la órbita judicial con el objetivo de normalizar el funcionamiento del establecimiento.
En tal sentido, indicaron que solicitararían la detención de personas ligadas a la Cooperativa hoy separadas de sus tareas y elevarían una denuncia para que se investigue el manejo de fondos de anteriores autoridades de la institución, incluyendo los meses en que la administración del establecimiento estuvo en manos del gobierno municipal.
El clima que se vive dentro del edificio de calle 8 entre 157 y 158 dista de ser el ideal. El mapa muestra un marcado enfrentamiento entre la mesa directiva, votada en elecciones que se llevaron adelante en marzo del año pasado y referentes de la CTA Autónoma Regional Berisso, que en aquella elección avalaron explícitamente a la lista que resultó vencida.
De acuerdo a las afirmaciones que se emitieron desde la organización gremial, algunos de los alrededor de ciento veinte socios de la Cooperativa se ven afectados por prácticas de ‘hostigamiento y persecución’ que fueron denunciadas ante organismos como el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social Cooperativas y Mutuales (INAES) y el Instituto Provincial de Acción Cooperativa (IPAC).
A esos planteos se suma el referido al bajo nivel de ingresos que tienen quienes integran el plantel y la decisión de la comisión directiva de no permitir la realización de una asamblea el pasado 27 de diciembre, en un episodio que culminó incluso con la presencia de efectivos policiales en el edificio.
Se vivieron luego nuevos momentos de tensión, cuando trabajadores separados de sus tareas intentaron ingresar al edificio, aunque sin éxito merced a la actuación de personal de seguridad.
Desde la actual conducción de la Cooperativa se sostiene que todas las decisiones referidas a cambios de turno o de sector, razones por las que en parte surgieron las protestas aludidas, obedecen a ‘razones operativas’ y a la necesidad de ‘brindar mejores respuestas’ a la demanda de los pacientes y la comunidad. A la vez, se argumenta que los planteos efectuados públicamente por los actores gremiales que conforman la CTA a nivel local tienen claras ‘connotaciones políticas’ y que desde su inicio, la gestión de la nueva conducción de la Cooperativa, apunta a resolver irregularidades halladas en el campo contable, enfrentando innumerables escollos para avanzar en su proyecto de saneamiento.
Presentación ante la Suprema Corte
Con la asistencia del abogado Daniel Mazzocchini, la presidente de la Cooperativa de Trabajo de la Salud Clínica Mosconi Limitada, Silvia Argañaraz, efectuó el pasado 2 de enero una presentación ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia, mediante la que denunció los delitos de “usurpación y violación de domicilio” y “asociación ilícita”.
En la denuncia se argumenta que a ocho personas -Gisella Barboza, Mariela Cruz, Maximiliano Espósito, Romina Fernández, Gabriel Gallardo, María Rosa Gómez, Lisi Mac Loughlin y Claudia Ponce- se les prohibió el ingreso a la Clínica, dado que “generan disturbios internos, amenazan y vituperan al resto del personal” y que “han puesto en riesgo la adecuada atención de los pacientes, afectando el servicio público de la salud”.
La presentación, exponen las autoridades de la Cooperativa, cuenta con el respaldo de varios testimonios que permiten advertir la gravedad del tema. Del mismo modo hace hincapié en que, pese a que se prohibió su ingreso, los denunciados ingresaron ‘por la fuerza’ para ‘perjudicar a los pacientes y al servicio, cuestionando a las actuales autoridades’ y finalmente se pone de relieve que del ‘motín’ participó una trabajadora con carpeta médica, cuya función (servir la comida, realizar el aseo y brindar atención de pacientes internados) debió ser cubierta en los últimos tiempos por personal de otros sectores.
En el mismo documento se aclara que si bien se prohibió el ingreso al edificio de las mencionadas personas, las mismas continuarán percibiendo sus ingresos hasta tanto se resuelva un proceso disciplinario en curso.
Nuevas denuncias
Una semana después, autoridades de la Cooperativa anunciaron que efectuarían una presentación mediante la que solicitarían la detención de los cooperativistas denunciados y el inicio de una investigación de manejos contables de las anteriores administraciones.
Daniel Mazzocchino, representante legal de la actual administración de la Clínica, brindó detalles de la presentación. “De la conducción anterior quedó haciendo tareas en la clínica el hijo del ex-director, quien con un grupo de otros cooperativistas están obstaculizando el servicio de salud que aquí se presta. No hay problemas con que la gente ejerza sus derechos y quiera llevar adelante actividades políticas, pero no en términos que tengan que ver con boicotear un servicio esencial como es el de la salud; no se puede tener a personas dentro que hacen reuniones y dejan de prestar su servicio a los pacientes internados”, afirmó.
En su rol de representante legal de la conducción que encabeza Silvia Argañaraz, el abogado penalista indicó que ya se efectuó un sumario interno y se tomó declaración a varios empleados para tratar de establecer con el mayor grado de certeza posible lo que venía sucediendo en la institución. “Mediante los testimonios constatamos lo que ocurría. Mientras tanto, la situación se hizo insostenible y se decidió suspender a ese grupo preventivamente con goce de los retornos como socios, cosa de no generarles ningún perjuicio económico, pero manteniéndolos obviamente fuera de la institución, porque necesitamos gente que preste el servicio adecuadamente o que no lo obstaculice: es mejor pagarles sin que hagan nada a que vengan a molestar o perjudicar el trabajo del resto”, afirmó.
“A pesar de eso, ingresaron igual a la institución, empeorando la situación, por lo que efectuamos una denuncia penal por usurpación y violación de domicilio. Así se está manejando esta gente que no queremos y para las que pedí la detención. Si esto no se cumple tomaremos medidas mayores con el fin de garantizar la prestación del servicio”, adelantó Mazzocchino.
A la vez, el profesional efectuó una serie de cuestionamientos hacia los manejos administrativos y contables de las administraciones anteriores. “Quieren hacer quebrar a la actual conducción que encabeza Argañaraz y que no se investigue la monstruosa estafa que venía haciendo la gestión anterior. Elaboramos una denuncia penal porque eliminaron toda la documentación de prueba, pero eso queda registrado en las entidades bancarias con las que operaron. Existen sobrefacturaciones en la compra de insumos: por ejemplo se pagaron dos millones de pesos por mes en la provisión de oxígeno, algo que no está relacionado con la realidad. Con esta demanda buscamos que los fiscales investiguen cuánto se robaron. Esto incluye a la gestión que tuvo involucrado al Municipio en la conducción de la clínica. Acá se investigará a todo el mundo.
Queremos saber cuál es la relación de estos ex-directivos con las autoridades municipales actuales. Esto será a fondo”, adelantó Mazzocchino, poniendo además en tela de juicio la actuación gremial dentro de una cooperativa, que se rige por una normativa diferente a la de otro tipo de empresa.
Versiones enfrentadas
La reacción de los trabajadores señalados no se hizo esperar y en la semana que culminó ayer se hizo público un descargo, que comienza con un pedido de disculpas a la comunidad por los hechos de público conocimiento.
A través de declaraciones y con la emisión de un escrito, el grupo separado por la actual conducción de la cooperativa repudió dichos de Mazzocchini, aseverando que “no es el representante legal de la Cooperativa” o que al menos “no existió asamblea resolutiva que por votación de la mayoría así lo haya resuelto”, por lo que actuaría como ‘representante legal personal’ de la presidente de la institución.
Ya en lo que hace a su situación laboral y su condición de asociados a la cooperativa, aseguraron que no existe proceso estatutario alguno que dicte la suspensión de algún trabajador y que incluso si existiera, no hay un Consejo Administrativo que resuelva la situación, ya que la mayoría de sus integrantes renunciaron hace un tiempo, quedando sólo presidente y tesorero.
En cuanto a otras acusaciones y presentaciones legales en las que se involucran sus nombres, informaron que acudieron a la Justicia pidiendo que quienes iniciaron las acciones demuestren sus dichos. “No debe ser gratis calumniar e injuriar a las personas. Encararemos todas las acciones legales correspondientes para limpiar el buen nombre de las compañeras y compañeros y también se elevará una denuncia por presunta administración fraudulenta”, aseveraron desde el grupo.
En el marco del conflicto, hicieron hincapié en que los trabajadores son ‘socios dueños’ de la cooperativa y no empleados. “Tenemos derechos y el reclamo pacifico es uno de ellos”, remarcaron, negando que sus acciones hayan entorpecido el cuidado de las personas que concurren al establecimiento. “Jamás se dejó de atender las necesidades de los pacientes que son quienes nos mantienen de pie y a los que les debemos el mayor de los cuidados y respeto. En estos meses a los trabajadores jamás se nos ha escuchado, jamás se nos ha dado una Asamblea”, cuestionaron.
También aludieron a observaciones de representantes de la actual gestión en cuanto a gastos excesivos y compras presuntamente sobrefacturadas que habría efectuado la anterior gestión a cargo de la cooperativa.
“Cuando habla de gastos elevados de oxígeno, le decimos que se asesore bien, ya que los altos números de gastos pertenecen a la actual gestión. Además tenemos pruebas fotográficas de la destrucción de documentación desde que comenzó la nueva administración”, manifestaron en respuesta a afirmaciones de Mazzocchini.
Los trabajadores indicaron que diariamente se hacen presentes para cumplir con sus labores a pesar de las restricciones. “No hemos cometido ningún ilícito y nunca estuvimos fuera de nuestras responsabilidades como las refiere el Estatuto. Seguimos trabajando como siempre, todos seguimos en nuestros puestos porque somos socios, no como piensa el abogado y la señora presidenta que somos empleados porque esta es una Cooperativa y no una clínica privada. Podemos cumplir con nuestras tareas porque nunca estuvimos de paro, ni tampoco nos suspendieron, es todo mentira lo que habla este abogado”, remarcaron.
Se refirieron además a su vínculo con entidades gremiales como la CTA Autónoma y sectores de ATE Berisso. “Agradecemos sus gestiones, porque recurrimos a ellos por nuestra propia voluntad”, afirmaron al respecto, para finalmente establecer que “nadie vive con 30 mil pesos mensuales”.
Para el sector, la comisión en funciones “nunca estuvo a la altura de las circunstancias”. En tal sentido, indicaron que mediante una Asamblea de Trabajadores espontánea, que respetó dictados estatutarios, se decidió pedir la destitución del Consejo Directivo. El pedido, aseguran, cuenta con el aval de una mayoría de los socios.
Más allá de dichos y severas acusaciones cruzadas, en un conflicto en el que se mezclan reclamos laborales, intereses políticos y hasta rivalidades personales, serán finalmente las entidades que rigen la actividad de las cooperativas, así como la Justicia, las que determinen en qué contexto podrá seguir desarrollando su actividad la clínica. Cabe recordar que la institución estuvo varias veces al borde del cierre y que antes de la asunción del nuevo consejo directivo, votado el año pasado en una elección con múltiples condimentos, fue administrada por el gobierno comunal.
Aguas divididas en terreno gremial
Como es de público conocimiento, la CTA Autónoma Regional, una línea de ATE Berisso y organizaciones sociales y políticas afines, participan activamente del conflicto que se vive en la Clínica Mosconi. En los últimos días, las organizaciones, que tuvieron un peso importante en la administración anterior, volvieron a manifestar su solidaridad con los socios trabajadores que denuncian ser blanco de ‘hostigamiento y persecución’ en el establecimiento y recordaron que ya se presentaron denuncias ante el Instituto Nacional de Asociativismo y Economia Social Cooperativas y Mutuales (INAES) y el Instituto Provincial de Acción Cooperativa (IPAC).
Esas denuncias, observaron, apuntan a que se investiguen presuntas irregularidades en la actual gestión y a que se convoque a asambleas en las que los socios se expidan sobre la presunta ‘falta de cumplimiento estatutario por parte de la comisión’.
Otro punto que cuestionan es el de los magros ingresos que perciben los cooperativistas (26 mil pesos en el caso de mucamas y camilleros y 36 mil en caso de técnicos y enfermeros según advierten).
Sin embargo, los reclamos ante la actual conducción de la Clínica no son avalados por la comisión administrativa de ATE Berisso. “Queremos dejar en claro que no apoyamos ninguna declaración o acción inconsulta con los afiliados, como es el caso de este reclamo”, argumentaron a través de un comunicado sectores del gremio referenciados en su actual secretaria general.
“Somos muy conscientes de la situación que están atravesando todos los trabajadores organizados, pero no somos cómplices de ningún ataque a traición hacia la clase trabajadora, ya que ATE nunca tuvo actitudes de esta naturaleza. Repudiamos todo acto de violencia y está demostrado en nuestro accionar a través de las acciones llevadas adelante por nuestra seccional”, expusieron finalmente.
