A través de una Resolución emitida la semana pasada, el Tribunal de Trabajo N°1 de La Plata dispuso prohibir que el director de Defensa Civil, Roberto Scafati, y el secretario adjunto de ATE Berisso, Juan Jorajuría, se acerquen al lugar de residencia, trabajo, estudio y esparcimiento de Evelin Ayelén López, trabajadora del SAME Berisso que a fines de agosto denunciara haber sido objeto de conductas de violencia en su ámbito laboral.
Aclarando que la disposición para nada implica un pronunciamiento respecto de la persona de los denunciados -el funcionario y el dirigente citados, además de tres trabajadores del servicio de emergencia- el tribunal argumentó que la medida apunta a garantizar principios que establece la Ley de Protección Integral a las Mujeres. En el caso de los empleados aludidos, el mandato es el de desistir de realizar cualquier conducta que atente contra la integridad psico-física de la denunciante.
La Resolución generó una inmediata reacción en el ámbito de ATE Provincia, cuya cúpula consideró que los trabajadores y el dirigente denunciados no tuvieron la posibilidad de hacer uso del derecho de una ‘legítima defensa’, y se vieron perjudicados por la publicación de la disposición.
Respecto de la denunciante, los dirigentes de ATE Provincia evalúan que ocupa un lugar de coordinación en el SAME “desde hace unos meses y desconociendo todos los pasos administrativos”. En cuanto a la denuncia, hablan de “verdaderos intereses que se ocultan” alegando que de fondo están en juego “la libertad y la democracia sindical”.
Conforme a lo que expuso a través de un comunicado que emitió en los últimos días, la mesa directiva del gremio a nivel provincial argumentan que la situación analizada tiene su origen en malos tratos que adjudican a López en su relación con trabajadores que decidieron afiliarse a ATE. Esa circunstancia, aseveran, dio pie a una denuncia por violencia laboral en el ámbito de la Muncipalidad.
Tras enunciar que aquellos denunciantes ‘pasaron a ser denunciados’, directivos del gremio adelantaron que iniciarán acciones para intentar revertir la disposición, insistiendo en que se tomó en forma apresurada y lesiona el buen nombre de afiliados a la organización.
