De un tiempo a esta parte, las instituciones nucleadas en la Federación de Entidades de Bien Público vienen dando pelea para la reglamentación de la Ley Nacional 27.218 que establece una tarifa diferencial para las organizaciones sociales y comunitarias.
La Provincia adhirió a la norma a través de la Ley 14. 706 y la comuna a través de la Ordenanza 3.740 sancionada durante el 2016. Sin embargo la normativa jamás fue reglamentada, es decir que todavía la Provincia no definió quién y cómo se implementará y cuáles serán sus alcances.
Según detalla la normativa, se considera entidades de bien público a ‘asociaciones civiles, simples asociaciones y fundaciones que no persigan fines de lucro en forma directa o indirecta y las organizaciones comunitarias sin fines de lucro con reconocimiento municipal que llevan adelante programas de promoción y protección de derechos o desarrollan actividades de ayuda social directa sin cobrar a los destinatarios por los servicios que prestan’.
Serían éstas las que deberían poder acceder a una tarifa especial en el servicio de luz, gas, cloaca, telefonía y agua.
Mientras esperan se tome la decisión política, los clubes afrontan boletas de luz que alcanzan los 4, 5 y hasta 6 mil pesos mensuales y son muchos los dirigentes que deben poner plata de su bolsillo para afrontar el gasto y esperan siga firme el fallo del Juez en lo Contencioso Administrativo Luis Arias, que falló a favor de los vecinos y las instituciones para lograr que las tarifas no sean ‘confiscatorias’.
