Con el slogan “La Patria no se vende”, el Centro de Ex-Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) inició en diciembre del año pasado una acción judicial para que quede sin efecto el Artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23 del presidente Javier Milei, que deroga la ley 26.737 de Régimen de Protección al Domino Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras Rurales.
Por medio de una presentación efectuada a través de su representante legal, Jerónimo Guerrero Iraola, la entidad solicitó una acción de amparo y la declaración de “inconstitucionalidad y nulidad” del mencionado Artículo.
El requerimiento tuvo en primera instancia una respuesta favorable con una medida cautelar dictada por la Justicia Federal que lleva la firma del magistrado Ernesto Kreplak, quien suspendió la derogación de la llamada Ley de Tierras. Sin embargo, luego, el Juez a cargo del Juzgado Federal N°4 de La Plata, Alberto Recondo, negó la legitimación del CECIM La Plata como parte actora.
“De esta manera se desconoció la labor que nuestra organización lleva adelante desde 1982. Cuarenta y dos años de historia han sido deliberadamente omitidos. No se reconocen acciones claras, concretas, que eslabón a eslabón fueron configurando el encadenamiento que hace del CECIM una referencia a nivel local, nacional e internacional en materia de defensa de la soberanía nacional en sus múltiples dimensiones y alcances”, se quejaron desde la organización platense.
El jueves de la semana pasada, junto a otras organizaciones, entre ellas el CEVECIM Berisso y Ensenada, integrantes del CECIM se movilizaron para presentar ante la Justicia Federal de La Plata un primer corte de las firmas logradas con la petición lanzada por el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, en adhesión y apoyo a la acción de amparo efectuada inicialmente.
Estas acciones volvieron a retrotraer la situación. “Entregamos las firmas contra la derogación de la Ley de Tierras y recibimos como buena noticia que el Juez Recondo concedió el recurso de apelación que presentamos. De esta manera la cautelar está vigente”, afirmaron desde el CECIM.
Conforme a referentes del Centro, de perder su vigencia la citada Ley, el Estado Argentino “pasará a perder el control sobre la política pública de ordenamiento territorial, la información sobre quienes son propietarios y la potestad de poder incidir sobre un recurso estratégico como es el territorio”.
En la nota mediante la que se promovió la junta de firmas se destaca que la Ley de Tierras “impide que capitales extranjeros compren grandes extensiones de territorio, protege los ríos, lagos y lagunas y pone límites a la compra de tierras en zonas de frontera”.
