El pedido fue formulado ante la ANSES por expresiones a las que desde organizaciones de ex-soldados definieron como ‘golpistas’.
Organizaciones de ex-soldados de Malvinas pidieron a la directora de la ANSES, Fernanda Raverta, que revise la pensión honorífica otorgada al ex-líder carapintada Aldo Rico por su participación en el conflicto bélico, a raíz de sus expresiones públicas de los últimos días, a las que consideraron “golpistas”.
Las entidades, entre las que figuran el CECIM platense y el CEVECIM de Berisso, invocaron el artículo sexto del decreto 1357/04, que impide el acceso al beneficio a los militares que fueron sancionados “por delitos contra el orden constitucional y la vida democrática”.
Los dichos objetados tienen que ver con un video difundido por la red social YouTube en la que Rico convoca a sus ex-camaradas a ‘prepararse’ ante las circunstancias ‘de violencia y disolución’ que advierte en el país. “Cuando la patria está en peligro, todo es lícito”, expresó Rico en tono amenazante.
Esa conducta le valió al menos dos denuncias penales: una del procurador general adjunto de la Nación, Víctor Abramovich, que tramita ante el Juzgado Federal a cargo de Ariel Lijo; y otra de la Secretaría de Derechos Humanos, que fue asignada al que conduce el magistrado Sebastián Casanello.
Además del rechazo a las expresiones de Rico, las organizaciones de ex-combatientes reclamaron que se revise la continuidad del beneficio especial como ex-combatiente, en el marco de una serie de “irregularidades” que advierten en el otorgamiento y continuidad de beneficios contemplados en la ley 23.848, que justamente otorga esa Pensión Honorífica.
“Bregamos por el cumplimiento de dichas normas y más aún por tratarse de un universo de beneficiarios donde muchos de ellos formaron parte de las estructuras de las Fuerzas Armadas durante la dictadura cívico militar, que incluyó la Guerra de Malvinas”, expresaron fuentes de los centros de ex-soldados, subrayando que Rico y otros militares “ya recuperada la democracia, cometieron actos ilícitos como los episodios llevados a cabo en los alzamientos en los años 1987, 1988 y 1991”.
“Por tratarse de recursos que surgen del erario, consideramos que la ANSES debe verificar si en este caso se viola lo establecido en el artículo 6º del decreto 1357/04”, resume el pedido dirigido a Raverta.
