Un grupo local de vecinos autoconvocados expresó su descontento por la aplicación en la ciudad del denominado pase sanitario. Insisten en que la medida viola derechos.
Un grupo local de vecinos autoconvocados, integrado por personas vacunadas y no vacunadas, volvió a manifestar su descontento por la aplicación en la ciudad del denominado pase sanitario, remarcando que la medida viola derechos amparados en numerosas leyes vigentes.
En tal sentido, argumentaron que tanto el personal administrativo de diferentes organismos públicos con sede en el distrito como los profesionales de la salud que exigen presentar dicho ‘pase’, participarían de la comisión de diferentes delitos, entre ellos el de ‘coacción’. En tal sentido, recordaron que el Artículo 149 bis del Código Penal prevé de dos a cuatro años de condena para quien “hiciere uso de amenazas con el propósito de obligar a otro a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad”.
No se trata de la única norma que invocan, ya que también hacen mención de la Ley 26.529 (de Confidencialidad del Paciente), la ley de Libre Circulación y la ley 23.592 (Antidiscriminatoria). En este caso, aluden al potencial ‘abandono de paciente’ en que se incurriría en las unidades sanitarias de no atender a quien no presente un carnet de vacunación.
“El señor Intendente, declaró en diferentes oportunidades a modo de promesa, la intención de finalizar con el pedido del mismo mediante una resolución municipal, lo cual incumplió, desoyendo las necesidades de los vecinos a acceder a estos derechos constitucionales fundamentales”, expresaron voceros del grupo.
En tal sentido, advierten que quienes en este caso se arrogan el ‘poder de policía’ estarían claramente excediéndose en sus funciones. “Se ha coartado también la libertad de percibir la remuneración correspondiente a nuestros adultos mayores, personal y autoridades docentes instigando a padres bajo amenazas a no permitir el ingreso de sus hijos no vacunados a las instituciones educativas, vulnerando la garantía educativa de nuestros hijos”, subrayan.
A archivo en tiempo récord
Intentando encontrar un espacio para plantear sus razones, los vecinos acudieron al Concejo Deliberante, en donde fueron recibidos por la concejal Silvina Di Renta.
“Nos escuchó, respetando un estado democrático, y conjuntamente se volcaron en un proyecto los temas que hoy nos aquejan, anexando el pedido de uso de la ‘banca vecinal’ y notas por mesa de entrada que venimos presentando desde principio de año”, describieron.
Sin embargo, la iniciativa fue archivada ‘en cuestión de horas’, situación por la que critican a concejales del bloque oficialista. “Argumentan que ellos deben gobernar, sin respetar por supuesto la Constitución Nacional. Desconocen totalmente los derechos del ciudadano, cometiendo ellos mismos, nuestros representantes, el delito de coacción”, señalaron, insistiendo en que la vacuna contra el Covid ‘no es obligatoria en la Argentina’.
“Repudiamos la falta de información, el desconocimiento a las leyes, la ausencia de la voz del vecino, el silencio que nos imponen cuando presentamos un planteo en contra de sus ideologías”, manifestaron, poniendo de relieve que el argumento de ‘cumplir órdenes’ no tiene asidero desde que fuera derogada la Ley de Obediencia Debida.
Al mismo tiempo, advirtieron que en ciudades como Bahía Blanca y Santa Fe, mediante sendas resoluciones municipales, se retiró el ‘pase sanitario’ a nivel municipal, ya que los concejales están facultados para tal acto, al igual que el intendente.
“Nos imponen, de esta manera, comenzar a denunciar ante la Justicia, el INADI y demás instituciones, a todo aquel que vulnere el derecho constitucional imperante, coartando libertades sin autoridad”, concluyeron, indicando que la imputación aplicaría a funcionarios, administrativos, docentes y personal de salud que no actuara conforme a lo que establece la Constitución.
