Autoridades comunales ratificaron la decisión de iniciar acciones judiciales contra los responsables de efectuar llamados de amenazas a escuelas del distrito, sean mayores o menores de edad.
“Cada operativo por amenaza implica un importante gasto y un grave problema en general para toda la población y eso deberá ser resarcido por los responsables de las intimidaciones”, definió el subsecretario de Seguridad Ciudadana, Hugo Dagorret.
En tal sentido, observó que la Municipalidad cumplirá con presentaciones en la esfera penal, en su calidad de particular damnificado, así como en el plano de lo civil, accionando por daños y perjuicios.
En el caso de que los responsables del delito sean menores de edad, dijo también, ‘se accionará contra sus padres o mayores responsables’. En este plano, recordó que ya se pudieron detectar a varias de las personas que realizaron llamadas intimidatorias en las pasadas semanas.
Línea directa con la Suprema Corte por las amenazas a escuelas
Autoridades comunales se reunieron en los últimos días con el secretario de Política Criminal de la Procuración de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Pont Verges, para adoptar medidas orientadas a dar fin a la situación que enfrentan numerosos establecimientos educativos del distrito por los repetidos llamados de amenazas de bomba.
La comitiva local, integrada por el intendente Jorge Nedela, el secretario de Gobierno, Claudio Topich, y el subsecretario de Seguridad Ciudadana, Hugo Topich, pidió que en vistas de la emergencia que surge de la situación y para agilizar las investigaciones, las denuncias se centralicen en una sola Fiscalía.
El procedimiento del último viernes
La fiscal María Corfielt, titular de la UFI 15, participó del procedimiento que el último viernes culminó con la identificación de un menor como responsable de al menos un llamado intimidatorio a la secundaria que funciona en 165 y 16.
“Esta acción surgió a partir de uno de los llamados sobre amenazas de bombas en colegios. El 911 registró un número de teléfono y a partir de ahí le pedimos a la compañía que le presta el servicio que nos indique el nombre del titular y el domicilio de facturación. Así llegamos a esta vivienda en la que efectivamente vive el titular, no así el menor que estaba en poder del equipo que, según sus familiares, usaría. Afirmamos que la voz es compatible con la que tenemos grabada de la amenaza”, explicó en relación a la investigación del caso.
La funcionaria judicial observó que no se pueden iniciar acciones penales sobre un menor, salvo que se compruebe una instigación por parte de un adulto. “Lo que sí, el Municipio y la Provincia tienen la posibilidad de reclamar civilmente para que se paguen los gastos que surgen de estos operativos, en un día como el de hoy en el que hubo más de veinte en la región”, expresó en el marco de la diligencia. “Los chicos tienen que entender que por más que no tengan responsabilidad penal se están afectando recursos para otras cuestiones de seguridad”, observó en el mismo sentido.
Por su parte, el Comisario Mayor Julio Poles, Director de Explosivos dependiente de la Superintendencia de Seguridad Siniestral, indicó que todos los operativos realizados frente a llamados que afectaron a escuelas berissenses culminaron sin el hallazgo de explosivos u otros artefactos.
