El Gobierno provincial y el Colegio de Abogados bonaerense pusieron en marcha los resortes correspondientes para la institución de la figura del ‘Abogado del Niño’, cumpliendo con una ley sancionada en 2013 que apunta a que los niños y adolescentes cuenten con un profesional que los represente en las cuestiones civiles, familiares o administrativas que los afecten.
El objetivo del convenio, firmado en los últimos días por el ministro de Justicia Carlos Mahiques y el titular del Colegio de Abogados de la provincia, Bienvenido Rodriguez Basalo, es garantizar la defensa plena y autónoma de los niños de cualquier condición social, quienes podrán contar con un abogado cuyos honorarios serán costeados por el Estado, en su totalidad o parcialmente.
De este modo, cada departamento judicial de la Provincia conformará los registros de ‘Abogados del niño’ que estarán a disposición de las causas en las que se afecten intereses individuales de niños y adolescentes.
En caso de que el niño tenga otorgado el beneficio de pobreza, el gobierno de la Provincia cubrirá la totalidad de los costos, y si esta situación no se acreditase, el Estado cubrirá el 50% de los honorarios.
“La Provincia tiene la obligación de avanzar con esta ley que había sido postergada y de esta manera garantizar el derecho de que niños, niñas y adolescentes tengan el debido acceso a la justicia”, planteó Mahiques durante la firma del convenio.
En el Registro, describió, se podrán inscribir profesionales con matrícula y especialización en derechos del niño y que integren organizaciones que trabajen la problemática de la infancia y adolescencia.
La Ley, que fue sancionada en noviembre de 2013 y no fue instrumentada hasta la fecha, establece además que la asistencia jurídica y la defensa técnica “serán provistas a partir de criterios interdisciplinarios, fundados en el derecho de los niños y niñas a ser oídos y en el principio del interés superior del niño”.
La Ley de Abogados del Niño, cabe recordar, se sancionó en cumplimiento con lo establecido por la Convención sobre Derechos del Niño de las Naciones Unidas, el Pacto San José de Costa Rica y la Ley Nacional Nº 26.061.
