La Municipalidad y una comisión que represente a familias y escuelas pedirán a la Fiscalía General que cree una comisión especial para actuar ante las amenazas de bomba.
Convocados por la comunidad educativa de la EET Nº2 y con la intención de pedir a las autoridades que intervengan para brindar una solución ante las reiteradas amenazas de bomba que afectan a los distintos establecimientos educativos del distrito, alumnos, padres, docentes y vecinos se dieron cita el miércoles a la tarde en el playón Carlos Cajade. Desde allí, se inició una marcha por Avenida Montevideo en dirección al Consejo Escolar y a las puertas de la Municipalidad.
En la puerta del Consejo, los manifestantes mantuvieron un acalorado diálogo con la presidente del organismo, Elizabeth Franchi. Una vez que la columna llegó al palacio municipal, un grupo de docentes y padres fueron recibidos por el Secretario de Gobierno, Claudio Topich; la Directora de Acción Social, Ana Lara y el consejero escolar Omar Medina.
Luego de la reunión, Sergio Duarte, docente de la EP Nº3, especificó los principales puntos acordados con autoridades comunales. “Fueron dos compromisos fundamentales. El primero es que el municipio confeccionará un escrito para pedir a fiscalía que se cree una comisión descentralizada que se haga cargo exclusivamente de las amenazas de bomba. En segundo lugar, esa nota la entregarán a cada colegio para tener la firma de todos los establecimientos de la ciudad”, explicitó.
A la vez, se decidió agendar para el martes de la semana entrante una reunión de la que participarán autoridades municipales y una comisión que represente a familias y escuelas. En ese marco se ultimarán detalles para efectuar la presentación ante el Fiscal General Héctor Vogliolo.
En cuanto al pedido de padres para reforzar la seguridad de los chicos a la hora de la evacuación de las escuelas, Duarte expuso que el municipio ‘se hará cargo de la seguridad de los niños y docentes en la calle, en el momento de cada evacuación’. “La comuna nos expresó que mantendrán una reunión con autoridades policiales y seguridad vial para reforzar la seguridad, algo que hasta ahora no sucedía”, aseveró.
Para sumar motivos a la preocupación que existe en el ámbito educativo en torno a las amenazas, el docente se refirió a los efectos pedagógicos de la pérdida de días de clase. “La continuidad pedagógica se pierde. En nuestra escuela en un día tuvimos tres amenazas de Bomba y solo pudimos entrar veinte minutos al establecimiento, con lo cual las otras tres horas nos la pasamos en la vereda con los chicos. Hay una desidia por parte del Estado en hacerse cargo de esta situación. Nadie visibiliza este conflicto, hemos hecho diferentes reclamos y no teníamos respuesta, hoy a través de la gran movilización que llevó adelante la comunidad pudimos obtener compromisos importantes”, sostuvo.
Natalia Martínez, madre de alumnos de la EP Nº3 consideró que la reunión fue fructífera y que se pudo plantear la responsabilidad que recae en el Estado en lo que hace a la seguridad de los chicos. “Entregamos un petitorio donde los hacemos responsables si a los chicos les pasa algo en la calle. También está el compromiso que ellos dieron con los maestros para juntar firmas en todos los colegios y hacer una presentación en Fiscalía para que se unifiquen las causas y se pueda saber quién hace las amenazas”, describió. “Garantizaron darle la seguridad a los chicos y cortar las calles como corresponde a los protocolos de evacuación. Esperemos que se cumpla lo pactado”, observó.
Compromiso municipal
El Secretario de Gobierno, Claudio Topich, consideró justo el reclamo de docentes, padres y vecinos, aunque aclaró que las respuestas de fondo tienen que ver con procesos que debe llevar adelante la justicia.
“En principio pusimos en claro que las intimidaciones públicas son un delito y que es un tema netamente judicial para establecer las competencias de cada uno. Estamos con el mismo reclamo de la gente, las mismas preocupaciones y la alternativa que planteamos desde hace tiempo es que se unifiquen todas las causas en una sola fiscalía, con un fiscal exclusivo para este tipo de intimidación pública, lo cual aceleraría todo el proceso de investigación. Nosotros queremos al igual que la gente que haya dos o tres allanamientos por día”, indicó.
También hizo hincapié en diversas alternativas que maneja la comuna en relación al tema. “Las autoridades judiciales tienen que entender la gravedad de lo que estamos atravesando y que la compartimos todos. Acá no puede haber discursos políticos. Ésta es la alternativa que está proponiendo el municipio y que fue aceptada por los padres: presentar un escrito al Fiscal General Héctor Vogliolo con la firma de cada colegio. A partir de la nota firmada estableceremos un día para que nos reciba Vogliolo a una comisión de padres y docentes, más el subsecretario de Seguridad, Hugo Dagorret”, anticipó el funcionario, garantizando que en cada operativo de evacuación que se deba realizar en el distrito se hará presente personal de Defensa Civil y Seguridad Vial en cada operativo de evacuación en el distrito.
