Voluntarios y sin recursos, los proteccionistas suelen resolver muchas situaciones que debería afrontar el Estado. En el distrito, reclaman al Municipio que monte un picadero y can
Responsables de la ONG Gestión Prodea mencionaron que luego de que sus profesionales veterinarios y legales se reunieran en dos oportunidades con representantes de la gestión municipal, siguen faltando respuestas concretas al menos ante dos reclamos puntuales, relacionados con problemáticas que arrastran años sin tratamiento en el distrito.
En primera instancia, hablan de la necesidad prioritaria de conseguir que el Municipio reabra una ‘remonta’ o ‘picadero’, teniendo en cuenta que desde hace algunos meses se dejó de contar con un lugar al que eran destinados los caballos que se hallaban en vía pública, víctimas o protagonistas de accidentes, daños a la propiedad o maltrato.
“Tal vez a la gente le parezca un tema menor, pero es de gran importancia, dado que diariamente se reciben denuncias de equinos sueltos”, subrayan integrantes de la Protectora, poniendo de relieve que en este aspecto existe una Ordenanza que el Municipio debería cumplir, porque para las entidades es muy difícil ‘hacerse cargo de las responsabilidades del Estado’.
Según exponen, en los últimos tiempos Prodea aceptó hacerse cargo de varios equinos derivados por el Poder Judicial, con el objetivo de recuperarlos, cuidarlos y alimentarlos por tiempo ilimitado, cubriendo costos que exceden sus posibilidades.
“No podemos seguir dando respuesta ante animales que debe atender el Municipio, que de hecho cobra a los responsables multas mediante el Juzgado de Faltas. El dinero que ingresa en este concepto debería volcarse al área correspondiente”, plantean. “Nosotros no podemos seguir derivando animales a instituciones colegas ni hacernos cargo, mientras el Municipio cierra un servicio con el que contaba históricamente la ciudad”, argumentan en el mismo sentido los voluntarios de la entidad.
Otro espacio necesario
Otro reclamo añejo de PRODEA está dirigido al área municipal de Veterinaria, en este caso para que proceda al armado de caniles que permitan la observación obligatoria de 10 días (conforme a la Ley de Profilaxis) de animales denunciados por mordeduras.
“El Municipio nunca trabajó ese aspecto. Nunca existió una voluntad política en años de reclamos que hemos efectuado y es un tema que obligatoriamente debería atender el área de Salud. No se trata de someter a las personas a controles obligatorios, pudiendo observar a los animales”, plantean referentes de la ONG.
El número de mordeduras que registra la unidad sanitaria que certifica dichos casos, observan también, es muy alto en relación a años anteriores, como es alto el porcentaje de animales en vía pública con dueños o responsables que no los controlan y que después de causar un daño o accidente, directamente ‘se desligan no asumiendo la responsabilidad que les cabe’.
“Cuando el animal tiene un dueño, tenedor o responsable, es quien se deberá ocupar de llevar adelante su control de manera privada, pero si el animal está en vía pública sin responsable visible, el único responsable es el Municipio”, afirman.
Un concepto errado
Con frecuencia, los vecinos exigen a la Protectora acciones que no le corresponden o están más allá de sus posibilidades efectivas de atender determinadas problemáticas.
“La gente tiene un concepto errado, pensando que por tratarse de perros, quien se debe ocupar es la Protectora. Pero no es así, porque las protectoras no somos perreras ni centros de zoonosis. Este tipo de problemas tiene que ver con la salud pública y debe ser atendida por organismos oficiales. La Ley de Profilaxis es muy clara en las medidas que deben adoptar las municipalidades para el tratamiento y control de estas situaciones”, explican referentes de la ONG. Desde su perspectiva, en el caso de Berisso se cuentan con predios como para poner en marcha, sin una gran inversión, espacios que se ocupen de la problemática planteada.
“Es más simple criticar y buscar responsables que aportar soluciones. El vecino debe entender que las ONG’s, como toda institución legalizada, tienen estatutos que delimitan su actividad. Nosotros cumplimos el nuestro al pie de la letra y aún más. El vecino no aporta a la ONG de sus impuestos, no se le saca un peso para nuestra actividad ni somos subsidiados por nadie, todo se hace a pulmón y con el esfuerzo de muchas personas”, aseveran.
En el mismo sentido, observan que ante la falta de respuesta del Estado, se señala a Prodea como responsable de situaciones que se encarga de exponer públicamente. “La gente quiere que le quites de su vista el problema, sin importar cómo. Siempre hicimos público todo nuestro accionar, usando todos los canales de comunicación a nuestro alcance, no porque seamos ‘mediáticos’, sino porque a través de los medios se puede educar, concientizar y prevenir situaciones que hoy parecen agravarse”, concluyen.
