Ante el pedido de un vecino, el gobierno comunal debería informar cómo está conformada la planta política municipal y cuál es el procedimiento de contratación de cooperativas.
Parece encontrarse en su etapa decisiva el recorrido del expediente relacionado con el recurso de amparo que presentara Oscar Sosa -vecino vinculado con el mundo de los medios y el ámbito político local- para tratar de conocer de la Municipalidad detalles sobre cantidad, remuneración y otros datos puntuales de las personas que se incorporaron a la planta municipal desde el 12 de diciembre de 2019. El pedido apunta también a conocer detalles de la contratación de cooperativas por parte del gobierno comunal desde el inicio de la actual gestión.
Esta semana, Sosa recordó que a mediados del mes de agosto el Ejecutivo debería cumplir con la determinación tomada por la justicia dando vía favorable a su pedido.
Después de las apelaciones oficiales y cumplidos los procedimientos técnico-administrativos, el Tribunal en lo Criminal Nº 5 dio vía a la solicitud presentada y estableció que en 30 días hábiles la administración comunal debe aportar la documentación solicitada.
“Para el 12 de agosto tiene que estar el informe completo de lo que solicité y se le debe entregar al juzgado o a mi persona”, advirtió Sosa, manifestando que la única instancia a la que el Municipio podría recurrir ahora es la de la Suprema Corte de Justicia provincial. “Eso sería un error tremendo, porque ahí no se tratan amparos de este tipo en el que un ciudadano está pidiendo un amparo. Lo único que harán es perder tiempo, que en su caso ya está corriendo”, afirmó.
Cabe recordar que haciendo uso de una atribución constitucional, Sosa había presentado el 4 de octubre de 2021 una nota ante el Municipio solicitando el listado completo de personas contratadas en planta permanente, planta transitoria y personal político, desde el 12 de diciembre de 2019 hasta ese momento.
En la misma nota dirigida al intendente Fabián Cagliardi, se requirieron además detalles referidos a lugar de prestación de servicios en cada caso y remuneraciones de cada integrante de la denominada ‘planta política’.
A eso se sumó el pedido de información sobre cooperativas de trabajo que en el mismo período hubieran tenido vínculo contractual con la comuna, con el detalle de tareas asignadas, montos de las respectivas contrataciones e identificación de quien figurase como apoderado en cada caso.
En cuanto a la solicitud, Sosa remarcó que si bien se generó un interés particular sobre quiénes y cuántos integran la nómina de actuales funcionarios, no es menos importante que públicamente se conozca la actuación del gobierno comunal en relación a las cooperativas de trabajo.
“Queremos saber dónde va a parar una masa muy importante de dinero vinculada con la contratación de cooperativas. Tienen que informar de manera transparente quiénes participaron de las obras, los representantes legales, los sueldos que se pagaron, la nómina del personal y otros detalles. Esto me parece que es el centro del problema, porque creemos que está lleno de testaferros y cosas que no están claras”, afirmó el vecino.
El punto al que hace referencia el impulsor de la acción está referido a la integración de la planta laboral de la Comuna. “Ahí seguramente se podrá comprobar que en lugar de bajar la cantidad de empleados, esta gestión los ha incrementado entre 300 y 400 personas. No sabemos hasta el momento cuáles son sus funciones y cuánto perciben de salario”, cuestionó.
Para Sosa, las instancias judiciales estarían agotadas, por lo que de no cumplir con las disposiciones indicadas, la Comuna sería pasible de multas. “Nosotros podemos iniciar una causa penal al igual que el Juzgado V por desobediencia y otra cosa que puede pasar es que la justicia designe a una persona que se presente al Municipio para pedir la información acompañada por personal de seguridad, a modo de allanamiento”, planteó.
