El pasado 19 de mayo, la Cámara de diputados bonaerense dio media sanción al proyecto de adhesión a la Ley nacional 27.348 que reforma el sistema de riesgos del trabajo y que fue impulsada por el Gobierno Nacional para frenar lo que sus voceros describieron como ‘la industria del juicio’. Cabe recordar que fue en enero cuando el Gobierno decretó la modificación en el régimen de Aseguradoras de Riesgo de Trabajo (ART) fijando nuevos procedimientos para reclamar ante las aseguradoras y las empresas en caso de accidente o enfermedad laboral.
Desde el momento en que los diputados provinciales dieron el visto bueno a norma, el debate acerca de los beneficios o complicaciones que puede generar en la economía y en particular en el mundo laboral, se encendió.
Buena parte de la controversia del proyecto, que espera tratamiento en el Senado bonaerense, tiene que ver con el punto que fija la intervención de las Comisiones Médicas como paso previo y obligatorio a las que el trabajador debe someterse antes de dar comienzo a cualquier juicio por accidente laboral o una enfermedad profesional.
El Colegio de Abogados de la Provincia rechazó la nueva ley de riesgos del trabajo por considerarla ‘inconstitucional’. Una de las críticas fundamentales, expresada a través de documentos que hicieron públicos en las últimas semanas, es que, de aprobarse la norma, «se cederían facultades legislativas y jurisdiccionales a las Comisiones Médicas, que constituyen organismos administrativos de tercer orden y dependientes del Poder Ejecutivo Nacional, violentando así el artículo 15 de la Constitución Provincial que asegura la tutela judicial continua y efectiva y el acceso irrestricto a la justicia y el artículo 39 de Nuestra Carta Magna que ordena a la Provincia fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones del empleador y ejercer en forma indelegable el poder de policía en materia laboral».
En otra vereda, la Unión Industrial del Gran La Plata sentó su postura a través de un comunicado, aludiendo a ‘los beneficios que la nueva ley otorgará a los trabajadores afectados y a las pymes’. En este sentido, la UIGLP condenó el rechazo por parte del Colegio de Abogados, entendiendo que obedece al objetivo de ‘continuar defendiendo sus intereses a través de la industria del juicio’. A la vez, pidió a los senadores que se expidan a favor de la reforma, para que entre en vigencia luego de su promulgación.
Repercusiones a nivel nacional
En el marco del debate por la adhesión provincial a la nueva ley que reforma el sistema de riesgos de trabajo, el presidente Mauricio Macri se refirió a la temática en una intervención que dio que hablar. En conferencia de prensa, el mandatario insistió en denunciar la existencia de una ‘industria del juicio’ y apuntó directamente contra el diputado del FPV, Héctor Recalde, al que acusó de liderar ‘la mafia de los juicios laborales’. En este sentido, el jefe de Estado cargó las tintas contra abogados y jueces laboralistas asegurando que existe un grupo que ‘arma causas contra empresas destruyendo así generación de empleo futuro’.
